CUITLATLAN

Persisten las sospechas sobre la gestión de Roberto Morales

Fermín Alejandro García

El año pasado la Sedecap dio la versión de que Roberto Morales estaba libre de toda culpa acerca de presuntos actos de corrupción ocurridos en la Ssa, pero no se conoce públicamente un documento que exponga qué se ha investigado y se sustente por qué no tendría ninguna responsabilidad el titular de la Secretaría de Salud. También en 2006 se separó de su cargo a Marco Antonio Rivera Ramírez, quien era el director de Operación e Infraestructura de dicha dependencia, por ser señalado como posible responsable de muchas de las anomalías, pero hasta ahí han llegado las cosas.

El pasado 20 de junio, mediante el oficio CGDC-460/2006, la Sedecap informó al Congreso local que había dos expedientes abiertos contra Marco Antonio Rivera, pero de ahí en adelante no se ha dado a conocer nada al respecto, pese a que integrantes de la Comisión de Salud del Poder Legislativo han pedido que se aclare qué sucedió con todas las acusaciones de corrupción que se han conocido de la Ssa.

Discreción con dinero del Seguro Popular

En el primer año de la gestión del actual gobierno estatal, Puebla recibió entre 500 y 600 millones de pesos destinados al Seguro Popular, que en ese entonces era uno de los programas más importantes del gobierno federal.

El problema con este dinero es que hasta finales de 2005 la Secretaría de Finanzas y Administración del estado de Puebla (SFA) se dio cuenta de dicho presupuesto, cuyas partidas eran entregadas directamente de la Federación a la Ssa, sin que pasara por la SFA. Esta situación propició que por lo menos la mitad del monto total fuera manejado discrecionalmente por Roberto Morales.

Apenas hace un mes, un par de funcionarios de la SFA de alto nivel le confirmó a un legislador local que ha estado atento de lo que pasa en la Ssa que efectivamente la mitad de los fondos del Seguro Popular de 2005 únicamente habrían sido manejados por el titular de la Secretaría de Salud.

Cuando en la Secretaría de Finanzas se percataron de ese problema, se creó en la Ssa una subsecretaría de Finanzas a cargo de gente de David Villa Issa, quien es el subsecretario de Egreso de la SFA, para evitar que de nuevamente ocurriera una situación similar.

¿Cuál es la gravedad de que esto haya ocurrido? Se tiene la sospecha de que probablemente el dinero del Seguro Popular se habría utilizado para comprar medicamentos e insumos, para pagar nóminas completas del Hospital General y de la Mujer, resolver problemas laborales del Hospital del Niño Poblano y de construcción y mantenimiento de diferentes unidades médicas.

Se supone que el Seguro Popular no se puede utilizar para esos fines.

Quienes confiaron esta información al tecleador de esta columna sostuvieron que será muy difícil poder investigar si ha existido esta situación, toda vez que no parece haber voluntad política para esclarecer las anomalías que se han denunciado en la Ssa.

El Seguro Popular es un programa destinado para atender a la población que carece de seguridad social o de posibilidades económicas para acudir a la medicina privada; sin embargo, se ha sabido que en algunos lugares del estado ante la falta de medicamentos los usuarios de ese programa tienen que comprar parte de las medicinas después de acudir a una consulta de atención primaria.

Las ambulancias y los medicamentos de Ajalpan

A lo largo de 2006 un par de trabajadores de la Secretaría de Salud denunció ante instancias legales una serie de anomalías que ocurrían en la jurisdicción sanitaria 10 con sede en Tehuacán, cuyo administrador era Francisco Pablo Astudillo Sánchez. Las denuncian eran sobre el hospital de Ajalpan, e iban desde el uso indebido de ambulancias hasta el mal manejo de medicamentos y hostigamiento laboral contra quienes se habían atrevido a revelar lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con una denuncia que entregó en el Congreso local el pasado 9 de enero de este año uno de los involucrados, Mariano Eugenio Cariño Sánchez, reveló que en el hospital de Ajalpan se obligaba a los familiares de enfermos a pagar la gasolina de ambulancias, o de lo contrario no se les brindaba el servicio, pese a que son vehículos de la Ssa y se supone que es parte del Seguro Popular.

Narra que las ambulancias llegaron a finales de 2005. En un principio se dijo que como dichos automotores no estaban en el presupuesto de ese año, no había una partida para gasolina. Al inicio fue creíble esa versión, pero ese mismo comportamiento se observó a lo largo de 2006 y asegura que en este año sigue ocurriendo.

Lo grave de ello es que no se daba recibo a las personas que se veían obligadas a pagar el servicio de ambulancia.

Esto hace suponer que existe un robo del combustible destinado a estos automotores, mismos que en ocasiones han sido utilizados por funcionarios del nosocomio de Ajalpan para hacer compras en un centro comercial o que han sido manejados por personas que no se ajustan a las normas existentes.

Otro denunciante es el radiólogo José Manuel Gálvez Ramírez, quien desde el 10 de octubre de 2006, ante la Sedecap expuso que en el hospital de Ajalpan había muchos medicamentos que se estaban echando a perder debido a que no eran entregados a la población que acudía a consultas o atención hospitalaria, y en cambio, a los pacientes se les decía que no había medicamentos y se les sugería comprar los fármacos en un establecimiento comercial ubicado estratégicamente frente al hospital.

A Gálvez Ramírez –afirma en un acta que levantó Sedecap– lo empezaron a hostigar laboralmente a partir de que denunció que le pidieron quemar una parte de los medicamentos caducos y se negó.

En ese mismo escrito relata que existe acoso contra los galenos que se han negado a dichas prácticas, que incluye que el hospital y su equipo se están utilizando para consultas privadas, pese a que es un nosocomio ubicado en una de las zonas más pobres del país.

La Ssa respondió a estas acusaciones –que fueron ventiladas en la prensa local de Tehuacán– señalando que eran falsas y los autores lo que únicamente querían era manchar la imagen de la institución.

Al final, los dos denunciantes fueron despedidos de la Ssa a principios de este año. Mientras que el administrador de la jurisdicción sanitaria fue removido.

Ahí terminó todo, sin que se conozca si se investigaron estas denuncias.