OPINIÓN

La UAP, ¿el poder de la razón o las razones del poder?

Wulfrano Torres Pérez*

Dentro de la universidad, se ha impuesto un estilo de dirección y de gobierno autoritario donde se reconoce la lealtad, léase obediencia, al poder y se descalifica o desprecia a las opiniones divergentes. En poco más de una década la UAP pasó de ser una universidad crítica, libre pensadora, defensora de las más nobles causas sociales, y contestataria a los gobiernos corruptos, a ser una institución gobernada por priistas que se han enriquecido y la han usado como un trampolín para su carrera política.

Las tres últimas administraciones universitarias que hemos tenido en la UAP (incluyendo la actual), se han caracterizado por ser simples operadoras y defensores a ultranza de la política educativa neoliberal que atenta contra los principios de la universidad pública a pesar de que gracias a ella se formaron. Dicha política se ha traducido, entre otras cosas, en el incremento de las cuotas y servicios escolares, la restricción significativa de la matrícula para ingresar a la universidad, condenando así a miles de jóvenes al desempleo o a engrosar las estadísticas de la migración; al mismo tiempo, somos testigos de la exagerada proliferación de “universidades particulares,” (la educación vista como un negocio) que por cierto son propiedad de muchos funcionarios y ex funcionarios de la UAP (¿verdad, señor rector?). Todo esto sin contar con el control que se ejerce sobre los sindicatos universitarios blancos, para imponer medidas ilegales contra los derechos de los trabajadores e intentar con ello aliviar los problemas financieros de la universidad a costa de sus derechos legítimamente conquistados.

Es alarmante el cinismo con que ambas instancias (la sindical y la institucional) se han coludido para atentar contra los derechos de los trabajadores. Es muy grave que en una universidad pública se violen las más elementales garantías y conquistas laborales, pero es más grave aún que en un espacio social donde debería privilegiarse la inteligencia, el diálogo y el respeto a la diversidad, nuestras autoridades con sus acciones intimidatorias e irracionales demuestran su intolerancia que les impide reconocer sus limitaciones, su arrogancia que les impide abrir canales de diálogo para que hable la inteligencia y su menosprecio por los derechos de los trabajadores que hacemos posible, junto con los estudiantes, el prestigio de nuestra universidad.

Es insultante, a nuestra dignidad e inteligencia, la forma en que nos están imponiendo las violaciones a nuestros derechos laborales. En días pasados, varios trabajadores en posibilidad de jubilarnos recibimos una carta de la institución donde se nos invita a que pasemos a la oficina de la abogada general a firmar un documento donde estamos de acuerdo en posponer de manera indefinida el uso de este derecho, a cambio, nos ofrecen un “jugoso aumento” del 6.5 por ciento a nuestro salario. Sin embargo, ésta oferta o ganga (por no decir “zanahoria”) sólo se hará efectiva si firmamos dicha carta compromiso. Señores funcionarios me sorprende su imaginación para motivar en los trabajadores su filantropía por la educación; a qué mentes tan brillantes se les pudo haber ocurrido ofrecernos: una fila especial para solicitar consulta en el HU, y además un cajón de estacionamiento, realmente suena muy seductor, lástima que no todos los trabajadores cuentan con un auto (por cierto, ¿en este paquete estamos incluidos los que trabajamos en el área del Carolino?, porque, para variar, los funcionarios y el personal de vigilancia ya tienen título de propiedad de las calles aledañas).

Señor rector, son varias las preguntas que me hacen dudar de las buenas intenciones de los promotores de éstas medidas: ¿cuándo, cómo, quiénes y con base en qué criterios legales aprobaron ampliar el periodo de las jubilaciones; así como el ilegal e inmoral descuento forzoso del 4 por ciento como Fondo de Seguridad Social para la adquisición de medicamentos?, y que sumado al actual 3 por ciento para el Fondo de Jubilaciones y Pensiones suma el 7 por ciento de descuento a nuestro salario: En esta lógica neoliberal, ¿los trabajadores estaremos obligados a enfermarnos para recibir nuestro lote de medicamentos y justificar así cada quincena dicho descuento, o es parte de nuestro altruismo universitario? ¿Desde cuándo la firma de un nuevo contrato es para lesionar los derechos ya conquistados por los trabajadores?; ¿en esas condiciones autoritarias e ilegales pretende convencernos para permanecer solidariamente en la universidad?; o es que usted, simplemente, obedece órdenes del gobierno usurpador de Calderón para que los trabajadores terminemos financiando la educación superior? ¿No le parece que en su calidad de rector, está obligado legal, moral, intelectual y socialmente hablando a encabezar la defensa de nuestra universidad, pero no a costa de sus trabajadores? ¿A qué se refiere cuando dice que está abierto al diálogo y que en la UAP existe un ambiente democrático?

