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Puebla > Estado
lunes 16 de julio de 2007

SEMINARIO PUEBLA
de análisis político

 

Presentación

Con esta colaboración presentamos con mucho entusiasmo a la opinión pública un esfuerzo académico colectivo para pensar, reflexionar y dilucidar, esencialmente desde la ciencia política, la realidad local, nacional e internacional que nos interpela y nos exige algún tipo de praxis. Este esfuerzo reúne analistas políticos de la BUAP, la UPAEP, la UDLA y la UIA bajo el membrete de “Seminario Puebla de Análisis Político”. La publicación es el resultado de un escrito de un ponente que es discutido, debatido y retroalimentado por el resto de los seminaristas, quienes a su vez colaboran con escritos a manera de réplica o comentarios a la ponencia. Es un ejercicio mensual, y agradecemos la hospitalidad generosa de las páginas de este diario, que ha creído en este proyecto de hacer posible análisis de coyuntura sin filias ni fobias, sólo bajo los auspicios de una búsqueda permanente por la democratización de nuestro país.

Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo de la Universidad Iberoamericana Puebla

 

 

Rendición de cuentas y nueva institucionalidad

Víctor Reynoso
Udla

De los diversos temas que se han discutido sobre las nuevas democracias resalta la distinción entre rendición de cuentas vertical y horizontal. Mientras que en las viejas democracias ambas formas se han consolidado, en las nuevas se ha avanzado en la vertical pero la horizontal deja mucho que desear. Para el caso de México, si la primera estuvo en el centro de la agenda a fines del siglo XX, a principios del siglo XXI ese lugar lo ha ocupado la rendición de cuentas horizontal. La reciente actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a gobiernos estatales es un importante ejemplo de esto.

La rendición de cuentas vertical es la realización de elecciones libres, con competencia y periódicas. Es una forma de vincular a los políticos con la sociedad. En parte, es un mecanismo poderoso, pues puede llevar a que un mal político o su partido pierdan el poder a la hora de someterse al juicio de las urnas. Pero es también un mecanismo muy burdo e imperfecto, por varias razones. La población no puede contar con la información completa sobre el desempeño de los políticos que se va a juzgar en la elección. Además, en una sola decisión, votar por un partido o candidato, se tienen que resumir una serie de valoraciones complejas y a veces contradictorias: el perfil general de cada partido, sus propuestas programáticas, el desempeño de sus políticos, así como el perfil de cada candidato.

Por eso el mecanismo electoral debe complementarse con la rendición de cuentas horizontal, que se da entre diversas instituciones del régimen democrático. éste es el sentido de la división de poderes y de todo sistema de balances y contrapesos. No sólo se trata de evitar que el poder se concentre y que nos lleve al despotismo. Sino de tener un sistema de incentivos para lograr que las diversas instituciones políticas actoen en beneficio del interés público y no de intereses privados, o que simplemente se vuelvan ineficientes.

Esta es una de las aristas de la nueva etapa que vive nuestra Suprema Corte. Durante décadas no se inmiscuyó en cuestiones políticas. Por un lado esta exclusión fue una forma de protección, para evitar su desgaste al resolver disputas donde hay poderosos intereses implicados. Por otro, fue una expresión del sistema presidencialista mexicano en tiempos del sistema hegemónico, que concentró la resolución de los problemas políticos en la presidencia de la República y privilegió la solución discrecional y política de los conflictos por encima de las soluciones legales.

Pero los tiempos de ese presidencialismo ya se fueron y no se ve fácil ni deseable que vuelvan. Muchas de las atribuciones que antes tenía de forma discrecional el presidente se han distribuido entre diversas instituciones del Estado mexicano. Entre ellas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su reciente resolución sobre la legislación de medios de comunicación significó un importante triunfo del interés público sobre los intereses privados. Pero este logro tiene también sus costos. Al afectar intereses poderosos, las instituciones se fortalecen, pero también se desgastan. Se enfrenta un dilema, fundamental para el principal órgano de nuestro Poder Judicial: si lo ponemos a resolver cualquier problema político, va a acabar desgastándose y perdiendo eficacia en la rendición de cuentas horizontal.

Esto debe considerarse en el tratamiento de los casos de los gobiernos locales de Puebla y de Oaxaca. Por un lado, la intervención de la Suprema Corte en ello significaría un importante mecanismo de rendición de cuentas horizontal. Complementaría el mecanismo de elecciones libres y periódicas, necesario pero insuficiente. Y al mismo tiempo sometería, ha sometido ya, a la Corte a un desgaste político que puede mellar su legitimidad. Sobre todo en el marco de una cultura política que sospecha, por decir lo menos, de cualquier decisión de la autoridad.

