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La empresa, que lleva el nombre de su propietario, Julio León Báez Moreno, fue denunciada ante la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) y ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sin que estas dependencias federales hayan hecho algo al respecto, a decir de los propios denunciantes.
La recicladora ni siquiera cuenta con permiso de uso de suelo por parte del ayuntamiento de Puebla, a pesar que está en una zona urbana residencial altamente poblada.
Así lo manifestó Lucila Torres Solano, integrante de la asociación civil “Vida y Estilo” de la colonia El Salvador, quien agregó que a raíz de la inspección que hizo Profepa a la empresa, ésta dejó de trabajar por las mañanas para hacer más intensa su actividad por las noches.
Agregó que Julio León Báez Moreno tira sus desechos en el drenaje sanitario de la colonia, por lo que alrededor de las 9 de la noche a las 4 de la madrugada respiran olores fétidos y tóxicos. Incluso se han visto en la necesidad de llamar al cuerpo de bomberos ante el riesgo de una explosión en el drenaje.
A pesar de ser la colonia más grande del municipio de Puebla, es una de las más pobres. De acuerdo con el censo del año 2000 del INEGI, El Salvador tiene una población de 11 mil 300 habitantes, de los cuales el 55 por ciento carece de acceso a algún servicio de seguridad social. No hay ni una clínica de salud, y al menos 6 mil 700 personas son analfabetas; el rezago educativo alcanza a más de 3 mil 600 habitantes.

Industria privilegiada

La recicladora está en la calle 10 Norte número 45, de la citada colonia. Casualmente, ésa es la única calle de todo El Salvador que tiene agua. Las demás manzanas tienen que conformarse con recibir unos cuantos chorros del líquido todos los jueves, por más gestiones que ha hecho la asociación civil ante el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla.
En entrevista, Torres Solano recordó que fueron los habitantes de la demarcación quienes cooperaron para pagar las obras de drenaje, y cuando llegó la empresa al lugar, en 1992, simplemente se conectó a la red en vez de crear su propio sistema de desagüe para residuos tóxicos, como lo establece la ley ambiental.
Unas 30 familias que habitan a un lado de la recicladora de Julio Báez ya comienzan a padecer las consecuencias de ser vecinas de la industria tóxica, pues presenta cuadros de males como hipertensión, problemas en el sistema nervioso, en los pulmones y ronchas en la piel. Algunos casos fueron dictaminados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuyos médicos señalaron que la empresa es la causante de los males. La Jornada de Oriente cuenta con copias de los dictámenes médicos.
Por esta razón, los vecinos exigieron a los tres niveles de gobierno que esta empresa salga inmediata y definitivamente de El Salvador, pues de lo contrario provocará una pandemia de proporciones mayores.
Compararon su caso con el de Santa Ana Xalmimilulco, donde está la empresa Ecotérmica; hace unas semanas, la exigencia de que saliera esa industria de ese lugar llevó a que la Policía Estatal reprimiera a los pobladores mediante el uso de la violencia.
A pesar que de que la recicladora fue revisada por la Profepa en 2003, y se encontraron serias irregularidades, la dependencia federal sólo multo a Julio Báez con mil 527 pesos, por haber cumplido fuera de tiempo con las observaciones que se hicieron durante la visita.
Sin embargo, los vecinos documentaron las irregularidades que sigue cometiendo esta industria: incumple con las Normas Oficiales Mexicanas 043ECOL1993; 052ECOL1993 y 085ECOL1994 para la emisión de gases contaminantes tóxicos y de origen fósil, y es que la empresa usa en sus procesos sosa cáustica, diversos tipos de ácidos y un metal venenoso, como es el mercurio.
Julio Báez no cuenta con la autorización ni con licencia de funcionamiento expedida por la Semarnat, lo que viola el artículo 111Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). Emite contaminantes a la atmósfera, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 113 de la LGEEPA, provocando males en la población como en el sistema respiratorio y mucosas nasales; irritación en ojos y piel; alteraciones en la sangre; agotamiento muscular; dolores de cabeza; náuseas; vómitos, e incluso abortos no deseados.
No cuenta con equipos y sistemas que controlen las emisiones contaminantes a la atmósfera. No tiene un inventario de sus emisiones, como lo establece el artículo 17, fracción II de la LGEEPA. Tampoco tiene plataformas, puertos de muestreo ni monitoreo ambiental; por lo tanto, carece de una bitácora que registre la operación y el mantenimiento de sus equipos.
No ha remitido a la Semarnat la cédula de operación que está obligada a presentar a la dependencia en febrero de cada año. Realiza combustiones a cielo abierto, y carece del permiso para ello; no está inscrita en el Registro de Generadores de Residuos Peligrosos, como lo establece el artículo 8 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Carece de autorización de la Semarnat para instalar y operar sistemas de recolección, almacenamiento, transporte, alojamiento, reuso, reciclaje, incineración y disposición final de residuos peligrosos como lo orden al artículo 10 de la ley. No ha presentado el plan de capacitación al personal, así como documentación que acredite a los responsables técnicos y carece de un plan para enfrentar contingencias y de protección civil, como lo establece el artículo 12.
Finalmente, no cuenta con el permiso de uso de suelo que expide la Secretaría de Administración Urbana del ayuntamiento de Puebla.