En la zona del volcán, incertidumbre por desconocer avances del trazo del gasoducto

Josué Mota Corro

Atlixco– Mientras integrantes del Frente de Defensa de Comunidades en contra del Gasoducto (FDCCG) viven con incertidumbre porque no tienen la certeza total del avance del trazo de esa obra en sus terrenos del cultivo cercanos al volcán Popocatépetl, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano oficial responsable de autorizar el permiso correspondiente, argumenta que la liberación del derecho de vía para concretar esos trabajos debe atender a un criterio de “utilidad pública”.

Tomás Pérez Morelos, uno de los representantes de esa agrupación, aseguró, en entrevista con La Jornada de Oriente, que las versiones recogidas entre los labriegos de esa franja indican la reciente aparición de personajes ligados a la empresa Transportadora de Gas Zapata (TGZ) –interesada en construir la tubería de Tlaxcala a Morelos– en parcelas que están ubicadas en los límites con Huaquechula.

“Después de la aparente cancelación del proyecto en el año 2005, tal como prometió por escrito, a nombre del gobernador Mario Marín Torres, el subsecretario de Gobernación Joe Hernández Corona, la gente de Gas Zapata regresó a las tierras para intentar, primero, convencernos de nuevo sobre las bondades de su propuesta, y después, para colocar aparatos muy raros”, explicó el labriego.

–¿Qué tipo de aparatos? –insistió el reportero

–Son muy raros, y ya investigamos y nos platicaron que son los usados por los ingenieros para medir. Eso dijeron varias personas de los parajes cercanos a Tenextepec, allá por Huaquechula, aunque debo aceptar que hasta el momento no ocurre acercamiento alguno con los dueños de los lotes.

Esta nueva “acometida”, afirmó Pérez Morelos, ya puso nuevamente en “alerta” a varios pueblos indígenas de las faldas del coloso. “Son avisos a cuentagotas de los poderosos. No entienden que la gran mayoría de nuestra gente no desea el gasoducto por los riesgos implicados. La empresa (Gas Zapata) cuando apareció siempre buscó hacernos creer que no representa mayor peligro, e incluso insistieron en ser algo normal porque supuestamente así es la globalilocación (sic)”.

Cabe recordar, miembros de la Cuarta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes en varias ocasiones visitaron la zona involucrada desde el inicio de este conflicto de intereses, ocurrido en el verano de 2004, emitieron un dictamen en donde estableció que en caso de obligar a los vecinos a ceder, vender o entregar sus propiedades para ese plan, vía recursos expropiatorios, quedarían violentados sus garantías individuales porque “no es un propósito oficial, y sí en cambio, privado. Y en consecuencia, la causa de utilidad pública no está justificada”.

El paso

De acuerdo con el expediente en poder de este reportero, en 1998 la Comisión Reguladora de Energía autorizó el permiso número G/039/TRA/98 que establece las “disposiciones de carácter general, tales como criterios, lineamientos y metodologías que deben regir las ventas de primera mano y las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas natural”.

En el documento aparece como permisionario Transportadora de Gas Zapata, S. de R.L. de C.V. para ofrecer los anteriores servicios mediante un conjunto de ductos, compresores, reguladores, medidores y otros equipos a fin de recibir, conducir y entregar ese recurso natural.

“Todo estará sujeto a lo previsto en la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, el Reglamento de Gas Natural, las directivas que expida la Comisión y las Normas Oficiales Mexicanas, y deberá cumplirse con todas y cada unas de las obligaciones señaladas”, exigen las autoridades en el texto.

El permiso, informa el CRE, tendrá vigencia de 30 años, contados a partir de la fecha del otorgamiento. “Podrá ser renovado por periodos de 15 años mediante el procedimiento previsto en la Comisión. La solicitud deberá presentarse por lo menos dos años antes del vencimiento anterior”.

TGZ, asume el gobierno federal, está facultada para llevar a cabo las obras correspondientes, sin perjuicio de las licencias que deba obtener de otras jurisdicciones competentes. Y destaca el legajo en el punto 5.6: “En virtud de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, se considerará de utilidad pública el tendido de los ductos para ofrecer la transportación en predios de propiedad pública, social y privada, siempre que sea conforme al trazado aprobado por las demás autoridades competentes”.

El permisionario, anexa el legajo, podrá arrancar los trabajos correspondientes a más tardar seis meses después de la fecha de otorgamiento del permiso. “La Comisión prorrogará este plazo hasta por medio año más cuando así lo solicite la compañía y la causa que motive el retraso se encuentre debidamente justificada. Además, los responsables del gasoducto avisarán al CRE sobre el inicio de las labores al menos con quince días de anticipación”.

El proyecto, sentencia el escrito, no podrá iniciar operaciones sin contar previamente con el dictamen favorable de una unidad de verificación, debidamente acreditada en los términos de la legislación aplicable, en cuanto al cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas, y sin el resultado favorable de las pruebas y medidas de verificación.

“A falta de Normas Oficiales Mexicanas aplicables al sistema de transporte y, consecuentemente de unidades de verificación, TGZ deberá contratar la realización de una auditoria técnica con una empresa especializada que hubiera acreditado contar con la experiencia y capacidad adecuadas para llevarla a cabo. El dictamen que resulte será puesto a disposición de la CRE”, explica el permiso. (Miguel ángel Domínguez)