Aprueba Congreso proceso para evaluar a siete magistrados de plazo cumplido

Juan Luis Cruz Pérez

El presidente de la Comisión Especial Evaluadora de la LVIII Legislatura local, Pedro Tecuapacho Rodríguez presentó el dictamen en el que establece que dichos lineamientos se basan en el mandato dictado por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a través de la resolución que emitió respecto de la controversia 107/2006.

El pasado 8 de enero los integrantes de la SCJN declararon parcialmente inconstitucional el decreto por el cual los integrantes de la LVIII Legislatura local pretendieron evaluar a los siete magistrados del Poder Judicial de Tlaxcala de tiempo cumplido, pues consideraron que el proceso insaturado, en su mayoría, es violatorio de la autonomía del TSJE.

Ese día, por mayoría de votos, los ministros determinaron que es ilegal la pretensión de los diputados –encabezados por el propio Tecuapacho Rodríguez– de evaluar a los magistrados a través de la revisión del sentido de sus resoluciones, así como la visita a las ponencias de las distintas salas del Poder Judicial.

Ante esa resolución, este jueves los diputados no tuvieron otra alternativa que enmendar su enésimo yerro y dejaron sin efecto dos puntos del acuerdo inicial emitido en abril de 2006, por los cuales determinaron revisar el sentido de las resoluciones de los expedientes atendidos por los magistrados y visitar las ponencias de los siete juzgadores de plazo cumplido.

Por ello eliminaron esas dos disposiciones y, de paso, facultaron a Tecuapacho Rodríguez para que solicite a los magistrados Yolanda Camarillo López, Sandra Juárez Domínguez, Carlos Bertín Vázquez Paúl, Rufino Mendieta Cuapio, Ricardo Eulalio Pérez Zárate, Marcelino Tlapale Pérez y el presidente del TSJE, Luis Aquiáhuatl Hernández, los informes escritos y “de no haber inconveniente legal o material, remitan expedientes, libros o legajos que se estimen necesarios para cumplir con su obligación de evaluación, con lo cual se evitaría la intromisión y que el Congreso local tenga a su alcance los elementos suficientes para evaluarlos”.

Además, el pleno ordenó a los integrantes de esta Comisión Especial Evaluadora que antes del 25 de marzo próximo sometan los dictámenes personales e individualizados a la consideración del pleno del Congreso para que decida sobre la ratificación o no en el cargo de los magistrados de plazo cumplido.