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El fin de semana se llevó a cabo la Primera Caravana de Monitoreo Ambiental de Puebla y Tlaxcala, la cual reunió a integrantes de 27 organizaciones no gubernamentales, a investigadores y académicos, además de unos 600 pobladores de comunidades de ambos estados que presentaron denuncias acerca del deterioro ambiental que sufren.

Pese a que todavía no se conocen los resultados de las muestras de agua y tierra que levantaron los investigadores, el panorama que encontraron los participantes de la caravana es que en la región examinada se viven problemas severos de contaminación.

Esta visión pone en evidencia que ni en el pasado ni en el presente han funcionado las políticas públicas puestas en marcha por los tres niveles de gobierno, pero en especial las del Poder Ejecutivo federal para frenar el deterioro ambiental, el cual lo mismo afecta negativamente al agua, la tierra y la calidad del aire.

A las autoridades les ha faltado capacidad, y en muchas ocasiones voluntad política, para impulsar un desarrollo sustentable mediante el cual se pueda regular el crecimiento urbano e industrial, pero sin dañar los ecosistemas. La actitud de las autoridades ha sido privilegiar el concreto por encima de los bosques, lagunas y ríos, sin importar el daño que en el presente y el futuro se provocará a la salud de la población en general de Puebla y el centro del país.

Dicha actitud de los gobiernos es resultado también del modelo económico que priva en el cual se privilegia al inversionista y se le permite, que con toda impunidad, destruya al medio ambiente a cambio de obtener ganancias. Mientras esto no cambie, de nada servirán que se creen programas y legislaciones para atender el problema ecológico.