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Según información publicada por el periodista Jesús Aranda en La Jornada, el proyecto de acuerdo general que discutirán posiblemente el lunes entrante los ministros del máximo tribunal del país pretende evitar que las comisiones investigadoras de presuntas violaciones graves a las garantías individuales se “autorregulen” o actoen más allá de los límites que establezca el pleno.

Así, la nueva reglamentación en el pleno tendrá más control sobre las averiguaciones de los comisionados, pero también habrá la posibilidad de que el máximo tribunal formalice peticiones de apoyo a las autoridades para el buen desarrollo de las indagatorias; un caso concreto sería la autorización para poder intervenir los teléfonos de los funcionarios bajo sospecha.

También se espera que tenga lugar una intensa discusión de la propuesta elaborada por la Comisión de Acuerdos Generales y Reglamentos –en la que participan Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela–, que plantea que las comisiones realicen “actos administrativos” y que las investigaciones que realice el ministro instructor se limiten sólo a narrar “hechos”, para que posteriormente el pleno nombre a otro ministro que determine si efectivamente hubo o no violación grave de garantías individuales.

Según la propuesta, se trata de que los comisionados que conozcan en primera instancia un asunto actoen en una fase de recopilación de información y datos “duros”, y que sólo después de que el pleno dé su aval se pase a una segunda fase de la investigación.

La idea principal del proyecto es evitar que se repita lo sucedido con el caso Lydia Cacho, cuando el ministro instructor Juan N. Silva Meza concluyó que el gobernador de Puebla, Mario Marín, violó gravemente las garantías individuales de la periodista.

El problema, según las fuentes consultadas, es que el ministro estableció “sus propias reglas” y una metodología que “se volvió” más bien en una investigación judicial, con todo lo que ello conlleva.

Por eso, dicho acuerdo general plantea que se fijen lineamientos para que todas las comisiones actoen de una manera homogénea, que se garantice que un proceso de averiguación en el que el comisionado no vaya “más allá” de la tarea encomendada y que no se convierta el asunto en un proceso judicial.