Con policías judiciales y cerrando accesos a la CDH, el ombudsman responde a manifestantes

Martín Hernández Alcántara

En la sede de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla (CDH) imperó ayer el talante típico de cualquier dependencia en un gobierno autoritario: elementos de la Policía Judicial afuera del recinto estaban prestos a detener a cualquier persona que osara manifestarse contra el presidente del organismo, Manuel Cándido Flores, mientras un celoso guardia dentro del recinto impidió la entrada a los ciudadanos que pretendían ingresar al recinto y hasta se atrevió a arrancar las pancartas de repudio que pegaron en la puerta y la fachada algunos detractores del ombudsman.

Integrantes de diversas organizaciones no gubernamentales se manifestaron a las afueras de la CDH, la cual se encontraba cerrada en horario de atención / Foto: José Castañares

Desde la víspera se rumoró que Flores Mendoza se había comunicado a la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad del gobierno estatal para pedir el auxilio de la fuerza pública a fin de que desalojara a los quejosos que se presentarían en el edificio de la CDH, por “órdenes” del primer visitador del organismo Julián Germán Molina Carrillo, su peor adversario desde que el primero asumió la conducción de la Comisión; sin embargo, pasadas las 10 de la mañana no había más de una docena de personas afuera del edificio ubicado en las inmediaciones de Plaza San Pedro.

Pese al reducido número de manifestantes, el ombudsman dispuso una nueva política, a todas luces inusual en un organismo que, se supone, tiene la vocación de abogar por las garantías universales, entre ellas, el libre tránsito y la libertad de expresión.

Flores Mendoza ordenó que se cerraran las puertas al público, y por un espacio de más o menos hora y media nadie pudo ingresar al inmueble. Nadie que no fuera conocido por funcionarios de la CDH; por ejemplo, los reporteros que habitualmente cubren las actividades y escándalos provocados por el presidente de la Comisión o el activista Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Joel Arriaga Navarro”, quien arribó al sitio no para manifestarse contra el ombudsman –ya que no es gente de Germán Molina–, sino para entregarle copia de un oficio entregado minutos antes en el Congreso local, mediante el cual se solicita al Legislativo que se le investigue “por una serie de actos que podrían constituir algún tipo de delito”.

Posteriormente, en una entrevista, el presidente de la CDH intentó justificar la rigidez exhibida pretextando que la Comisión “va a modernizarse” y que por eso de ayer en adelante cualquier persona que quiera entrar a la sede tendrá que registrarse.

Una reportera le cuestionó al ombudsman cómo se atrevía a decir que la Comisión era una instancia de “puertas abiertas” cuando se impedía el acceso de los ciudadanos y hasta se les arrancaban las pancartas en las que expresaban su repudio hacia él. Flores Mendoza respondió que los periodistas que lo entrevistaban habían podido acceder sin problemas y que lo mismo sucedió con Fernando Cuéllar. Empero, sólo éste grupo de no más de seis personas tuvo el “privilegio” de poder entrar al edificio.

La protesta interna

A las 10:20 de la mañana nada extraño parecía suceder en el inmueble de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla. Salvo un hecho insólito: las puertas estaban cerradas en horario de apertura obligada. Afuera una decena o poco más de personas platicaban entre sí, algunas con pancartas. Pocos se atrevieron a pegarlas en la puerta y la fachada, pero el policía que estaba adentro salió sólo para arrancar las que pudo y luego se volvió a meter.

Entre los que estaban afuera se distinguía al menos media docena de hombres con chalecos y una percha de policías que llamaba poderosamente la atención, porque apuntaban lo que oían y veían.

Fue Cuéllar Muñoz quien se encargó de confirmar la identidad y propósito de los enchalecados: “Son policías judiciales, los mandó a traer el presidente de la Comisión para amedrentar a la gente... ¡esto es el colmo, esto sólo puede suceder en un estado donde gobierna el góber precioso!”.

Tres periodistas tocaron el timbre y pidieron hablar con el ombudsman, el policía les dijo que no estaba, entonces solicitaron entrevistar a Germán Molina. La respuesta siempre fue la misma. Así se siguieron con cada uno de los visitadores sin tener éxito. En esas estaban cuando el primer visitador ingresó al edificio evadiendo preguntas. El titular de Comunicación Social, Héctor Jesús Pérez Suárez, se apersonó en la entrada, y dijo que los reporteros podían entrar, “sólo los periodistas por favor”, aclaró amable, cuando Fernando Cuéllar intentó colarse.

Minutos después se supo que Cuéllar pudo ingresar cuando Manuel Cándido Flores Mendoza hizo su aparición en el sitio para conceder una entrevista.