Cuáles son los costos que está pagando nuestra universidad frente a este modelo mercantil de la educación?, aquí sólo mencionaré algunos:

a) La ausencia de un proyecto académico alternativo al modelo neoliberal de la educación superior; hace falta construir una propuesta propia y apropiada, que se sustente en principios orientadores de tipo ético, social, profesional e intelectual comprometida más con los problemas locales y nacionales que con los intereses de la clase gobernante y que además integre, respetando la autonomía, los esfuerzos de las diferentes unidades académicas.

b) Una seria crisis financiera. El sometimiento incondicional y acrítico de la clase política universitaria a manos del gobierno (estatal y federal) en turno, así como su divorcio con la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores), hace prácticamente imposible que nuestras autoridades encabecen una firme defensa de la universidad frente a la política predadora de la educación del actual gobierno; además de los costosos privilegios que tienen nuestros funcionarios.

c) Un modelo de gobierno autoritario y centralista que vigila y restringe la libre expresión de las ideas y que controla los procesos electorales para elegir democráticamente a las autoridades de las unidades académicas (los famosos “candidatos únicos”, que no de unidad) y donde el voto de un director vale lo mismo que el voto de la mitad de la planta docente junta (¿este es el modelo de democracia en el que estamos formando a las nuevas generaciones de mexicanos?).

d) No existen mecanismos que garanticen una información sobre el uso y administración transparente de los recursos, las becas, etcétera. Hay un manejo poco transparente de los recursos y el gasto discrecional del que hacen uso las autoridades; salarios y prestaciones de privilegio de los que disfrutan los funcionarios (¿alguna vez se les ha visto recibiendo atención médica en el hospital universitario?). Existe además, un derroche y dispendio del presupuesto para gastos de publicidad en beneficio de la imagen del rector en turno (gastos que debieron ser considerados como parte de la precampaña para la presidencia municipal de Enrique Doger).

e) La ausencia de un reglamento de admisión y promoción de los académicos. Ya no existen los exámenes por oposición, ahora cada director contrata profesores de manera discrecional, por hora/clase y sin prestaciones laborales.

f) Con el propósito de mantener la “estabilidad” se evita en lo posible las reuniones de los cuerpos académicos y se restringe la participación en los órganos de gobierno.

Finalmente señores funcionarios, para no verme como un renegado y miserable trabajador universitario que sólo le preocupan sus intereses frívolos de sobrevivencia, les presento estas modestas propuestas:

Que parte del dinero que actualmente utilizan en publicidad, lo destinen para difundir en toda la comunidad universitaria, la situación que guarda la administración universitaria, los ingresos, las partidas, los gastos de operación y cuenta corriente, los salarios prestaciones de los funcionarios, etcétera. De manera que hagamos conciencia de las condiciones financieras en que está la universidad.

Con base en esa información, y como autoridades universitarias (aquí incluyo por supuesto al Consejo Universitario) encabecen foros de reflexión y discusión para la presentación de propuestas viables a los problemas más urgentes y prioritarios de la universidad.
Asumir una postura pública de rechazo a la política económica del actual gobierno impuesta a la educación superior, denunciando el abandono en que se está dejando a la universidad pública.

Respetar las formas de organización laboral que decidan de manera autónoma los trabajadores universitarios.

La universidad no sólo es nuestra fuente de trabajo, representa mucho más, como universitarios estamos concientes de la importancia de la educación para nuestro pueblo, y que son cada vez más las familias cuyos hijos no tienen acceso a este derecho; ante un gobierno para el que la educación de su gente no es una prioridad, porque la considera como una mercancía, es necesario sumar esfuerzos para defender a la universidad pública. Estoy seguro que si como autoridad, nos invitarán a dialogar a los que formamos parte de la comunidad universitaria, sabremos encontrar y construir soluciones y sobretodo emprender acciones más legítimas y viables a los problemas que atentan contra un patrimonio de todos los mexicanos como es la universidad pública.

*Profesor de Psicología de la UAP.