EDITORIAL

FALTA DE VIGILANCIA DEL COBRO DE COLEGIATURAS

Pese a que el 8 por ciento de los alumnos de los niveles básico y medio superior del estado de Puebla y el 40 por ciento del grado superior acuden a escuelas privadas, nadie regula cuánto deben cobrar estas instituciones. Ni la Secretaría de Educación Pública ni la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) establecen algún parámetro para fijar los montos de las colegiaturas.

Esta situación propicia una larga serie de abusos por parte de escuelas privadas, que establecen cobros bajo criterios que solamente conocen los directivos y que en la mayoría de los casos son ajenos a cuestiones de orden académico.

Supuestamente, la SEP dice que solamente vigila que se cumplan con aspectos académicos en este tipo de instituciones, lo cual es relativo, ya que, por ejemplo, en la mayoría de las universidades privadas se permite impartir clases a profesores sin contar con la preparación para ello. Y para nadie es un secreto que en muchos planteles de los niveles básicos lo que importa es el pago de colegiaturas para que los alumnos puedan aprobar un curso, y no tanto su desempeño escolar.

Sería injusto y alejado de la realidad afirmar que esto ocurre en todas las escuelas privadas. Sobre todo cuando existen colegios particulares que en ocasiones ofrecen mejor educación que los planteles públicos. Sin embargo, la desatención de la SEP y la Profeco de lo que pasa en este ámbito permite que queden impunes abusos o arbitrariedades, y muchos padres de familia queden en la indefensión.

Y además, que la educación sea vista como un simple negocio regulado por la oferta y la demanda, y no como una parte esencial del desarrollo humano y de la sociedad en su conjunto.