“¡No pasa nada!, ¡no pasa nada!”, dijo el ombudsman al ver a los informadores que lo aguardaban en el tercer piso. Parecía agitado. Más tarde, quienes lo entrevistaron se enteraron por otros colegas que a la entrada del edificio un grupo de trabajadores de la Comisión lo increpó y le reclamó por el terrorismo laboral que ha practicado desde su llegada al organismo.

Los empleados repartieron un documento, en cuyas partes centrales se transcriben íntegras a continuación:

“Los trabajadores: ‘personal administrativo, profesional y de confianza’ que actualmente prestamos nuestros servicios en la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, por este conducto nos dirigimos a ustedes para manifestar nuestra inconformidad en contra de la actuación del presidente de la Comisión, Lic. José Manuel Cándido Flores Mendoza, por el clima de hostigamiento laboral y violación a los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución General de la República y en la Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del estado, y que han sido denunciado en su oportunidad por los medios de comunicación, sin que hasta este momento se haya dado una solución definitiva y que evite se sigan violando nuestros derechos como trabajadores de una institución tan noble como lo es la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, por lo cual les pedimos su inmediata intervención para que cesen los actos que en seguida denunciamos:

“1. Cesen los despidos injustificados del personal administrativo, profesional y de confianza que se han dado desde el inicio de la gestión del actual presidente de la Comisión, quien con el fin de colocar a personas de su empresa Afianzadora Insurgentes, ha contratado a personal carente de experiencia en la materia.

“2. Se impida el despido injustificado del segundo visitador general de la Comisión, Lic. Enrique Zepeda Camacho, a quien se obligó a firmar su renuncia el día 2 de febrero del presente año, por no aceptar confabularse para instrumentar el despido injustificado del primer visitador general, por lo que exigimos su reinstalación inmediata a su cargo y que no se asigne en su lugar a la “Lic. Sandra Caro Estupiñán”, trabajadora de la empresa del licenciado José Manuel Flores, quien no cuenta con conocimientos en la materia y ya ha sido nombrada al cargo.

“3. Se nos otorguen los incrementos salariales, que desde hace dos años se han dado a los demás trabajadores al servicio de los poderes del estado y que nos han sido negados por Flores Mendoza, quien en la segunda quincena de enero de este año aplicó un descuento del 10 por ciento al salario del personal de confianza de la Comisión, sin tomar en cuenta que la Comisión de Derechos Humanos es un organismo autónomo y que administra su propio presupuesto aprobado por el H. Congreso del estado.

“4. Se establezca igualdad de salarios dentro del personal administrativo (taquimecanógrafas).

“5. Se otorguen bases en los puestos de personal administrativo que labora en la Comisión, jornadas laborales conforme a la ley y las prestaciones que gozan los trabajadores al servicio de los poderes del estado.

“6. Se establezca el servicio profesional de carrera de los trabajadores de la Comisión con la finalidad de que se les otorgue capacitación y puedan ascender escalafonariamente y de acuerdo con su rendimiento pueden mejorar sus ingresos.

“Conforme a lo anterior, comunicamos a ustedes que ante la indiferencia que han tenido nuestras demandas por parte del H. Congreso del estado, este día hemos decidido realizar un paro de actividades hasta que se cumplan las siguientes demandas:

“1. La destitución inmediata del licenciado Manuel Cándido Flores Mendoza como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla.

“2. La reinstalación del Lic. Enrique Zepeda Camacho como segundo visitador general de la Comisión y no más despidos.

“3. La basificación del personal administrativo de la comisión y el pago de los aumentos salariales y prestaciones que se nos han negado por parte del presidente del organismo.

“4. Se respete el horario de trabajo establecido en la Ley Federal del Trabajo, que goza el personal burocrático de los poderes del estado, que su entrada es de 8 a 15 horas.

“5. Respeto a nuestros derechos laborales y cese el clima de persecución y hostigamiento que ha venido llevando a cabo el Lic. José Manuel Cándido Flores Mendoza desde su llegada a la Comisión, atentando en contra de nuestra dignidad como personas y trabajadores.

“6. Que se nos garantice un ambiente de trabajo propicio para sacar adelante las demandas de todas aquellas personas que acuden a la comisión y que esperan ser apoyadas en sus quejas y trámites.

7. Se revise la actuación del Consejo Consultivo de la Comisión, que no se ha reunido con el quórum legal y que ha dejado que el licenciado Manuel Cándido Flores manipule las decisiones y el presupuesto de acuerdo con sus intereses.

8. Se solicite a la Sedecap lleve a cabo una “auditoría integral” a toda la gestión de Flores Mendoza para determinar “cuál ha sido el uso que le ha dado a los recursos del organismo”.