CARPETA

Fraude maquinado

Sergio Cortés Sánchez

Las recientes declaraciones de Carlos Ugalde (La Jornada, 18/05/07), presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), confirman lo evidente: los comicios federales para elegir presidente de la República del año pasado no cumplieron los principios constitucionales de objetividad, certeza, neutralidad e independencia que deben caracterizar al proceso electoral. Ya con anterioridad, el ex presidente Vicente Fox expresó públicamente su beneplácito por la venganza al impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente (La Jornada, 26/05/07), Rubén Jara, presidente de la empresa contratada por el IFE para monitorear los promocionales de los partidos políticos entre el 19 de enero y el 28 de junio de 2006, reconoció que los spots difundidos por el Consejo Coordinador Empresarial no fueron motivo de su contrato ni de su medición, y que están fuera de los 757 mil spots por él (Ibope) reportados. Una tercera parte del total de los promocionales difundidos por los partidos no fue reportada al IFE: se desconoce su financiamiento.

Somos muchos los que votamos por Andrés Manuel López hace un año, y muchos más los que creemos que no hubo equidad en la contienda y que la unción de Felipe Calderón Hinojosa no correspondió con la voluntad expresada en urnas. Agotamos los procedimientos legales para impugnar el resultado, y a pesar de la evidencia documentada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se negó al recuento de los votos, a anular las casillas donde los votos en urnas superaron las boletas entregadas para el sufragio y negó el derecho a la información (la consulta de las boletas) que todo ciudadano tiene. Esta semana, el IFE debe decidir qué fin tendrán las boletas electorales usadas hace un año, si las destruye o recicla, o se espera a que se desahogue el amparo interpuesto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violación al Derecho de Información promovido por Daniel Lizárraga y Delia Angélica Ortiz. El IFE y el TEPJF se negaron sistemáticamente a darle legitimidad al proceso de elección del primer mandatario, y con sus acciones minaron la credibilidad en las instituciones electorales y en los poderes de la Unión.

En el municipio de Puebla y entre los ciudadanos que disponen de teléfono fijo en sus viviendas, el IFE registró 67 por ciento de confianza en julio del año pasado; hoy registró 58 por ciento. Una semana después de los comicios de presidente de la República, el 53 por ciento de los ciudadanos estaba desilusionado porque ese organismo no dio resultados el 2 de julio, como los había ofrecido, y a mediados del pasado mes de julio, el 41 por ciento consideró que no había certeza en el resultado. Hace un año, el 26 por ciento aseguró que el IFE no era independiente; hoy es el 33 por ciento; el 28 por ciento dijo que no era neutral; hoy es el 36 por ciento quien lo afirma. El TEPJF tampoco es un organismo que goce de credibilidad: el 40 por ciento de la gente no le tiene confianza (septiembre 2006), el 28 por ciento lo considera parcial (julio 2006), el 61 por ciento esperaba que contara los votos (julio 2006), y ante la disyuntiva todos los votos o sólo el recuento en aquellas casillas impugnadas, no hubo vacilación: 77 por ciento dijo que todos los votos y el 23 por ciento manifestó que sólo las casillas impugnadas (julio 2006). El pasado mes de agosto era el 50 por ciento el que decía que el tribunal mencionado debería contar los votos en todas y cada una de las casillas y el 60 por ciento afirmó que deberían anularse las casillas con irregularidades; un mes después, el 50 por ciento opinó negativamente de ese tribunal por no revisar las casillas donde los votos fueron más que las boletas entregadas para sufragar. Uno de los resultados de este proceso fue que el 52 por ciento de los ciudadanos se sintió insatisfecho con el funcionamiento de la democracia y 36 por ciento manifestó que no favorecía a la democracia la negativa del recuento de las boletas electorales (septiembre 2006). Siete de cada 10 ciudadanos consideraron inequitativo que el entonces presidente Vicente Fox y el Consejo Coordinador Empresarial hayan intervenido en el proceso, y uno de cada dos ciudadanos afirmó que la televisión tuvo su favorito y este fue Felipe Calderón.

Las percepciones expuestas se registraron en un municipio donde el PAN fue la principal fuerza electoral: la exigencia de legitimidad la compartimos todos. La demada de acceso a la información sigue vigente: tres de cada cuatro ciudadanos consideran que es un derecho la consulta de las boletas, y siete de cada 10 estiman que deben conservarse las boletas utilizadas en la elección presidencial. La legitimidad de Calderón no se la dará el patrullaje militar ni la cancelación de las garantías individuales, sino los votos que sus simpatizantes, que no fueron tantos, le dieron hace casi un año; las boletas son documentos públicos, y tenemos derecho al acceso a ellas.