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Puebla > Política
jueves 12 de abril de 2007

La UCI insiste en que el asesinato de Ángel Soto fue obra de Antorcha Campesina

Martín Hernández Alcántara

Desde el Centro de Readaptación Social de Puebla, el Comité de Presos Políticos Indígenas de la Unión Campesina Independiente (UCI) señaló que el asesinato de Eduardo Ángel Soto en Huitzilan de Serdán fue una venganza de Antorcha Campesina por la reciente liberación de algunos integrantes de la primera organización.

Entrevistado por vía telefónica, Bartolome Melchi dijo a nombre del comité que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capturó al juez de Paz de Xinaxhapan, Bartolomé Ángel Santiago (primo del ahora occiso), militante antorchista y quien supuestamente también estaría implicado en el crimen.

Melchi dijo tener información de que Antorcha Campesina realizará una manifestación frente a las oficinas del Ministerio Público en Tetela de Ocampo, donde supuestamente está detenido Bartolomé Ángel Santiago, para presionar a fin de que las autoridades lo liberen; sin embargo, la Unidad de Prensa y Difusión de la dependencia estatal aclaró ayer por la noche que no había ningún detenido, además de Pedro Soto Molina, en el caso del homicidio de Eduardo Ángel Soto, y que las diligencias no se estaban desarrollando en Tetela de Ocampo, sino en la Representación Social de Zacapoaxtla.

Según la versión dada a conocer a esta casa editorial por el líder de la Unión Campesina Independiente, a Eduardo Ángel Soto, quien tenía 21 años, no lo ultimó Pedro Soto Molina solo, sino con la complicidad de otros varios integrantes de Antorcha Campesina.

Bartolomé Melchi asegura que la autopsia que se le practicó al cadáver del interfecto determinó que el muchacho sufrió tortura.

La víctima era un militante activo de la Unión Campesina Independiente, abundó el declarante, quien dijo ser cuñado del ahora occiso. Eduardo Ángel Soto era también hermano pariente de uno de los tres presos políticos liberados a mediados del mes pasado acusados por Antorcha Campesina de crímenes que no cometieron.

Por si fuera poco, el muchacho ultimado es también cuñado de Francisco Tiburcio Joaquín, uno de los integrantes de la Unión Campesina Independiente que permanece encerrado en la cárcel de la capital estatal.

La filiación de Eduardo Ángel Soto a la UCI y su relación de parentesco con otros líderes y presos de la organización afianzan la hipótesis de ésta acerca de que Antorcha Campesina lo mató, sobre todo porque, a decir de Bartolomé Melchí, hay testigos que observaron cómo en la agresión al hoy finado participó el juez de paz de Xinaxhapan, Bartolomé Ángel Santiago.

Torturas

Hace casi un año, el 25 de abril de 2006, la secretaria de Equidad, Género y Derechos Humanos del Comité Directivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Jovita Viveros Olivera, denunció que en ese entonces los 21 presos indígenas del municipio de Huitzilan de Serdán y militantes de la Unión Campesina Independiente eran víctimas de maltrato físico dentro del Centro de Readaptación Social de San Miguel.

El 23 de marzo de ese año falleció uno de los detenidos sin que hasta la fecha se haya dado una explicación convincente de lo ocurrido, y que se presume que el deceso se debió a consecuencia de los golpes que recibió en la celda de castigo.

En conferencia de prensa, en la que estuvo acompañada por el abogado de los indígenas, José Guadalupe Sánchez, la funcionaria perredista explicó que los presos estaban acusados por delitos prefabricados y detenidos sin ningún procedimiento legal. Comentó que algunos están cautivos desde 1992 y que sólo uno de ellos está en proceso de liberación. Aseveró que todos sufren maltratos físicos y que muchos de ellos están permanentemente en las celdas de castigo sin ninguna causa.

Informó que el 23 de marzo de 2006 falleció en el Hospital General uno de los indígenas detenidos que respondía al nombre de Ignacio Cabañas. Viveros Olivera dijo que la causa de la muerte no había sido aclarada y que la versión que dan en el Centro de Readaptación Social de Puebla es que fue pereció víctima del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida; sin embargo, Viveros afirmó en ese momento que no había claridad en la información sobre el deceso y que no se les ha mostrado documentación alguna para avalar las causas de la muerte que, consideran, se debió a consecuencia de golpes que recibió en las celdas de castigo.

