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Corrupción panista en el tianguis de San Martín

Fermín Alejandro García

Muchos ciudadanos en San Martín Texmelucan tienen la percepción de que en el actual ayuntamiento panista, presidido por Rubén Alejandro Garrido Muñoz, aumentó la corrupción de manera sustanciosa. Una prueba de ello es que a miles de comerciantes, que se instalan en el famoso tianguis del martes, se les está obligando a realizar exorbitantes pagos a cambio de una licencia de funcionamiento, lo cual tiene la pinta de que es una estrategia para que varios millones de pesos terminen en bolsillo de funcionarios públicos y líderes charros de organizaciones sociales.

Y el problema no solamente son los cobros. Desde hace varios meses ha crecido la violencia contra los comerciantes que se atreven a rebelarse. Existen bandas de mujeres –originarias de la localidad de Moyotzingo– que se dedican a asaltar a clientes que acuden al tianguis; pero en especial, varios de estos grupos se unen para atacar a los vendedores que se niegan a cubrir las cuotas que les exigen y que tienen la facha de ser viles actos de corrupción de autoridades y dirigentes políticos.

Al tianguis de San Martín Texmelucan llegan entre 15 y 20 mil comerciantes a vender los martes de cada semana. El 75 por ciento de la gente que se instala comercializa ropa y el resto hace lo mismo con autos, ganado, animales en peligro de extinción, alimentos y aparatos electrónicos que por lo generan entran al país de contrabando.

No hace mucho a estos comerciantes les pidieron 3 mil pesos por una licencia de funcionamiento. La sorpresa creció unas semanas atrás cuando les comunicaron que ahora ese permiso ya será definitivo –no les dijeron por cuanto tiempo– y que se pagará de la siguiente manera:

Los comerciantes de ropa ponen sus prendas en catres. Por cada uno de estos muebles los expendedores deberán pagar 3 mil pesos. El grueso de las personas que ahí laboran tienen en promedio dos catres. Y muchos tienen hasta cuatro o cinco, es decir estos últimos tienen la obligación de erogar unos 12 o 15 mil pesos.

Por lo menos, estos pagos se los han impuesto a los 2 mil integrantes de la organización Emiliano Zapata, a quienes les dieron de plazo hasta la próxima semana para que paguen –ver el volante de abajo. Si se hace una estimación que cada uno de estos comerciantes usa dos catres, resulta que la erogación global que harán estos ciudadanos es de 12 millones de pesos, a cambio de que los dejen funcionar en un tianguis que consiste en una enorme extensión de suelo sin pavimentar, que no tiene locales ni servicios públicos.

¿Por qué se debe sospechar de que estos cobros son actos de corrupción? Por la sencilla razón de que si uno de estos comerciantes quiere ir a pagar a la Tesorería del ayuntamiento no le aceptan la erogación, ésta se tiene que hacer necesariamente por medio del dirigente de la organización a la que pertenece.

Además, el ayuntamiento no tiene un padrón único de comerciantes. Los padrones los tienen los líderes de las agrupaciones. Todo esto se presta a que no exista un control y una fiscalización del dinero que se paga en la realidad y el que ingresa a las arcas del gobierno municipal.

Lo más grave son los montos de dinero que se están exigiendo. Mientras en la capital del estado, en una zona con servicios públicos y de vivienda de clase media, el ayuntamiento cobra 400 pesos para expedir una licencia de funcionamiento a una tienda de abarrotes. En San Martín Texmelucan no se puede explicar porque un vendedor de ropa por realizar una actividad al aire libre tiene que erogar, en algunos casos, más de 12 mil pesos.

Y ahí no termina todo. Cada semana los 15 o 20 mil comerciantes tienen que pagar 30 pesos de cuota para poderse instalar. Suponiendo que únicamente lleguen a vender 15 mil personas, estamos hablando de por ese concepto se recaudaría la fabulosa cantidad de 450 mil pesos semanales y al mes, esa cantidad sumaría un millón 800 mil pesos.

El problema de esa cooperación es que un tercio es para el ayuntamiento, otro para la organización a la que pertenece cada vendedor y el otro tercio, para el líder de cada agrupación.

Por eso aunque varios dirigentes de agrupaciones militan en el PRI y el PRD no se oponen a los abusos de la autoridad panistas, si al final se acaban beneficiando.

Dos ejemplos son los siguientes, para vergüenza del PRD: Uno es el caso de Juan Garzón, el pariente del diputado federal perredista Neftalí Garzón, quien exigió a sus agremiados el pago de 100 pesos de cuota para la fiesta del santo de su papá.

Líneas atrás le mencioné el caso de agrupación Emiliano Zapata que dirige Alberto Amaro Corona, quien es diputado federal del PRD por el distrito de Zacatelco, Tlaxcala, que de acuerdo a la ficha del Congreso de la Unión no solamente controla a comerciantes de San Martín Texmelucan, sino también de Tepeaca, la ciudad de Puebla y Xalapa, Veracruz. Este señor seguramente está contento con la corrupción que propicia el gobierno panista de Texmelucan.