No existe garantía de medicamentos para el seguro popular: autoridades

Atlixco– Mientras el titular del seguro popular, Daniel Karma Toumeh, admitió en las primeras horas de este miércoles, ante la Comisión de Salud de la actual legislatura federal, que a cuatro años de instrumentarse el programa no está garantizado en la República el abasto de medicamentos a las familias empadronadas, un grupo de habitantes de dicho municipio, incluidos en ese plan oficial, aumentó su incertidumbre por el futuro de una salida considerada como una verdadera “protección” de cara a su desamparo social en ese rubro

Ayer miércoles, algunas oficinas de enlace de los diputados poblanos comenzaron a difundir las primeras versiones relacionadas con la comparencia de Karma Toumeh, en donde se destacó que tampoco existe un diagnóstico claro sobre el efecto que los recursos económicos otorgados a las entidades, dentro del seguro popular, tienen en los niveles de salud de los beneficiados. El motivo, según datos oficiales, no contar con un esquema de supervisión.

El funcionario habría reconocido que el sistema de credencialización no obtuvo los resultados esperados y por eso pidió que los órganos fiscalizadores revisen las acciones no sólo de la administración anterior, sino también de la actual.

Karam Toumeh habló de la existencia de un rezago en infraestructura hospitalaria porque a pesar de que la capacidad creció, ésta no sufrió alza al mismo ritmo de la demanda del servicio. “Además, son evidentes las fallas en los procesos de las entidades federativas, ya que una vez que reciben los recursos económicos del gobierno federal, tardan en distribuirlos a las unidades médicas”.

Agregó en la comparecencia que los diseños para licitar, distribuir y surtir de medicamentos llevados a cabo en los diferentes estados no son uniformes y presentan ineficiencias que terminan por afectar a la población”.

“Seguro que no”

De acuerdo con los referentes oficiales y recientes del gobierno de Mario Marín, en Puebla más de un millón de personas de escasos recursos está ya incorporado al seguro popular. Para el caso de Atlixco, Eduardo Pérez Jardines, integrante de la dirección de comunicación social de la Comuna, dijo a este diario que de los más de 120 mil habitantes del municipio, el 65 por ciento (unos 75 mil) alcanzan cobertura médica a través de la secretaría de Salud en el estado.

De ese universo del 65 por ciento señalado, añadió, nueve de cada 10 están incluidos precisamente en el seguro popular, y el 35 por ciento restante está arropado por otras instancias o instituciones sociales. De hecho, en el módulo colocado en los primeros meses de 2007 dentro de las instalaciones de Palacio Municipal, más de 400 personas solicitaron su ingreso en busca de de recibir atención médica de primer, segundo y tercer nivel.

“A los aspirantes se le realiza un estudio socioeconómico para determinar el pago o no de una cuota. De hecho, las personas con alguna discapacidad física, de la tercera edad y jóvenes quedan libres de cobro”.

Cabe mencionar que la llegada a Atlixco de ese plan ocurrió en medio de la efervescencia política y electoral de este año. Primero, el diputado local y aspirante a la alcaldía por el PRI Álvaro Morales, surgió como el único ‘responsable’ de los registros, y emprendió una campaña mediática para festinarlo.

Muy poco duró el gusto al militante del tricolor porque desde las altas oficinas de la Comuna, el regidor de Salud, un panista radical, Carlos Espinosa Ramírez, saltó para decirle a los habitantes interesados que se trataba de una estrategia del entonces presidente Vicente Fox Quesada, del gobierno federal y, en consecuencia, nadie tenía derecho a apropiarse de los beneficios. Y que la entrega de credenciales sería en el patio de palacio y no en las oficinas del legislador.

Lejos de esas disputas partidistas apareció la realidad del seguro popular. Empadronados en esa tarea de las autoridades de los tres niveles, acusaron la falta de medicamentos y de personal en algunas clínicas de comunidades rurales y colonias marginadas de Atlixco, pero sobre todo, mostraron indignación por un posible engaño.

“Según hemos averiguado, el gobierno federal contribuye con un subsidio de 2 mil 800 pesos anuales por familia para el seguro popular. En este sentido, las cuotas de recuperación representan la fuente más importante de fondos para las secretarías estatales, y en algunos casos para las jurisdicciones, los hospitales y los centros de salud”, platicó Javier Rosales, un médico residente oriundo de León, Guanajuato, y quien atiende los fines de semana una pequeña casa de salud en el municipio.

Sería interesante estudiar, dijo durante una breve charla con este diario, si el seguro popular es la forma más eficiente de ampliar la cobertura, pues tiene un costo administrativo elevado y 94 por ciento de las familias afiliadas está exento del pago de cuotas debido a su nivel de pobreza.

“Este proyecto hizo mucho más difícil, por no decir imposible, que México descentralice sus servicios de salud en un futuro más o menos próximo. Y muchos colegas piensan, de acuerdo con su experiencia cotidiana, que el país quizá no tiene los recursos necesarios para poner en marcha el seguro popular, y tampoco la capacidad logística, y en consecuencia, no pasará de ser un experimento más en nuestra historia, pero muy costoso en dinero”, sentenció.

El seguro popular es una iniciativa impulsada por la Secretaría de Salud fundamentada en la protección financiera de un grupo de la población mexicana tradicionalmente excluida de los programas sociales. “Estudios realizados en nuestro país indican que hasta el año 2004, aproximadamente el 50 por ciento de los habitantes de la República Mexicana no tenía acceso a servicios de ese tipo, proveniente de sus condiciones de trabajo y de vida como son los obreros independientes, los pequeños comerciantes, las amas de casa, los ejidatarios, comuneros y desempleados”, explicó Daniel Karma a los legisladores.

Y finalizó: “También podemos hablar de los logros del seguro popular, como por ejemplo, las más de 40 millones de consultas; los 350 mil partos y las 108 mil cirugías atendidas, la ayuda a mil 705 niños con leucemia y las 5 mil mujeres con cáncer cérvicouterino y los 5 mil 243 menores que requirieron cuidados especiales”. (Miguel Ángel Domínguez Ríos)