Continuo diciendo que el 16 de febrero, también de 2006, se solicitó a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de diálogo con representantes del PRD estatal y nacional, la intencion era tener bases sólidas de avance para la liberación de los luchadores sociales. “La cerrazón del secretario Javier López Zavala y del subsecretario de Asuntos Políticos, Joé Hernández Corona, es más que evidente que para ellos los militantes de la UCI son delincuentes del fuero común y no presos políticos, como los consideran organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos”, acusó.

Jovita Viveros aseguró esa vez que el gobierno del estado niega toda posibilidad de acordar una salida política para los indígenas, porque en una segunda reunión con la Secretaría de Gobernación fueron despedidos con “prepotencia y con cinismo”. “Demandamos el reinicio del diálogo con el secretario de Gobernación y exigimos todas las garantías de seguridad para los integrantes de la UCI, así como la intervención inmediata de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, puntualizó.

Condiciones infrahumanas

En un año las condiciones para la gente de la UCI dentro del Centro de Readaptación Social de Puebla no parecen haber cambiado. El 15 de marzo de 2007, la defensora de los derechos humanos, Concepción Hernández, denunció que la gente de la UCI le informó sobre las infrahumanas condiciones que padecen los presos en el Centro de Readaptación Social de Puebla: “Les dan comida descompuesta, verde, podrida. La carne, las tortillas, todo se los dan echado a perder”.

Otro de los presos, Austreberto Ortega Téllez, está muy enfermo. Concepción Hernández solicitó entonces que lo auscultara un médico externo, “no sea que después nada más les digan que el preso se murió, como fue el caso de Ignacio Cabañas”, recordó en su misiva.

El 29 de agosto, a las 12 horas con 15 minutos en la cárcel poblana, el Comité de Presos Políticos Indígenas de la Unión Campesina Independiente iniciaron una huelga de hambre indefinida para exigir a las autoridades del estado su inmediata libertad.

“No se vale que el gobernador Mario Marín nos mida con dos varas diferentes. Los integrantes de Antorcha Campesina en Huitzilan de Serdán son cobijados por las autoridades del estado porque nunca han recibido un castigo, aunque han sido acusados ante las autoridades competentes e incluso ante la Fiscalía Especial Para Movimientos Políticos y Sociales adjunto de la Procuraduría General de la República por más de 150 asesinatos de la Unión Campesina Independiente.

“En realidad ese es el verdadero delito que cometimos, pedir y exigir la justicia. Y la respuesta de nuestras demandas son las largas sentencias que recibimos en este Cereso”, señaló en aquella ocasión la organización durante un comunicado.

“No cabe duda que la organización priista Antorcha Campesina goza de privilegios de los padrinos políticos priistas. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales para que consideren que nuestras demandas son justas, y pidan y exijan al gobernador del estado nuestra liberación inmediata”, concluyeron.

AC se deslinda

Antorcha Campesina se ha deslindado por completo del homicidio de Eduardo Ángel Soto en Huitzilan de Serdán, a través de un comunicado que se reproduce en sus párrafos más destacados:

“Con el afán de desprestigiar al movimiento antorchista, la perredista Jovita Viveros ha manipulado la información sobre la reciente muerte del joven Eduardo Ángel Soto en Huitzilan de Serdán; ha tratando de involucrar a la organización campesina –sin presentar prueba alguna– en un hecho que fue meramente accidental.

“Hace unos cuantos días trascendió en los medios de comunicación el caso del muchacho de 23 años, quien fuera hallado gravemente herido en la barranca El Pájaro y que muriera días después a razón del mal estado en el que estaba.

“Inmediatamente, la secretaria de Equidad y Género del sol azteca hizo pública su ‘versión’ muy particular de los hechos, distorsionando la realidad y dejando entrever que el deceso de ángel Soto obedecía a un crimen orquestado, posiblemente, por el antorchismo poblano.

“Ante esto, en rueda de prensa, Martín Julio Pérez Hernández, representante de la organización campesina en Huitzilan de Serdán, descartó categóricamente que los antorchistas hayan tenido que ver en la tragedia ocurrida al muchacho, por lo que reiteró el descontento que existe en la población por la campaña de desprestigio que –desde hace tiempo– mantiene Jovita Viveros en contra de Antorcha”.