La PGR tiene pruebas de que empleados del CESP espiaron al Frente Cívico Poblano
Martín Hernández Alcántara
La Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder discos compactos con conversaciones de integrantes del Frente Cívico Poblano (FCP) que les decomisó a los dos empleados del Consejo Estatal de Seguridad Pública que fueron sorprendidos espiando una asamblea de la organización el 22 de marzo del año pasado.
Hasta ahora, la dependencia mantiene abierta las investigaciones contra el titular del Consejo, Alejandro Fernández Soto, quien desde finales de marzo del año pasado no ha tenido actividad pública, pero ya fue exonerado de cualquier responsabilidad administrativa por la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública.
El titular de la secretaría, Víctor Manuel Sánchez Ruíz, declaró a finales de noviembre del año pasado que por el caso del fisgoneo sólo fueron investigados y sancionados Fernando Orellana del Pozo y Juan Fernando Cordero García, quienes utilizaron una camioneta del consejo y equipo de espionaje y comunicación en contra del FCP, cuando esa actividad no estaba autorizada.
Sin embargo, FCP precisó que la causa judicial que el Frente inició contra Fernández Soto en la Procuraduría General de la República (PGR) sigue su curso.
El Poder Ejecutivo local ha dicho, a través del secretario de Gobernación, Javier López Zavala, que independientemente de que no hubo sanción administrativa para Fernández Soto sí hay alguna penalización en contra suya por el espionaje, la administración marinista será respetuosa de lo que determine la PGR.
El asesor jurídico del Frente Cívico Poblano, Jorge Sosa, ha sido quien ha dado a conocer la existencia de los discos compactos que contienen las conversaciones de los participantes de la asamblea del 22 de marzo, que se celebró en las instalaciones del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Puebla (Suntuap).
La historia
La tarde del 22 de marzo pasado, Fernando Orellana del Pozo y Juan Fernando Cordero García, empleados del Consejo Estatal de Seguridad Pública se apostaron afuera del Suntuap para registrar en video una asamblea del Frente Cívico Poblano –que en esos momentos encabezaba las protestas contra el gobernador Mario Marín Torres por su participación en la conjura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro–, pero fueron sorprendidos por integrantes de esta organización, quienes los retuvieron y acudieron a las procuradurías General de Justicia y General de la República a interponer una denuncia de hechos.
La pareja fue descubierta desde las 18 horas, y los activistas dieron aviso a las corporaciones de Seguridad Pública, pero sólo respondió la Policía Municipal, que envió un piquete de uniformados a la zona, que incluso desenfundaron sus armas previniendo una agresión de los sujetos –quienes todo el tiempo se ocultaron dentro de la camioneta blanca sin placas en la que estaban–, lograron dialogar con ellos y luego les informaron a los del frente que los dos hombres se identificaron como elementos de la Policía Judicial. Los gendarmes comunales se retiraron.
Minutos más tarde trascendió entre las personas que estaban en el sitio que la pareja fue enviada por Alejandro Fernández Soto, secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Pasaron las horas, y la gente del Frente seguía pidiendo la llegada de las autoridades y de los medios de comunicación. En la espera, realizaron algunas pintas con plumones y tinta para calzado a la carrocería del vehículo, que poseía una sofisticada antena de transmisión –la cual cubrieron con periódico y una bolsa de plástico– y sólo portaba como identificación dos engomados de verificación emitidos por el gobierno del estado de Puebla, uno de 2005 con la clave G383586 y otro del presente año con el registro G015258. Luego se supo que el vehículo pertenecía al Consejo.
Por la noche, personal de la Secretaría de Gobernación, a cargo de Javier López Zavala, se comunicó a esta casa editorial para deslindarse del problema y decir que los dos individuos eran “reporteros” de la empresa TV Mundo, cuyo director es Gabriel Alós Salas, incluso proporcionaron su número telefónico.
La Jornada de Oriente se comunicó con Alós Salas y aseguró que los hombres eran camarógrafos que estaban a punto de ser “linchados”, que la gente del Frente les había “robado una cámara de 60 mil dólares” y “destrozado la suburban”. También manifestó que ambos viajaban con “un agente de seguridad” a quien lograron entregar el video que habían tomado como parte de “un trabajo periodístico”.
Alós también aseguró que la Policía Judicial de la entidad ya estaba enterada del conflicto, pero que no entendía por qué no había intervenido aún. Entonces, pidió: “Quiero que resaltes esto: que yo me comuniqué con Miguel Ángel Yunes (entonces subsecretario de Seguridad Pública), y que él me dijo que va a enviar a un grupo que tiene él en Puebla y que incluso van a llegar en helicóptero. ¡Ojalá que no pase lo de Tláhuac!”.
Se le preguntó al señor por qué sus camarógrafos no mostraban sus identificaciones, para que todo acabara, y él respondió que “los que los quierían linchar se las quitaron”.
Luego le solicitó al reportero su correo electrónico para enviarle un boletín, cuyo primer párrafo acusaba de violencia a los principales activistas del FCP.
“Una turba de manifestantes del Frente Cívico Poblano, encabezados por Ricardo Villaescalera, Samuel Malpica, Eduardo García Suárez, Esperanza Sánchez y Julio Glockner, quienes pedían la renuncia del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, trataron de linchar a dos camarógrafos contratados por la empresa Tv Mundo, Agencia Internacional de Prensa y Publicidad SA de CV, para dar seguimiento informativo a la protesta, reteniendo la camioneta modelo 2006 suburban, ponchándoles las llantas, destrozando a palos y golpes la carrocería acusándoles de ser espías del gobierno estatal” (sic).
El asunto llegó el martes 28 de marzo a La Comisión de Justicia del Senado de la República que inició el análisis de un punto de acuerdo mediante el cual se proponía que la Cámara Alta del Congreso de la Unión pidiera a Marín una explicación sobre las actividades de espionaje.
|
Enviar 
Imprimir