CARPETA

Una representación colegiada*

Sergio Cortés Sánchez

Compañeras y compañeros, agradezco su presencia. Esta es la primera vez que se registra un número de planillas de los trabajadores académicos superior al los cargos en disputa, lo cuál ha permitido este diálogo. El contexto de la actual elección de Consejeros universitarios de la UAP es diferente: hay modificaciones profundas al Contrato Colectivo de Trabajo (CCT); se acentúa la subordinación del quehacer académico a los intereses de la administración; hay una mayor discrecionalidad en el ingreso y promoción de los trabajadores; hay una conducta explícita a cancelar los espacios de discusión democrática y, a descalificar las voces críticas.

La democratización de la sociedad y un sistema de valores nos acuerpa, moldea nuestra conducta y define nuestro compromiso. Tratamos que nuestras opiniones y prácticas sean respetuosas de la pluralidad de pensamiento y buscamos establecer acuerdos a través de la discusión fraterna. Deseamos ser soberanos de nuestras decisiones y acciones, nunca emisarios ni vasallos del poder central. Aspiramos a representarlos y llegaremos hasta los límites que nuestros representados definan.

Creemos, y lo hemos demostrado con hechos, que el diálogo es necesario para establecer consensos e identidades; no hemos sido nosotros los que se niegan a debatir. Esta es una institución educativa que nos ha contratado para desempeñar un trabajo intelectual: el raciocinio, la comunicación y la organización nos son afines. Deseamos que la reflexión y el diálogo sean nuestras divisas, no el servilismo que degrada y ofende al pensamiento. La fortaleza del Consejo Universitario se la dan los académicos y los alumnos. Promover su participación y respetar sus decisiones son imperativos. Los hechos trascendentales de la UAP deben discutirse en este cuerpo colegiado, como lo establecen el estatuto universitario y el rector debe ser respetuoso de los disensos y de las minorías.

La mayoría de las veces, la forma de ingreso a la UAP es discrecional, también la promoción y la separación. No hay reglamento que lo norme, instancia que lo procese, tabla que lo pondere, y mucho menos una injerencia de los cuerpos de docencia y de investigación. La inseguridad en el empleo estresa a quienes son eternamente contratados por obra o tiempo determinado, coarta la expresión pública del pensamiento y limita su acción. El 1.5 por ciento de los egresos de la UAP debe ser canalizado para la promoción de los académicos y el 20 por ciento de los ingresos provenientes de la renta de inmuebles, cobro de derechos, venta de servicios profesionales y, financiamiento de proyectos de investigación debe ser canalizado a la promoción académica. Las nuevas plazas de profesorinvestigador, categoría asociado o titular, deben asignarse a los académicos que realizan actividades de esa naturaleza, no a los administrativos. El ingreso a la Universidad Autónoma de Puebla, en cualquier categoría y nivel, debe ser por licitación pública.

La falta de transparencia administrativa no permite conocer la temporalidad de la contratación (definitivos o no), tampoco los niveles (titular o asociado) ni las categorías (A, B y C); pero un hecho es seguro: la mayoría de los académicos no son titulares ni definitivos, por lo que limitar la representación estamental sólo a los que son titulares, definitivos, mexicanos y mayores a 35 años es una afrenta que busca excluir a la mayoría de académicos de esa representación, hecho ominoso y censurable. El único requisito para representar a los académicos en el Consejo Universitario debe ser la titularidad, no la categoría o el nivel de la plaza ocupada.

En el portal de la UAP, en su ventana de transparencia, no es posible conocer cuántos empleados administrativos existen, cuál es la nómina de éstos o el monto de los ingresos propios, incluyendo los del Centro de Vinculación y de los de la Promotora Universitaria.

El mayor logro es publicar un tabulador de sueldos y salarios, pero no las prestaciones asociadas a los administrativos, ni el número de plazas por categoría y nivel. Rendir cuentas claras, concisas y entendibles no es altruismo ni es opcional, es una obligación de las entidades públicas, como lo es la UAP,

Las relaciones laborales en la UAP se rigen por el CCT; cualquier alteración de éste debe ser consensada con los trabajadores, lo cuál no ocurrió con la última modificación al régimen general de pensiones y jubilaciones. Cuando ingresamos, los académicos lo hicimos bajo las cláusulas del CCT vigente; las modificaciones posteriores no pueden aplicarse retroactivamente en detrimento de nuestros derechos laborales. Deseamos que cualquier alteración de las relaciones laborales sea ampliamente discutida por los afectados y que, a través de sus representaciones en el Consejo Universitario, se tomen los acuerdos pertinentes.

Las fortalezas de la UAP superan sus debilidades: ha diversificado sus opciones profesionales, fortaleciendo sus postgrados, descentralizado la enseñanza, mejorado la eficacia terminal y consolidado su planta y cuerpos académicos. Esos esfuerzos no han sido retribuidos por las administraciones públicas y hay ofensiva presupuestal que mina su existencia. La solución a la crisis financiera no está reduciendo su presupuesto, sino ampliándolo y para ello deben ser modificadas las políticas públicas en general y las educativas en particular. No es posible que el gobierno federal reprivatice carreteras, privatice la generación de fuentes energéticas y asuma el pago de dudoso rescate bancario en detrimento de los servicios básicos, entre ellos, el de educación. Las universidades públicas somos la solución para un desarrollo sustentable, con democracia política, equidad y justicia.

*Texto leído en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla en el debate de planillas académicas a la Consejería universitaria, martes 20 de marzo de 2007.