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En la imagen, policias desalojan a periodistas que minutos antes había entrevistado a un funcionario que había denunciado irregularidades en la Comisión Federal de Electricidad / Foto: Rafael García Otero

Pero además acusó de gastos onerosos a manos del directivo de la empresa estatal al ordenar éste una remodelación del edificio divisional –ubicado en la calle 25 Poniente número 1515–, que incluyó la compra de mobiliario de lujo para amueblar la oficina principal –menaje que jamás se observó, mientras estuvo a cargo el anterior gerente de la CFE–, y cuyo gastó aproximado alcanzó los 12 millones de pesos, a pesar de que cinco años antes se había ya intervenido el edificio, y al ordenar la creación de un estacionamiento vip exclusivo para funcionarios de primer nivel.

La denuncia al parecer cimbró el edificio divisional en el estado, pues provocó la movilización del personal de seguridad, que se presentó armado para desalojar a los representantes de los medios de comunicación presentes.

El encargado de la seguridad obligó a los reporteros a abandonar la oficina donde De Pascual exponía su caso, primero señalando la salida y al final mandándolos “a la chingada”, al tiempo que una valla de cinco policías armados evitaba que los reporteros desviaran el camino a la salida.

Eliseo Ramos prefirió guardar silencio ante las acusaciones y envió primero a su vocera, Ángeles Garzón, a enfrentar a los reporteros. La jefa de prensa aseguró que el funcionario de marras no estaba presente en aquel momento para ofrecer una postura, a pesar de que minutos antes había sido visto por los pocos reporteros que lograron evadir el cerco de seguridad.

A pesar de la insistencia la respuesta oficial nunca llegó. La pasarela de funcionarios a los que se convocó para dar una postura oficial se limitó a señalar que no habría un pronunciamiento en tanto se desconocía la demanda presentada y que no se tenía conocimiento de investigaciones previas.

Al parecer nadie sabía nada, ni la vocera ni Laura Reyes Bravo, encargada de asuntos administrativos y amparos en la CFE, a quien le dejaron el paquete de asegurar que se desconocía la denuncia; ni Antonio Pérez, trabajador de la Contraloría interna, quien tampoco pudo adelantar si existían denuncias previas.

La denuncia

En su denuncia, cuya copia está en poder de La Jornada de Oriente, De Pascual –quien actualmente goza de un permiso por problemas de salud– enumera, explica y justifica de acuerdo con la normativa interna todas las irregularidades que se han presentado en la paraestatal desde la llegada de Jesús Eliseo Ramos en 2005.

En el documento se acusa de gastos millonarios para la realización de actos en las diferentes zonas de distribución en las que se divide al estado, que no estaban programados ni presupuestados, también se señala el “acarreo” de personal para un “lucimiento eminentemente personal” y el uso del helicóptero. Ahí el demandante se pide al organismo interno investigar también los gastos asignados cómo “comidas de trabajo” que se han usado discrecionalmente con la complacencia de la administradora María del Rocío Reyes.

También se asegura que desde la llegada de la nueva gerencia se impuso en puestos de confianza a gente cercana a Eliseo Ramos, como sucedió cuando la subgerencia de trabajos y servicios administrativos quedó vacante luego de la jubilación del anterior responsable.

“El puesto ya se había sacado a concurso en la administración anterior, los interesados tuvieron que cubrir el perfil del puesto, presentar un examen psicométrico y de conocimientos. En marzo de 2004 se decidió entre todos los aspirantes que fuera Cesáreo Mora Gutiérrez el nuevo subgerente, pero con la llegada Jesús Eliseo el funcionario impuso a Jorge Díaz Reyes como rector de la Universidad Tecnológica de la CFE en la División Sureste, de donde provenía también el nuevo gerente”.

La situación se repitió en otros puestos también del área laboral, en donde se impuso a Elizabeth Verónica Camacho y a Andrés Cuautle Gutiérrez como especialistas en derecho laboral y penal, respectivamente, sin que tener la preparación necesaria.

“(El denunciado) realizó más de 150 cambios entre el personal de confianza; es decir, que movió a más de la mitad de estos –el total de trabajadores de confianza es de 250 puestos–, e implicó al cambio de áreas y de residencia, sin que se les pagara ni remunerara tal como lo marca el contrato colectivo, fueron despedidos muchos trabajadores por exigir sus derechos, la demandas se han triplicado desde la llegada de Eliseo Ramos, en este momento se tienen 120 demandas aproximadamente que nosotros le llamamos de conflicto, cuando usualmente nos llegaban 40”.

Dijo que motivados por las violaciones a los derechos laborales por parte de la gerencia la dirigencia nacional del Sindicato “nico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) exigió una investigación de orden laboral.

Y explicó: “Muchas personas se han visto perseguidas y hostigadas, lo que derivó en un rompimiento en las relaciones laborales entre empresa y sindicato, y ocasionó que el coordinador general del sindicato, Víctor Manuel Carretero, se viera obligado a presentar una denuncia ante autoridades nacionales, directamente ante la dirección y subdirección de distribución y ante el comité nacional del SUTERM. En respuesta, el propio subdirector Abel Valdez Campoy se presentó a investigar las denuncias”.

Como resultado de la investigación, “la gerencia aceptó y firmó los acuerdos correspondientes en donde se reconoce la violación de los derechos de los sindicalizados y la inclusión a un sinfín de trabajadores de confianza sin realizar los convenios mixtos de productividad a nivel regional como está previsto”.