Impide la Tesorería municipal que obreros de La Perla puedan cobrar sus salarios

Ernesto Aroche Aguilar

Luego de tres años de lucha, hoy los 40 trabajadores de la empresa textil La Perla SA de CV no han podido cobrar su liquidación pues la tesorería municipal exige el pago de 300 mil pesos para tomar nota de la adjudicación del inmueble que ordenara la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). El titular de la dependencia, Jorge Alfonso Ruiz Romero, lleva mes y medio negándose a recibir al procurador federal del trabajo en Puebla, Fernando Castro Azuara, para resolver el último escollo que impide que los empleados logren cobrar los salarios que desde 2004 nadie les ha pagado.

“Llevamos más de 3 años sin trabajar, pues luego del despido fuimos boletinados y nadie quiso contratarnos, todo por defender nuestros derechos, y sin trabajo pues no tenemos cómo pagar lo que nos exige la tesorería”, explica Juan Grijalva Cordero, representante de los trabajadores y promotor del juicio en contra de la empresa textilera propiedad de los hermanos Gutiérrez Rodríguez.

El juicio fue difícil, señala por su parte el funcionario federal, “solicitamos a la empresa conciliar y los dueños no estuvieron de acuerdo; iniciamos entonces un juicio que derivó en un conflicto legal muy fuerte, pues la empresa usó toda la ‘chicanada’ habida y por haber para impedir el laudo condenatorio. Hoy después de todo eso ahora nos detiene el ayuntamiento local”.

Y explica: “Tengo mes y medio solicitando cita el tesorero municipal y no tenemos una respuesta, esto es delicado pues los compañeros se encuentran detenidos en su trámite pues el municipio no libera la notación de la escrituración de los compañeros”

De acuerdo con el funcionario, lo que se busca es explicarle al tesorero la situación jurídica “por que procede la notación del inmueble sin que ello implique el cobro de impuestos”.

Desde hace tres años esperan

Los problemas en la empresa textilera comenzaron luego de la muerte del José María Gutiérrez, paterfamilia de los hermanos Milagros y José Alfredo Gutiérrez Rodríguez, hace cerca de 4 años, explican los trabajadores.

“Una vez que ellos se quedaron a cargo los problemas con el pago de los salarios comenzó. Primero nos pagaban una semana sí y otra no, a veces nos pagaban sólo el 50 por ciento, a veces nada; dejaron de darnos los vales de despensa, la caja de ahorro también se perdió”.

Ante esta problemática y la inmovilidad del sindicato de la empresa, “más interesado en defender a la patronal que a los trabajadores”, los obreros decidieron acudir a la Procuraduría Federal para la Defensa del Trabajo (Profedet) en donde dio inició el proceso de conciliación.

Lo que les costó el despido inmediato a los 40 demandantes.

“El 24 de febrero de 2004, el patrón nos despidió quedándonos a deber aguinaldo, prima vacacional, prestaciones a 40 empledos de una plantilla laboral de 68 trabajadores”.

Pero no sólo eso. Los obreros despedidos fueron ingresados en la “lista negra” de los empresarios, lo que les costó además la negativa de cualquier otra empresa a contratarlos. Orillándolos a vivir a base de préstamos y el apoyo de la familia.

Un juicio, como ya explicó el procurador, largo y tedioso y nada fácil, pero en el que finalmente se logró un laudo a favor de los empleados que obliga a la empresa al pago de salarios caídos y prestaciones de ley por 5 millones 895 mil pesos a través de la adjudicación del inmueble que se ubica en la calle 10 poniente número 1306 propiedad de la empresa.

“Y ahora nos salen con esto”, apunta Grijalva Cordero. “En el ayuntamiento nos están cobrando una cantidad que como trabajadores pues no tenemos. Nada más del impuesto predial que no ha pagado el patrón son 43 mil 379 pesos, que juntando y pidiendo prestado ya pagamos. Fuimos al catastro y ahí nos están cobrando 300 mil pesos por el IVASI”.

Medidas de apremio si no hay respuesta

El gravamen no procede, explican los trabajadores, “pues no se trata de una compraventa de inmueble, no se trata de un negocio, es el pago de todo lo que en el juicio laboral pudimos comprobarle e imputarle al patrón. La autoridad nos dio el laudo condenatorio contra la empresa. Si ahora nos dice no, es como si el patrón se estuviera aún negado”.

La negativa de los propietarios de la empresa fue tal que no se presentaron ni siquiera a la audiencia de remate como se observa en el expediente 201/04. Ante esa situación el presidente de la JFCA número 33, Alfredo Cerón San Nicolás, obsequió la firma en rebeldía y con ello se declaró fincado el remate a favor de los empleados.

Pero la adjudicación no se ha concretado del todo, pues la autoridad municipal exige un pago para tomar nota del procedimiento. Ante ello, explica Castro Azuara, “se podrían tomar algunas medidas de apremio que van de la multa hasta el arresto. En la Profedet pensamos que no es necesario llegar a ello, por eso hemos nos interesaba hablar con el funcionario municipal”.

Por lo pronto, adelanta el funcionario, se esperará a que la autoridad responda al oficio que le envió la JFCA y que fue recibida por el ayuntamiento el pasado 29 de marzo, ahí

“El presidente de la junta está ya ordenando que se haga el registro, ése es un mandato judicial. Si la respuesta no es satisfactoria podríamos promover un amparo, además de pedir al presidente de la junta dicte las medidas de apremio para que se cumpla la ley”.