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No es la primera vez que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) formula una propuesta educativa que pretende incidir en las políticas públicas de la administración federal en turno. Ha sucedido así en otros momentos, tal y como lo ejemplificara con toda claridad el antecedente “10 propuestas para la mejora de la educación publica”, documento que si bien fue elaborado con una gran pulcritud académica, concluía en una petición constante de recursos monetarios para elevar sustancialmente los ingresos de los trabajadores de la educación, tal y como acontece ahora con la propuesta que el SNTE entregara por mano de la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) Elba Esther Gordillo Morales a Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Republica.

¿Resultado? del cuarto Congreso Nacional de Educación celebrado por la organización de trabajadores de la educación más importante de América Latina, la profesora de educación preescolar acostumbrada al uso y al abuso de la fuerza, señalaba al proponer ¿un cambio estructural? que “si no nos hacen caso, denunciaremos a la sociedad que nuestra propuesta está ahí y no permitiremos que nos sigan responsabilizando de algo que no es real” (Laura Poy Solano, La Jornada, 23 de junio).

Reseñado por los medios, el encuentro SNTE–Felipe Calderón refrenda y condiciona una alianza corporativa, denuncia vejaciones sufridas por la organización a manos de Josefina Vázquez Mota, acepta culpas por la reforma a la Ley del ISSSTE y descalifica a quienes miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) son sólo un puñado localizado de maestros, lanza la pelota educativa a manos institucionales responsables de la elaboración de políticas públicas en la materia y propone un pacto tripartito para, supuestamente, mejorar la maltrecha calidad del sistema educativo mexicano, y por supuesto, y de no obtener lo que exigen, excluye de responsabilidad a quienes laboran directamente frente a grupo.

Propone la elaboración de una norma mexicana para la calidad de la educación, la creación y uso de indicadores nacionales, asunto que de antemano presupone un desden para los contratados de manera internacional, propios de evaluaciones practicadas en nuestro país por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la creación de una comisión que revise el estado en el que se encuentran algunos instrumentos, como el de carrera magisterial, la obligatoriedad para que todos los mexicanos asistan y cursen 15 años de escolaridad, asunto que significa un mayor número de plazas para la organización y otros asuntos tan importantes como los mencionados.

Señala la enorme brecha existente entre la enseñanza en escuelas privada y públicas, como si la actitud de los maestros en las aulas fuera responsabilidad de “otros” y no resultado de su propio trabajo y como si fuese resultado de la diferencia salarial, inferior hasta en 14 veces, al de mentores de otros países.

Elaborar un diagnostico que refleja de manera dramática la circunstancia educativa que vive el país, señalar disposición al mismo tiempo que se ¿evidencia? una desproporción salarial de corte internacional y se responbiliza a quienes se encuentran en las calles del desastre educativo mientras los allegados a Elba Esther “se encuentran trabajando” justifica y predispone a la sociedad para los trabajadores de la educación continoen con una actitud que poco favorece a quienes utilizan sus servicios preparando el terreno para la ejecución de una nueva trampa sindical.