Ejidatarios de Atlixco fueron inducidos para entrar al Procede: Pérez Avilés

Miguel Ángel Domínguez Ríos

Atlixco- El contexto social en el cual vivieron los ejidatarios de este municipio durante la década de los noventa era distinto a épocas anteriores porque todas las fuerzas externas e internas estaban modificando el entorno, y en consecuencia estaban llevándolos a un polo contrario a su forma de vida, dijo Ricardo Pérez Avilés, sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En caso de poder resumir el mencionado panorama, añadió, el diagnóstico sería el siguiente: “Políticamente los actos represivos y el desgaste organizativo; económicamente la crisis y el deterioro de las condiciones de vida; comunalmente la desintegración de los pueblos y de las familias, así como el brote de la etapa de modificar y redefinir los campos sociales, y sobre todo las relaciones con el gobierno provocaron, casi intencionalmente, dejar a ese sector disponible para entrar en operación plena el Programa de reforma legal de Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (Procede)”.

La llegada a Atlixco del Procede, aseguró, no fue un simple salto sin sentido en el vacío, aparentemente resultado de una crisis incontrolable, “quedó en evidencia el objetivo del contexto nacional de aplicar este programa de desmantelamiento y de presunto alcance de modernización”.

A los agricultores en general, asumió, los condujeron “concientemente a un desequilibrio frontal. La política oficial, todo indica, fue orientada a desmontar los andamiajes locales económicos responsables de sustentarlos. Y el discurso oficial giró por la senda del sobre anunciado progreso”.

Explicó Pérez Avilés: “Resulta curioso, pero poco ojos en el país vislumbraron la cara destructiva; y la mayoría prefirieron hacer caso a las proclamas del desarrollo, y con beneplácito esperaban el cambio del aspecto rural, considerados por muchos como el tema inculto y de indios, como las ruinas arqueológicas de México”.

Destruir el pasado, ese lastre pesado y tradicional, y aligerar a los sujetos marginales, subrayó, era la tarea precisa para transformas a la República Mexicana. “No tenía sentido preguntarles cómo debería ser el destino y el futuro de los labriegos, sí éste ya estaba definido por una nueva clase gobernante denominada tecnócratas”.

En ese contexto, refirió, el trabajo del gobierno era poner las bases de la total desintegración del campesinado, bajo la apariencia de la presunta incapacidad de ellos de montarse en el carro de los ‘nuevos’ tiempos en la República y de adaptarse a las cualidades del ‘primer mundo’.

“El hecho quedó en dejarlos acomodarse como pudieran, y es más, ya habían iniciado con ese proceso luego de transformarse en migrantes, como la mano de obra internacional proporcionada por nuestro país hacia el mundo.

Sin saberlo, y con el beneplácito oficial, el papel de ilegales los instaló en la modernidad”.

Atlixco, el Procede no cede

En abril de 1993, casi tres meses después de expedirse el reglamento respectivo, el Procede entró a Atlixco. Luego de seis años de labores, para julio de 1999, en total, 20 de los 26 ejidos quedaron incorporados a ese programa federal. Todo ocurrió de 1993 a 1998. Los primeros fueron Otilio Montaño y San Agustín Huixaxtla (1993); después Guadalupe Huexocuapan, Tolometla de Benito Juárez, San Agustín Ixtahuixtla, colonia Juan Uvera y Revolución, San Félix Almazan y San Juan Castillotla (1994); enseguida Santa Ana Yancuitlalpan y San Juan Portezuelo (1995); la lista creció con San Felipe Xonacayucan, Santa Lucía Cosamaloapan, San Diego Acapulco, San Pedro Benito Juárez, San Félix Hidalgo y Ricardo Flores Magón (1996); San Miguel Ayala y San Jerónimo Coyula (1997) y finalmente la Magdalena Axocopan (1998).

Los nueve ejidos sin ningún expediente, aseguró el investigador, son San Isidro Huilotepec, La Trinidad Tepango, Nexatengo –antes Emiliano Zapata– San Esteban Zoapiltepec, San Jerónimo Caleras, San Juan Ocotepec, San Juan Tejaluca, Santa Cruz Tehuixpango y Santo Domingo Atoyatempan.

Ricardo Pérez Avilés relató las condiciones de esta incorporación: “En San Isidro Huilotepec, quienes en un principio no quisieron entrar por temor a quitarles los terrenos, decidieron animarse hasta 1998 y un año después ya había recibido casi todos los títulos. Aquí detectaron problemas porque cierta cantidad de certificados salieron mal.

“En San Juan Tejaluca los ejidatarios fueron invitados a incorporarse dentro del Procede desde 1993. Sin embargo, prácticamente ignoraron el llamado. Pero en julio de 1999 estaban todos con planes de inscribirse”.

A pesar de las condiciones explicadas, asumió, el gobierno midió mal el terreno. “Es cierto, gran parte de los planes llegaron a su fin, aunque no todos resultaron logros. Finalmente los campesinos y los ejidatarios actuaron de manera activa y creativa, y no como marionetas del destino, y eso representa un mal cálculo cuando las autoridades parten de las visiones mecánicas”.

No todo con el Procede resultó catastrófico, admitió, porque los integrantes de ese sector continuaron la lucha, asunto en donde son constantes, y muchos decidieron incorporarse a organismos como El Barzón, por eso de las carteras vencidas. “Económicamente pudieron readaptarse a los procesos productivos y de mil maneras respondieron a las demandas y necesidades del mercado interno”.

La realidad, dijo, desafortunadamente no es homogénea. “Algunos ejidos aspiraron y aspiran a enfrentar los problemas con mayor fuerza; y en otros las dificultades son inmensamente grandes y siguen pasándola muy mal como para apenas sobrevivir”.

De acuerdo a información de la Procuraduría Agraria (PA), en Puebla existe una cobertura del 93 por ciento de cobertura de los núcleos agrarios. “De los mil 159 ejidos legalmente constituidos, mil 80 pueden considerarse certificados y aún faltan por incorporarse 79”.

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, informa la página oficial de la PA, “es un instrumento del Gobierno de la República puesto a disposición de los núcleos agrarios para llevar a cabo la regularización de la propiedad social.

El objetivo principal es ofrecer certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra a través de la entrega de certificados parcelarios y de derechos de uso común, o ambos según corresponda el caso, así como de los títulos de solares en favor de los individuos con derechos quienes integran los elementos agrarios que así lo aprueben y lo soliciten”.