La interpretación legal de la atribución legal para investigar este tipo de casos no es simple ni clara. La Constitución señala en su artículo 97 que la Suprema Corte podrá averiguar “algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual”. Pero no siempre es claro cuando dicha violación es grave o no. La decisión de los ministros sentará un importante precedente para casos futuros. Algunos quisieran ver a este órgano protegido de las decisiones políticas difíciles, para que pudiera funcionar con legitimidad en otros casos. Otros, por el contrario, creen que la importancia de ciertas cuestiones políticas exige que la Suprema Corte intervenga en ellos. De lo que decidan los ministros se irá perfilando el nuevo carácter de nuestro Poder Judicial.

Un indicador de los malos viejos tiempos sería un intercambio entre intereses partidarios al margen de toda consideración jurídica. Que se dejara de lado cualquier sanción posible a cambio del apoyo a una reforma legislativa, como se ha venido sugiriendo. Lo que sería explicable desde los intereses fácticos de los partidos, pero lamentable desde la perspectiva de nuestra vida institucional. Y no es que se esté en contra de las negociaciones políticas. Así como toda relación de mercado es una relación de compraventa, el considerar que el mercado es un mecanismo más eficiente que otros en la asignación de recursos no implica que se apruebe toda compra venta, la prostitución infantil, por ejemplo. Así tampoco el considerar que la negociación es parte fundamental de la actividad política no implica valorar positivamente cualquier negociación. La mencionada, resolver una recomendación judicial hacia un gobernador en función no de sí misma, sino del apoyo a una reforma que nada tiene que ver con el caso, sería la clara manifestación de que no tenemos en México los mecanismos necesarios de rendición de cuentas horizontal.

 

José Ojeda Bustamante
UIA P

La complementación de los dos esquemas de rendición de cuentas nos llevaría al esquema ideal para la democratización de las instituciones y, más aun, de la ciudadanía.

Sin embargo, ese esquema ideal no solamente necesita un marco institucional de rendición de cuentas, se necesita congruencia y ética de nuestros actores políticos al frente de las instituciones, no basta un marco donde tengamos tres poderes autónomos, en papel; donde a nivel federal, estatal y municipal se sigan reproduciendo esquemas de privilegiar intereses por encima de la ley. Esto conllevan a vulnerar las instituciones, solo basta dar un vistazo a nuestra realidad política y social nacional, sobre todo a la que ya esta en el ojo del huracán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien ahora no solo tendrá que resolver los casos de índole judicial, ahora también los generados en el ámbito político ¿Qué tanto podrá aguantar la SCJN, al ser la institución que resuelva las controversias que la polarización política en nuestro país esta generado?

Hoy nos encontramos en el dilema –dijeran en el Senado de la República– de la reforma del estado, una autoevaluación de los actores políticos de nuestro país, de que se necesita revalorar para reconstruir las instituciones, bajo el principio de rendición de cuentas y no solo de transparencia mediática.

 

José Alejandro Guillén Reyes
UPAEP

Con respecto a la rendición de cuentas vertical, además de ser un mecanismo “muy burdo e imperfecto” por las razones descritas por Víctor, creo que para el caso de México tenemos una tarea pendiente: ¿Cuáles fueron los saldos de la campaña y la elección federal de 2006? A los adjetivos “burdo” e “imperfecto” ¿habría que agregar “regresivo”? Después del sismo político ¿cuál es el estado del edificio institucional electoral? ¿Hay daños estructurales? La credibilidad –cimiento principal– ¿en qué medida está dañada? ¿Hay que reconstruirla?

Por otro lado, si bien es cierto que hay avances en la rendición de cuentas en sentido vertical, estos se aprecian en los cargos de elección popular, no así en el poder judicial. Por su propia naturaleza, es evidente que no está sujeto a la mecánica electoral. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la cabeza más visible y ha asumido un papel protagónico por los casos mencionados en el artículo. Pero ¿está ocurriendo lo mismo con el resto del aparato judicial? Por ejemplo, ¿Qué está pasando con el Poder Judicial en los Estados? ¿Están en la misma sintonía? Creo que no. Es altamente probable que en algunos estados de la República se ha reproducido, en sus respectivos confines, el viejo sistema político: el Poder Judicial se encuentra sujeto al Poder Ejecutivo, y no al Estado de Derecho.