CUITLATLAN

Los atropellos del edil de Huehuetlán el Grande

Fermín Alejandro García

El PAN sigue presionando y exigiendo que se esclarezca el conflicto de Huehuetlán el Grande, pero es evidente que no mide con el mismo rasero los problemas de ese municipio, ya que demanda que se aclare el atentado sufrido el edil Leandro Barrales Meza, pero hace caso omiso a las acusaciones que existen contra el alcalde que van desde la presunta venta de autos robados hasta ataques peligrosos, robo, peculado, lesiones, fraude, usurpación de funciones, abusos de autoridad y desconocer a integrantes del cabildo.

Ayer legisladores panistas pidieron que se proceda contra los autores de haber baleado al presidente municipal al inicio de la semana pasada, pero no dicen nada de las más de seis denuncias penales que existen contra el alcalde, algunas de las cuales se derivan de abusos sufridos por regidores panistas y de las que ya tenía conocimiento el senador Francisco Fraile García meses atrás.

¿Realmente al PAN le interesa Huehuetlán el Grande? Es evidente que no, sino ya hubiera atendido los reclamos de regidores panistas. El asunto le cayó como anillo al dedo al blanquiazul para golpear a Javier López Zavala, el secretario de Gobernación, quien –tal como lo apunta el albiazul– parece estar más preocupado en sus actos de proselitismo y giras por el estado que realiza para convertirse en un futuro en candidato a un puesto de elección popular, en lugar de atender los múltiples conflictos municipales que prevalecen en el estado.

Y lo más paradójico, es que Zavala y su subsecretario, Joe Hernández Corona, hasta no hace mucho le daban protección al edil de Huehuetlán el Grande. Bueno, pero de estos dos funcionarios se puede pedir todo, menos eficiencias y atención oportuna a los problemas de los municipios.

Lo más lamentable es que ni el PAN ni el gobierno del estado paran los abusos de Leandro Barrales. Estas son algunas historias o mejor dicho denuncias penales que pesan contra el edil:

En enero de 2006, Leandro Barrales le vendió en 150 mil pesos una camioneta de procedencia estadounidense a Irma Ramos Muñoz, quien es su pariente político. La transacción se hizo mediante un acuerdo asentado en la notaria 1 de la ciudad de Puebla. El mes pasado esta mujer mandó a que el vehículo fuera revidado por agentes de la Policía Judicial del área de robo de autos y resultó que el automotor estaba reportado de haber sido hurtado de manera violenta en Texas, Estados Unidos.

La camioneta desde entonces está retenida en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y cuando Irma Ramos le reclamó a Leandro Barrales, éste le contestó que por ser un alcalde panista no le iban a hacer nada.

Pero además le advirtió que no le regresaría los 150 mil pesos que le pagó por el automotor. Por esa razón la agraviada presentó la denuncia penal 215/2007/ERVT.

Otro hecho lo sufrió el arquitecto Félix Herrera, junto con otros tres acompañantes que se dedican a la construcción de obras de ingeniería civil.

Este hombre fue director de Obras Públicas en Huehuetlán el Grande, y un día, al pasar a una tienda del municipio, se encontró a Leandro Barrales, quien al parecer estaba en estado de ebriedad.

Según la declaración ministerial de los afectados, Barrales le gritó “Largarte de mi pueblo, eres un ratero”. Félix Herrera le contestó, “a quien acusan de ratero es a ti”. A continuación el edil golpeó en la cara al arquitecto, quien junto con sus acompañantes decidió abandonar el pueblo en un auto marca Nissan.

Cuando ya iban en la carretera, las cuatro personas fueron interceptadas por el alcalde junto con agentes de seguridad. Ahí el edil volvió a golpear en el rostro con una pistola a Félix Herrera, quien todavía tiene la huella de las lesiones en la frente. A los detenidos los cachearon, los golpearon, los despojaron de sus objetos personales y sin ninguna justificación se los llevaron a la cárcel municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16 horas de un día de enero de este año. A las 10 de la noche liberaron a los detenidos. Cuentan que eso ocurrió cuando se le terminó la borrachera al presidente municipal y se percató del error de mandar a la cárcel a los cuatro profesionales de la construcción. Los liberó y éstos presentaron una denuncia penal en la agencia Metropolitana Sur del Ministerio Público de la ciudad de Puebla.

Un señor de nombre Severiano presentó la denuncia penal 62/07/DMS-III contra el alcalde Barrales. Resulta que este ciudadano por ser compadre de un adversario político del edil en una ocasión en que se presentó a hacer un trámite al ayuntamiento el alcalde lo interceptó, le arrebató unos documentos que llevaba en las manos, se los rompió y luego lo persiguió puñal en mano.

En enero de este año, el Juzgado Octavo de Distrito concedió el amparo a los ciudadanos Alberto Flores Barrales, Arnulfo Pedraza Ramírez y Francisco Javier Díaz Avelino, quienes son el síndico y regidores del ayuntamiento de Huehuetlán el Grande, respectivamente.

El amparo se emitió en contra de una resolución que tomó el cabildo de Huehuetlán del 10 de noviembre de 2006, por iniciativa de Leandro Barrales, que consiste en suspenderles el pago de salarios al síndico y dos regidores debido a que se oponían a propuestas del alcalde; es decir, los castigaron por pensar distinto al primer regidor.

Lo importante de este asunto es que el síndico y el regidor son de la fracción del PAN, y hasta ahora su partido no ha metido las manos para que ser resarcidos en el daño sufrido.

Y ahí no termina todo, otra denuncia la 62/07/ DMS-V, se presentó contra el alcalde debido a que no solamente se conformó con suspender al síndico, sino que además lo corrió del ayuntamiento y sin el consentimiento del Congreso local, nombró a Dagoberto Tomás García Miranda, como nuevo síndico.

Lo peor del asunto es que el síndico tomó posesión del cargo y hasta cuatro días después de ello, el cabildo le otorgó el nombramiento de abogado del pueblo. Es decir este servidor público empezó a fingir sin la autorización ni de los regidores y los diputados locales, con lo que incurre en el delito de usurpación de funciones.