Hay poco interés en la población para hacer uso del acceso a la información, dijo Buxadé

Martha Garrido Ortega

Josefina Buxadé Castelán, comisionada de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP), aseguró que por falta de información, los ciudadanos aún no se interesan por hacer uso del derecho al acceso a la información, esto a pesar de que en Puebla ya se cumplieron 13 meses desde que dicha disposición entró en vigor.

“Si a veces los mismos medios de comunicación tienen lagunas sobre su uso, imagínense la población en general que no tiene mucho conocimiento de la ley, de los procedimientos de la Comisión y no se diga de la gente que vive dentro del estado”.

“Falta mucha difusión, tenemos que entender que es un derecho, tenemos muy poco tiempo con estas leyes a nivel nacional y local, entonces es un proceso de aprendizaje y hay que ejercitarlo, difundirlo y hacer talleres, entre otras cosas; existe mucho trabajo por hacer”, puntualizó Buxadé Castelán.

Durante su participación en la mesa de trabajo insistió al decir que esta falta de información ha generado muy poco interés de la ciudadanía por saber de qué retrata el acceso a la información y para qué sirve, incluso habló sobre la desconfianza y la poca credibilidad que hay de la población hacia el gobierno.

Buxadé Castelán informó que el poco interés en esta ley se refleja en el número de solicitudes que ha hecho la población a los distintos niveles de gobierno: desde que la ley entró en vigor en 2006 se han recibido poco más de mil 200 solicitudes, de las cuáles sólo fueron reportados a la CAIP 29 recursos de revisión, sólo nueve de ellos se resolvieron a favor de los ciudadanos.

Explicó que uno de los principales problemas en la forma en la que se está aplicando el acceso a la información es que la CAIP sólo cuenta con información cuantitativa y no cualitativa; es decir, saben cuántas solicitudes se están llevando a cabo en los distintos niveles de gobierno porque reciben los reportes, peor no saben qué es lo que se está preguntando y cómo se está respondiendo, solamente tienen conocimiento de ello cuando se presentan los recursos de revisión, los cuales han sido muy pocos.

“La CAIP tiene conocimiento del problema que enfrenta la ciudadanía a través de comentarios de ellos mismos, sobre todo si no hay recursos de revisión; el procedimiento de pago de información es complicado, la gente no sabe los tiempos para presentar un recurso y eso provoca que se le pase”, agregó.

Durante la mesa de trabajo se habló sobre la reforma constitucional que se aprobó en la Cámara de Diputados, mediante la cual se le dará el carácter de organismos autónomos a las comisiones de acceso a la información de los estados; esto debido a que actualmente se les conoce como órganos auxiliares del gobierno del estado a pesar de que su actuar sea independiente.

Con esta constitucionalización también se busca uniformar las distintas leyes de acceso a la información que hay en el país debido a que todas son distintas; aún falta que la iniciativa sea aprobada por el Senado y por el Poder Ejecutivo para que después los Congresos locales los adecuen a su legislación.

Las anteriores observaciones fueron hechas por Josefina Buxadé Castelán, quien es integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública. La funcionaria consideró que la situación antes descrita es resultado de la falta de difusión de la legislación en cuestión.

Esta situación pone una vez más en evidencia que el derecho a la información no es tema que realmente preocupe a legisladores y gobernantes de Puebla. Es un asunto que por haber sido una “moda política” se permitió que se creara una ley en la materia que, aparte de no conocerse por parte del grueso de la población, tiene graves deficiencias que la descalificaron desde que fue aprobada por el Congreso local.

Más allá de lamentarse, lo que deben hacer académicos y las organizaciones sociales es volver a demandar a las fuerzas políticas representadas en el Congreso retomar el tema y exigir una reforma de fondo a la Ley de Acceso a la Información, además de garantizar fondos públicos para que existan organismos e instrumentos que permitan conocer y utilizar dicha legislación.

Mientras esto no ocurra, no podrá revertirse el descrédito que sufren los poderes públicos ni se avanzará en Puebla en el combate a la corrupción y abusos de funcionarios gubernamentales.