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Puebla > Estado
miércoles 9 de mayo de 2007

MEDIEROS

Para recordar: 4 de mayo de 2007

Rafael G. Hernández García Cano

Los que están despiertos
tienen un solo mundo común;
los que duermen se vuelven
cada uno a su mundo particular...

Heráclito de Éfeso.

A un año de que el grupo de 47 senadores interpusieran la acción de inconstitucionalidad, amparados en el artículo 105 de la carta magna mexicana, el pasado viernes 4 de mayo tendrá que ser recordado, no como día previo a la celebración del 145 aniversario de la gesta heroica librada por el ejército de oriente o como día previo al 189 aniversario del natalicio de Karl Marx; sino como el día en que se hizo público que la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) entregó el jueves 3 de mayo, a los integrantes del alto tribunal, el proyecto de resolución sobre las impugnadas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) y a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT), conocidas ambas como ley Televisa.

A decir de los expertos, “es la primera vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da a conocer un proyecto de resolución (sentencia)”. En efecto, el proyecto elaborado por el ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano fue entregado a los otros 10 integrantes del pleno, así como a las partes involucradas en el asunto, a saber: la presidencia de la República, el Senado y el representante común de los legisladores que interpusieron la acción de inconstitucionalidad, Javier Corral.

También será para recordar la expresión del más puro y execrable pragmatismo político de quien siendo secretario de gobernación gestionó el denominado decretazo de aquel infausto 10 de octubre de 2002 en que a solas y de noche, –como hacen los hampones– en una cena de la CIRT (Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión), el hoy afortunadamente ex presidente Fox echó por tierra el trabajo que realizaron profesionales de los medios, representantes de la sociedad civil y académicos durante más de un año y pagando su factura mediática, redujo la obligación fiscal en especie, del 12.5 por ciento de tiempo al aire para ser usado por el Estado, además de prometer a los grandes monopolios, prácticamente desde esa fecha, la perpetuidad de las concesiones de radio y televisión. (Hoy establecida en el impugnado artículo 16 de la LFRT). Si me estoy refiriendo al operador, el entonces secretario de gobernación y hoy líder de la bancada del PAN en el Senado: Santiago Creel Miranda, quien al hablar en un foro organizado por el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), afirmó: “Una de dos, o el cambio lo hace la Corte o lo hacemos nosotros”, considerando que la forma como la ley fue aprobada el año pasado –en medio de una elección–, no fue la correcta. “Una ley que se aprueba de la manera como ésta se llevó a cabo, en medio de una elección, prácticamente sometiendo a los candidatos y los partidos a su aprobación, en medio de una negociación de espacios publicitarios, no es la manera para aprobar una ley”.

La moneda está en el aire y aunque es plausible la importancia que ha dado el máximo tribunal al asunto, tendremos que estar muy pendientes de su resolución de manera particular en lo concerniente a la parte más escabrosa: el mecanismo de refrendo que permitiría a las televisoras quedarse a perpetuidad con las concesiones (artículo 16 de la LFRT). Sería realmente esperanzador para nuestro país tener otra fecha que recordar: la del día en que el Estado y sus instituciones triunfaron sobre el poder fáctico.

rafael.hernandez@iberopuebla.edu.mx

La hora de la Corte

Roberto Alonso

Elaborado por el ministro instructor Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el proyecto de dictamen en torno a la acción de inconstitucionalidad presentada por 47 senadores de la anterior legislatura en contra del decreto de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, fue entregado finalmente a las partes, es decir, a un representante del grupo de ex legisladores que promovieron el recurso, al Senado y a la presidencia de la República.

Luego de 12 meses de indefinición y mutismo por parte del máximo tribunal respecto a un paquete de reformas –mejor conocido como ley Televisa– que fueron redactadas a modo de beneficiar a un mercado altamente concentrado, se encuentra en manos de 11 ministros un tema del cual depende el futuro de 104 millones de mexicanos y la supremacía del Estado sobre un bien público, como lo es el espectro radioeléctrico.

Durante ésta y la próxima semana, los ministros de la Suprema Corte analizarán en privado el documento para, a partir del 21 de mayo, discutir de manera pública en el pleno la invalidez de los artículos 16, 17–G, 28 y 28–A de la Ley Federal de Radio y Televisión, los cuales, a decir de Aguirre Anguiano, son contrarios a la ley.

Con este proyecto se intenta eliminar que el término de una concesión sea de 20 años y pueda ser refrendada al mismo concesionario con preferencia sobre terceros sin estar sujeto a una nueva licitación, ya que ello equivale a un trato diferenciado que contraviene las libertades de igualdad consagradas en la Carta Magna.

Se busca también descartar la subasta pública como criterio para el otorgamiento de una concesión, e impedir que los concesionarios de radio y televisión expandan su ámbito de acción al prestar servicios de telecomunicaciones a través de las bandas de frecuencias asignadas.

A escala global, el sector gravita en un proceso de convergencia tecnológica que consiste en la migración de las redes de telecomunicaciones a arquitecturas comunes capaces de integrar en una misma plataforma cualquier tipo de servicio digital. Empero, con esta modernización de pretexto, los concesionarios actuales pretenden consolidar su dominio.

De acuerdo a las recientes reformas, ello puede efectuarse por medio de una solicitud y prescindir del pago de una contraprestación, lo que alienta las prácticas monopólicas prohibidas en el artículo 28 del texto constitucional.

La acción de inconstitucionalidad, prevista en el artículo 105 de la Constitución, para alegar la contradicción entre la norma impugnada y ésta, plantea 21 violaciones, por lo que diversos especialistas han considerado que el proyecto es insuficiente.

Sin embargo, frente a la presión de un poder mediático cada vez más cohesionado que ha subordinado a la clase política para salvaguardar los intereses creados en la industria, el proyecto de sentencia constituye un respiro y un buen primer paso de parte de la Corte para frenar el avasallamiento de quienes se han afianzado como poderes fácticos.