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Puebla > Estado
miércoles 20 de junio de 2007

ECONOMÍA A RETAZOS

Economía para la inclusión social

Jesús Rivera de la Rosa

La economía neoclásica, aún dominante a pesar de medio siglo de fracasos en términos del crecimiento económico, plantea como elemento central del análisis de la justicia, siguiendo a John Rawls, el de la exclusión social. De esta manera, las fallas del mercado, la información asimétrica o el desempleo involuntario tienen como común denominador la exclusión de grupos de personas de los beneficios de la participación en el mercado, del progreso económico. De aquí que lo pertinente sea la formulación de estrategias y políticas que promuevan la inclusión de dichos grupos marginados. Se trata, en el mejor de los casos, de una inclusión paternalista, manipulada, guiada por el objetivo de la rentabilidad del capital.

Sería el caso de los pobres, excluidos de los beneficios de tener un ingreso y una educación que les permita ser tomados en cuenta como capital humano, o de las mujeres, excluidas de los beneficios del mercado laboral en condiciones de igualdad con los varones, o de los indígenas, atrapados en costumbres arcaicas ancestrales que los marginan de la modernidad y del progreso.

Sin embargo, es posible y pertinente plantearse nuevas formas de ver las cosas, otros paradigmas como el de la economía para la inclusión social. Desde esta nueva perspectiva, cabe preguntarnos sobre lo que debería cambiar, tanto en el funcionamiento económico, como en las instituciones políticas y en la cultura misma, para dar paso al proceso de inclusión social, ya que el sistema no esta hecho para ello.

Habría que modificar, por ejemplo, la red de relaciones sociales cotidianas que determinan situaciones diferenciadas en la satisfacción de necesidades básicas y una cierta distribución del ingreso. No es un cambio menor y requiere la recreación de las instituciones públicas, así como una verdadera participación popular en la toma de decisiones.

Lo anterior implicaría, entre otras cosas, poner al frente a la política social y como retaguardia a la política económica, y no a la inversa como hoy sucede. También se necesitaría pensar en los indicadores de inclusión social que nos permitieran hacer un seguimiento y valoración de los avances logrados en el proceso. Asimismo, habría que recrear la ciudadanía en el imaginario social, de modo que estuviese acorde con las necesidades de participación política popular, más allá incluso de los partidos políticos tradicionales.

Pero además, habría que pensar a la inclusión social a escala regional, continental y mundial, y en consecuencia en la construcción de nuevas identidades incluyentes.

En otras palabras, pensar en la inclusión social es vislumbrar la necesidad del cambio social, con nuevas bases económicas y con una ética de responsabilidad. De esta forma, estaríamos en condiciones no sólo de satisfacer las necesidades elementales de toda la población, sino que dicha satisfacción tuviera lugar en el contexto de justicia social a partir del protagonismo del pueblo, más que de sus representantes.

 

 

Las consecuencias de los tratados de libre comercio

José Luis Dacal
(ccs@solidarios.org.es)

Los llamados países ricos, cuyos abanderados son Estados Unidos y la Unión Europea, utilizan los tratados comerciales y los acuerdos sobre inversiones para lograr de los países pobres concesiones que no pueden conseguir en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Estados Unidos llama a esto “liberalización competitiva”. Este concepto provoca el desmantelamiento de la gobernabilidad económica nacional. Se trasfiere el poder de los gobiernos a las empresas multinacionales. Se priva de herramientas para conseguir el desarrollo de sus economías y alcanzar una posición favorable en el mercado mundial a los países en los que se invierte.

Los tratados imponen una liberalización arancelaria que pone en peligro el medio de vida de los pequeños productores e impide a los gobiernos el uso de sus propias políticas arancelarias para promover la producción. Los países inversores imponen también reglas que reducen las posibilidades de acceso a medicamentos, aumentan los precios de las semillas para que los pequeños productores no puedan pagarlas y dificultan el acceso de las empresas a las nuevas tecnologías. Las reglas sobre inversión de estos tratados impiden exigir a las empresas extranjeras la transferencia de tecnología, la formación de trabajadores locales o la adquisición local de materias primas. Las inversiones extranjeras no establecen vínculos en el país, no generan empleo de calidad, no mejoran los salarios. En cambio, agravan las desigualdades. Así por ejemplo, el tratado de comercio propuesto entre Estados Unidos y Colombia aumentaría el coste de las medicinas en 919 millones de dólares para el año 2020, cantidad suficiente para prestar atención sanitaria a 5,2 millones de personas en el sistema de salud pública. El informe indica que los tratados no abordan los efectos negativos que los subsidios en los países ricos tienen sobre los llamados países pobres al generar prácticas desleales de dumping.

En las dos últimas décadas, los sistemas de producción se han globalizado, las compañías más grandes del mundo tienen filiales, como media, en 40 países distintos, y alrededor del 10 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) mundial se genera dentro de los sistemas mundiales de producción de las empresas transnacionales. Estados Unidos, la Unión Europea y Japón están utilizando los tratados comerciales y sobre inversiones para ampliar la influencia de sus empresas líderes y reducir la capacidad de los países en desarrollo para lograr una posición favorable en la economía mundial.

(Periódico Nuevo Enfoque, número 9, Segunda Época, Segunda Quincena de Junio. El Salvador, Centro América)

 

 

El neoliberalismo en síntesis:

Mientras el 20 por ciento de los hogares más ricos de México (deciles IX y X) concentran el 53 por ciento del ingreso nacional, el 40 por ciento de los hogares más pobres (deciles I, II, III y IV) perciben apenas el 13 por ciento. Del ingreso.

México: ingreso corriente de los hogares e índice de Gini 2000-2004