SUBEYBAJA

La despenalización es urgente

Ramón Beltrán López

¿De qué sirve que exista una disposición que castiga un delito con pena corporal si éste no se aplica desde hace decenios? ¿Y si, además, la penalidad es tan baja que admite la libertad bajo fianza y, por consiguiente, no se ha castigado a nadie de esa manera? Y más aún cuando existen decenas de denuncias que duermen el sueño de los justos en los archivos de la Procuraduría.

¿Y si su fundamentación principal está basada en una ley expedida hace casi un siglo?

Por supuesto que no me estoy refiriendo al aborto, sino a la libertad de expresión y de imprenta, cuyas transgresiones se encuadran bajo los conceptos de difamación y calumnia, y se encuentran tipificadas en el Código Penal, y castigadas con pena de cárcel.

Hace un año, durante la fase álgida del escándalo de Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín ofreció despenalizar el asunto, no solamente porque su aplicación es sumamente controvertida, sino porque resultaba una manera caballerosa de aliviar la presión ejercida por los medios de comunicación que se sintieron agraviados o amenazados.

Sin embargo, ha pasado un año y no ha sucedido nada. ¿O sí? No ha sucedido nada en nuestro estado, pero por lo pronto Felipe Calderón ya ganó la primacía y envió la iniciativa para despenalizar estos delitos –o desparecerlos como tales, para expresarlo más apropiadamente– del Código Penal Federal.

Además del caso Lydia Cacho, el que más ha suscitado el interés público ha sido la demanda de Marta Sahagún contra la escritora argentina Olga Wornat y la revista Proceso, contra la argentina por la publicación del libro La Jefa y contra la revista por publicar partes sustanciales de éste.

Y en este momento es imprescindible hacer algún paralelismo con lo sucedido en Inglaterra entre la cadena de hamburgueserías MacDonalds y un par de “ambientalistas” que publicaron y repartieron algunos centenares de panfletos en las calles de la capital inglesa en contra de las prácticas comerciales de dichos restaurantes. El caso es conocido en Europa como el MacLibelo, por las acusaciones que se hicieron mutuamente las partes involucradas, durante el juicio. Helen Steel y David Morris, un desempleado y una jardinera al servicio del ayuntamiento de Haringey. La disparidad de recursos era tan evidente como entre Sahagún y Wornat.

Primero es necesario mencionar que, como el libro en nuestro país, allá los panfletos despertaron muy poco interés en el público y seguramente hubieran pasado desapercibidos de no ser por el juicio iniciado en 1990. Desde entonces han sido traducidos a 26 idiomas.

Las acusaciones principales eran que McDonalds explotaba a niños y jóvenes; que contribuía de manera importante a la contaminación ambiental con sus empaques; que al fomentar el consumo de carne de res contribuía a la deforestación mundial y en particular la de Sudamérica; y que sus alimentos son nocivos para la salud.

Normalmente al demandar a sus detractores, la compañía obtenía disculpas públicas y con eso le bastaba; sin embargo, y a pesar de la disparidad de fuerzas, la pareja se sometió a los tribunales, y sin contar con los medios para pagar a un abogado les fue negada la asistencia de un defensor de oficio. Con el agravante de que en ese país es el demandado el que tiene que probar la veracidad de sus aseveraciones.

Optar por representarse a sí mismos en el juicio y conseguir asesoría de sus simpatizantes, e información que sustentara sus acusaciones. Pronto los más altos directivos de McDonalds se vieron obligados a comparecer a juicio entre los 180 testigos citados por la defensa.

Entre otros tropezones (cualquier semejanza con nuestra vida política es mera coincidencia) se descubrió que la empresa había contratado “espías” para investigar documentos y la vida privada de sus acusadores. Y hablamos, por supuesto de hamburguesas, no de cemitas del Mercado del Carmen.

Para 1995 (a los cinco años de iniciado el juicio y envuelta por un enorme desprestigio) MacDonalds ofreció donar una suma importante de dinero para organizaciones de beneficencia que escogieran los demandados y retirar los cargos si estos ofrecían dejar de desprestigiar a la empresa.

Los demandados no aceptaron, y para 1997 el juez los declaró culpables en una sentencia de mil páginas, en la cual reconocía que la empresa explotaba a menores, era responsable de crueldad hacia los animales y utilizaba publicidad que inducía a confusión. Una victoria pírrica que concedía el pago de 60 mil libras esterlinas a la compañía (cantidad que, por supuesto, era imposible de pagar para los demandados) y que a MacDonalds le había costado ya 10 millones de libras esterlinas. Además de un creciente desprestigio como consecuencia del juicio más largo en la historia de Inglaterra.

Los demandados apelaron y durante esta fase del juicio se probó (ojo, mucho ojo) que la empresa había obtenido apoyo de Scotland Yard para enterarse de los antecedentes personales de los demandados. Como consecuencia se vio obligada a pagar a estos 10 millones de libras de indemnización y a ofrecerles una disculpa pública. Para 1999 la sentencia se había reducido a 40 mil libras, y había quedado demostrado que la empresa maltrataba a sus empleados y sus productos producían enfermedades cardiacas.

Finalmente la Corte europea resolvió que no habían tenido un juicio justo y que se les había negado asistencia legal por el Estado, condenando al gobierno británico a pagarles la cantidad de 57 mil libras.

Y a pesar de esto y de otros casos similares –y porque la ignorancia se atreve a todo– nuestros izquierdosos persisten en su oposición irracional al libre comercio, práctica que implica la existencia de legislaciones y tribunales supranacionales como estos. Prefieren la endogamia y las prácticas caciquiles autóctonas.

Una batalla de 20 años, inequitativa e injusta, concluyó felizmente para un par de ciudadanos comunes y corrientes que decidieron defender sus derechos a costa de lo que fuera. Eso hará –según ellos– que Inglaterra modifique su legislación actual.

¿Retomará Mario Marín su ofrecimiento inicial, demostrando que no era puramente coyuntural, o dejará que lo haga un grupo de ciudadanos? ¿O acaso un partido de oposición le arrebatará la iniciativa? ¿O una universidad?