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Puebla > Ecología
viernes 10 de agosto de 2007

Investigan la PGR y la Profepa al alcalde de Vicente Guerrero por tala clandestina

Martín Hernández Alcántara

La madrugada del pasado 31 de julio, la PGR encabezó una inspección a la zona forestal que abarca a la comunidad de Azumbilla y el municipio de Nicolás Bravo, en los límites con el estado de Veracruz. En la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, las policías Judicial y Estatal Preventiva (PEP), la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Sema).

Las autoridades detectaron dos aserraderos clandestinos en un paraje conocido como Rancho Cabras. En un boletín emitido ese día por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad Estatal, se consignó que la propiedad de dichas transformadoras de madera pertenecían “a una persona de nombre Juan Romero Huerta”.

Las dependencias también incautaron en esa ocasión 120 metros cúbicos de madera en dos bodegas ubicadas en la ciudad de Tehuacán: una en la 25 Poniente 839, de la colonia Santa Ana Coapa, y otra en la 9 Sur y la 9 Oriente. Este último local estaba rotulado con leyendas que lo presentaban como una ferretería.

Ayer, la delegación de la Profepa en Puebla confirmó que realiza indagatorias sobre el edil de Vicente Guerrero, pues su nombre coincide con el del supuesto propietario de aserraderos ilícitos.

Fuentes de la PGR confirmaron, además, que desde julio de 2005 inició pesquisas sobre el alcalde, afiliado al Partido Revolucionario Institucional, porque se sospecha que ha tomado parte en la tala clandestina que se perpetra en esa zona de la Sierra Negra y que las dos bodegas descubiertas el 31 de julio podrían formar parte de la cadena de tráfico ilegal de madera en la que participaría el presidente municipal.

Las familias

Otras fuentes oficiales dijeron que la madera clandestina obtenida de la Sierra Negra podría estar almacenada en 15 bodegas ubicadas en los municipios de Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, algunas de las cuales pertenecen al presidente municipal del primer lugar, Juan Romero Huerta, a Jerónimo Hernández, Celiseo Domínguez, y a las familias Hernández Huerta, Hernández Montiel, Cid Cid, Tepole y los hermanos Téllez, de Rancho Cabras, quienes tienen los permisos de aprovechamiento forestal que en realidad les servirían para cubrir la sobreexplotación de árboles. El producto es comercializado en el valle de Tehuacán, la ciudad de Puebla, Veracruz y el DF.

Para explotar un bosque es necesario contar con un permiso que debe solicitar el interesado, dueño de las tierras, a fin de que la Sema designe a un técnico forestal, quien hace el estudio del suelo para avalar los metros cuadrados sobre los que se puede trabajar.

Una segunda anuencia es la que se libera para el transporte de la madera, conocida con el término de “remisión”, y es sumamente codiciada por los dueños de madererías y aserraderos, pues con ese documento se logra “sacar cualquier cantidad de madera para su comercialización, de tal forma que tan sólo de esta región se vende el producto a madererías de Tehuacán, Puebla, Veracruz y hasta el DF, aunque varias de esas empresas son propiedad de las familias que tienen sus aserraderos, que no rebasan el número de 12, en Nicolás Bravo y Vicente Guerrero”, agregaron las fuentes.

Las fuentes añadieron que el alcalde de Vicente Guerrero y su homólogo de Nicolás Bravo, Pedro Tepole Hernández, son socios, pues el primero “es un gran explotador de los bosques”, y el segundo le brinda “el servicio de transporte para la mercancía ilegal”.

“Soy inocente”

Las investigaciones sobre Romero Huerta fueron propiciadas por el enfrentamiento que un grupo de pobladores de Vicente Guerrero, aparentemente azuzado por taladores clandestinos, tuvo hace dos años, el 20 de julio, con elementos de la PEP, que instalaron retenes en la entrada al bosque para revisar los cargamentos que de ahí salían.

Dos campesinos heridos de bala, un uniformado lesionado con machete y otro con golpes severos, 30 efectivos de la Policía Estatal Preventiva, tres funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Rural y un par de la Sema, además de daños a siete patrullas, fue el saldo de la confrontación.

En las horas posteriores al incidente, el gobierno del estado filtró a varios medios de información la especie de que el alcalde de Vicente Guerrero era el protector de los depredadores forestales. El munícipe se defendió en una entrevista con La Jornada de Oriente publicada el 22 de julio de 2005, diciendo: “Yo no tengo compromiso con ninguno, no estoy involucrado con talamontes, lo desmiento definitivamente, es un engaño, una mentira para perjudicarme”. Luego, aseguró que las acusaciones en su contra era una artimaña política alentada por líderes del Partido Acción Nacional en su municipio para de esa manera desprestigiarlo.