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Puebla > Política
miércoles 27 de junio de 2007

Celebra el gobierno de Marín posibilidad de que el mandatario tenga derecho a audiencia

Martín Hernández y Josué Mota

La administración que encabeza Mario Marín celebró que el gobernador y el resto de los funcionarios investigados por su presunta confabulación en contra de la periodista Lydia Cacho Ribeiro tengan la posibilidad de una audiencia para defenderse de las imputaciones que se les hicieron en el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la comisión especial designada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para efectuar las pesquisas.


López Zavala consideró que la Corte cumplirá con un principio elemental del Derecho: el de ser escuchado antes de ser vencido en un juicio / Foto: Rafael García Otero

Fue el secretario de Gobernación, Javier López Zavala, quien fijo la postura del Poder Ejecutivo. En una rueda de prensa que ofreció este martes, aproximadamente una hora después de que el máximo tribunal del país terminó su sesión, consideró que la Corte cumplirá con un principio elemental del Derecho: el de ser escuchado antes de ser vencido en un juicio.
López Zavala, quien según el dictamen propuesto por Silva Meza, también participó en la conjura contra la autora de Los Demonios del Edén, aseguró que en ningún momento atentó contra las garantías de la informadora, y aunque admitió que ante la comisión especial confesó haber tenido pláticas con Kamel Nacif Borge –promotor de la causa penal por difamación y calumnias contra Cacho que la llevó al Centro de Readaptación Social de Puebla con el concurso de las autoridades locales– aseguró que en ningún momento hablaron sobre la periodista Lydia Cacho.
El motivo original de la conferencia para medios convocada por López fue el de informar los pormenores de las negociaciones que lleva a cabo con los líderes de los policías estatales que permanecen en paro desde hace una semana, pero los periodistas le preguntaron por el tema obvio: su inclusión en el dictamen de Silva Meza como uno de los ejecutores de las vejaciones hacia Cacho.
El encargado de la política interior dijo estar tranquilo con el aplazamiento decidido por la SCJN, y hasta deslizó una broma sobre su estado de ánimo: “¿Qué no ven qué sonriente estoy?”, inquirió a los reporteros que lo cuestionaban.
Otro que se deslindó de cualquier responsabilidad en los atentados contra Lydia Cacho fue el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Gutiérrez, quien también fue señalado como confabulado en el dictamen presentado por el ministro Silva Meza a la Corte.
“No tengo nada que ver, desconozco el tema totalmente, y nunca estuve presente. La verdad no tengo idea, pero hay un consejero jurídico, y cualquier acción a tomar, él la comentará” (sic), expresó el funcionario estatal en una breve entrevista vía telefónica.

Marín, ausente

El gobernador Mario Marín Torres suspendió este martes dos actos públicos que tenía programados en la capital: la inauguración de la feria del empleo y un foro sobre adicciones convocado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, reincidiendo así en la conducta evasiva que exhibió durante casi tres meses, después del 14 de febrero de 2006, cuando La Jornada publicó un diálogo suyo con Kamel Nacif Borge en el que ambos afinan detalles sobre las vejaciones a Lydia Cacho.
La conducta del mandatario llamó la atención porque el 18 de junio pasado, cuando La Jornada y otros periódicos editados en la capital del país adelantaron el contenido del dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, el portal electrónico de la Dirección de Comunicación Social del Poder Ejecutivo anunció que el gobernador y los demás funcionarios de su administración hablarían sobre el caso hasta que la SCJN definiera la suerte del dictamen.
Las oficinas de Casa Aguayo, sede del gobierno marinista, tuvieron ayer una intensa actividad consultando internet, pues en muchas computadoras adquiridas con presupuesto del erario para trabajos de servicio público, los empleados del gobierno siguieron durante tres horas los pormenores de la sesión del máximo tribunal del país a través de su página electrónica.