Cacho denuncia a MMT por atentado; el gobierno, sin postura

Martín Hernández Alcántara

El Poder Ejecutivo estatal manifestó que no tiene una postura oficial ante la denuncia que ayer interpuso la periodista Lydia Cacho Ribeiro en contra del gobernador Mario Marín Torres y la titular de la Procuraduría General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, por el delito de asesinato en su modalidad de tentativa.

Mientras tanto, el Nodo de Derechos Humanos condenó el atentado sufrido por la autora de Los Demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, y dijo que dada la participación del mandatario estatal y la procuradora en la detención y las vejaciones planeadas en su contra, las cuales quedaron al descubierto el 14 de febrero del año pasado, no es exagerado que ambos sean considerados dentro de las pesquisas por la nueva demanda.

Ayer, un despacho de La Jornada, en su versión digital, consignó que Cacho denunció haber sido objeto de un atentado que puso en riesgo su vida.

En declaraciones hechas para su colega Carmen Aristegui en el noticiario radiofónico W Radio, la autora de Los demonios del edén dijo que el lunes una de las llantas de su camioneta sufrió una ponchadura mientras iba a bordo de ésta.

Al detenerse a revisar la avería, los elementos de seguridad constataron que las tuercas que mantienen sujeta al neumático habían sido cortadas intencionalmente.

La intención de esto, comentó, era que el vehículo quedara sin control al perder la llanta trasera, y ello hubiera provocado irremediablemente una volcadura.

Por estos hechos, Lydia Cacho presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia de hechos contra el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario Jean Succar Kuri por el ilícito de homicidio en grado de tentativa.

Lydia Cacho señaló que existen personas que están interesadas en atentar contra su vida y su integridad, por lo que decidió, con su abogado Javier Olea, presentar una denuncia de hechos para que se lleven a cabo las correspondientes investigaciones del caso.

En la querella también se menciona como presuntos responsables a la procuradora del estado de Puebla, Blanca Laura Villeda Martínez, y a los abogados de Succar Kuri, Wenceslao Cisneros Amaya, Hernán Cisneros y Sócrates Cisneros.

La periodista recordó que en días pasados, durante una diligencia en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Succar Kuri le profirió varias amenazas, lo cual no puede pasar por alto.

Añadió que la denuncia se entregó en la oficialía de partes de la PGR, y espera se hagan las investigaciones correspondientes para aclarar el ilícito de homicidio en grado de tentativa.

No descartar: Nodo

Este periódico buscó una posición sobre la querella con el asesor jurídico del gobierno estatal, Ricardo Velásquez Cruz, quien es además el abogado asignado por el llamado del mandatario poblano en las denuncias que Lydia Cacho y la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática le tramitaron ante la PGR por los agravios que ella sufrió en diciembre de 2005 a manos de personal del Ejecutivo estatal.

Sin embargo, el litigante, quien también representa a Marín en las investigaciones que sobre el mismo caso realiza una comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no respondió a los mensajes que se le dejaron en su celular y radio.

Más tarde, personal de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, a cargo de Javier Sánchez Galicia, informó que no habría postura oficial.

En contraparte, el Nodo de Derechos Humanos, en voz de su representante, Eduardo Almeida Sánchez, opinó que “es preocupante un atentado en contra de Lydia Cacho, sobre todo en este momento. Evidentemente ella ha tocado con todo su caso a intereses y a personas que han mostrado tener nexos con lo más oscuro del crimen organizado: la pederastia. Por ello no es descartable que quienes sufrieron afectaciones a sus intereses quieran acallarla y amedrentarla”.

El activista añadió: “Me parece también que se ha olvidado que el gobernador de Puebla y que Kamel Nacif están involucrados en el caso de Cacho. Yo creo que de ninguna forma se les puede descartar dentro de las investigaciones que se hagan. No se les puede descartar ni a ellos ni a muchos otros de los involucrados”.

“Me parece una acción muy acertada denunciar el hecho, porque es preocupante. Desde mi punto de vista, lo que pasó es más una amenaza que un atentado directo, pero de todas formas sabotear la camioneta en que viajaba es muy grave en un momento en que pareciera que la mayoría de las instancias responsables de investigar el caso Marín están relajando sus acciones. En ese sentido, me parece también indispensable que el gobierno de Puebla y también Blanca Laura Villeda digan algo al respecto”.

Eduardo Almeida consideró que el atentado contra Lydia Cacho no debe considerarse como aislado, sino “como un hecho más dentro de todos los que ha habido dentro de un creciente riesgo de hostilidad hacia los defensores de derechos humanos, periodistas y activistas de este país. No hay semana que pase sin que haya una denuncia de hostigamiento, de homicidio de algún periodista. Tanto las autoridades del estado de Puebla como las federales no están haciendo su trabajo de garantizar la integridad de quienes se dedican a estas labores de alta importancia pública, en estos trabajos que se están convirtiendo en vocaciones de altísimo riesgo”, finalizó.