OPINIÓN

En defensa de la universidad pública, ¿con o a pesar de la burocracia universitaria?

Wulfrano Torres Pérez

Para un gobierno confesional como el actual, la educación pública no aparece entre sus prioridades; de acuerdo con su conservadurismo dogmático, la religión puede sustituir a la educación. La visión empresarial del gobierno panista, así como su vocación servicial a favor de esos intereses, ha propiciado la privatización y comercialización de la educación, especialmente de la educación superior. Se trata desde esta perspectiva, de que el gobierno gaste cada vez menos en dicho rubro y que sólo estudie el que pueda pagar. En 2005 el gobierno de Fox destinó más presupuesto para pagar los intereses del Fobaproa (227 mil 616 millones de pesos) que para la educación (204 mil 927 millones de pesos).

¿Qué tipo de país estamos construyendo con esta política educativa tan irresponsable como discriminatoria?; ¿cómo podremos sobrevivir y competir en un mundo globalizado con estos índices tan pobres en educación?; ¿a qué tipo de empleos se refiere el gobierno empresarial de los panistas con su visión mercantil de la educación?, se referirán acaso a los empleos con salarios de hambre en las maquiladoras, al crecimiento de la economía informal o a el aumento de la migración?.

Es impostergable que los universitarios (incluyendo a sus funcionarios) hagamos conciencia y emprendamos acciones para la defensa de la educación superior y particularmente de nuestra universidad; pero no a costa de los derechos legítimos de sus trabajadores. Atentar contra sus derechos es atentar contra la universidad. La política neoliberal ha golpeado seriamente a todos los trabajadores y resulta absurdo pedirles más sacrificios. Ya se nos impuso de manera unilateral, el cobro de una cuota mensual para el retiro, pero nuestros compañeros jubilados no reciben en tiempo y forma la parte de la liquidación que les corresponde; desde hace más de 10 años no existen promociones para el personal académico y el deterioro de nuestro salario es cada vez más alarmante. Mientras que los profesores de la SEP afortunadamente cuentan con el programa de “carrera magisterial” que les permite tener acceso a incrementos permanentes en su salario, los universitarios tenemos que refrendar cada año los méritos para acceder a raquíticas y limitadas becas al desempeño académico.

Por si esto no fuera suficiente, ahora en complicidad con las dirigencias de los sindicatos blancos, las autoridades universitarias pretenden que los trabajadores (académicos y no académicos) firmemos un documento donde aceptemos que se violen nuestros derechos de jubilación. Es necesario recordarles a nuestros “representantes sindicales” que ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, de manera que si se decide ampliar el periodo para la jubilación esto no puede aplicarse a trabajadores en activo que fueron contratados con los estatutos laborales que en su momento estaban vigentes; además resulta absurdo pedirle a los trabajadores que renuncien a derechos laborales ya conquistados.

Es lamentable que las nuevas generaciones de nuestros estudiantes se vean privados de la experiencia y conocimiento de los docentes en edad de jubilarse y que ahora sean sustituidos por profesores hora clase, contratados de manera discrecional y sin examen por oposición. No son pocos los académicos jubilados en nuestra universidad que están siendo captados por las universidades privadas, esta es una nueva forma de golpear a las universidades públicas, objetivo que forma parte del modelo neoliberal de la educación.

Sin embargo, hace falta impulsar una política de estímulos, apoyos, reconocimientos al trabajo que tanto académicos como no académicos realizamos cotidianamente en nuestra universidad; un plan de acción que motive a los trabajadores para su permanencia y no la imposición de medidas antilaborales que nos obliguen a realizar nuestro trabajo; esa es la lógica en la se basa el modelo mercantil de la educación que se nos quiere imponer. Aunque esto ilegalmente sea posible, no es el mejor camino para estimular el desarrollo de nuestra institución.

O acaso nuestras autoridades universitarias esperan que los trabajadores terminemos financiando la educación superior?, o la opción será que se limite cada vez más el ingreso de los jóvenes poblanos a la universidad y se incrementen las cuotas escolares?. ¿Cómo nos pide a los trabajadores que renunciemos a nuestros legítimos derechos y al mismo tiempo se mantienen privilegios a los funcionarios (autos, gastos de representación, acceso a servicios médicos particulares, etcétera). Qué tipo de racionalidad puede justificar el que los exdirectores continoen cobrando el mismo salario durante cuatro años posteriores a su gestión?, cómo explicar los exagerados gastos en publicidad, en la adquisición de tirajes completos de seudo periódicos que sólo se encargan de promover la imagen de la burocracia universitaria y que nadie lee?

Frente a esta situación y ante la ausencia de una política de estímulos y reconocimientos a su trabajo, no es raro que muchos académicos en edad de jubilarse opten por hacer uso de este derecho.

El desafío que hoy enfrentamos los universitarios es saber si tenemos la capacidad, la inteligencia y la voluntad para impulsar el desarrollo de nuestra institución, asumiendo nuestra responsabilidad, pero al mismo tiempo demandando el cumplimiento por parte del Estado, para garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación superior.

Señor rector, con el debido respeto y en mi calidad de universitario, lo invito a usted y por su conducto al H. Consejo Universitario a convocar a una consulta y discusión pública al interior de nuestra institución en torno a los graves problemas que atentan contra la educación pública y particularmente contra nuestra universidad (patrimonio de todos los poblanos), para que juntos y a la sombra de nuestra diversidad, construyamos soluciones para su defensa, sin necesidad de sacrificar a nadie. Estoy convencido de que en cualquier tipo de convivencia, y especialmente en el ámbito universitario, es necesario abandonar nuestras actitudes autoritarias y antidemocráticas para dar paso a la inteligencia y al diálogo.

* Profesor de la Fac. de Psicología, UAP