Cinco ejecutados en lo que va del presente año en el estado de Puebla

Martín Hernández Alcántara

Pese a que el gobernador Mario Marín Torres se jactó en su segundo informe de gobierno de que la entidad ocupa los primeros lugares en seguridad pública y que no hay actividad del crimen organizado, en los primeros 18 días del presente año han sido ejecutados cinco hombres con armas de fuego, aunque en todos los casos las autoridades han asegurado que los crímenes tuvieron origen en problemas personales de los occisos.

El homicidio que más ha llamado la atención fue el de Hugo Zárate Álvarez, director de Investigaciones Políticas de la Secretaría de Gobernación estatal, cuyo cadáver fue encontrado con un disparo en la cabeza, dentro de un auto Peugeot color zul rey, sin placas ni permiso de circulación, que fue abandonado en el municipio de San Andrés Cholula.

La Procuraduría General de Justicia asegura que Zárate Álvarez fue asesinado porque sostenía un romance con una mujer y la hija de ésta, de quien ya existe un retrato hablado para iniciar su búsqueda, a fin de esclarecer el delito.

Sin embargo, dentro y fuera del ámbito oficial se ha especulado que Zárate Álvarez pudo haber sido ultimado por asuntos relacionados con su trabajo oficial, pues era el hombre que se encargaba de coordinar tareas de infiltración a organizaciones criminales e investigar la vida privada de políticos y personalidades públicas.

El titular de la Policía de San Andrés Cholula, Víctor Ávila, informó este jueves que el cadáver de Zárate Álvarez fe encontrado sin identificaciones, salvo una credencial que carecía de escudo o logotipo y que textualmente decía “Agente 007 Recursos Humanos”.

Aunque el gobierno del estado ha guardado hermetismo sobre las actividades del interfecto, fuentes de la administración que encabeza el priista Mario Marín Torres que pidieron guardar el anonimato dijeron que la víctima estuvo vinculada buena parte de su vida a Alfonso González, alias “El Gussy”, principal responsable de las actividades de espionaje en el gobierno marinista, pues se conocieron desde que ambos trabajaron para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El martes 16 de enero fue asesinado de un balazo en el abdomen un maestro perteneciente a la sección 51 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), llamado Sabino Cilia Salazar, quien tenía 34 años de edad.

Sobre el crimen, el director de la Policía Judicial, Hugo Isaac Arzola Muñoz, se limitó a declarar: “Hemos estado ya haciendo las investigaciones correspondientes; sabemos que el móvil del crimen es pasional; esta persona tenía relaciones extramaritales, y de ahí se deriva este crimen; estamos dando seguimiento a esta investigación; ya se han presentado algunos testigos, algunas personas que estuvieron momentos antes del crimen, y continuamos investigando”.

Una semana antes, el lunes 8 de enero, fue ultimado también por descargas de arma de fuego Alejandro Hernández Amador, hijo del ex presidente municipal de Xicotepec de Juárez y quien, según la procuradora General de Justicia, Blanca Laura Villeda Martínez, se dedicaba al robo de autos, tenía un deshuesadero y también era amigo de elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI).

En su momento, pobladores de esa región entrevistados vía telefónica por La Jornada de Oriente manifestaron que a Hernández Amador se le conoció como una persona que no tenía vinculación con la delincuencia. Por el contrario, en últimas fechas el hombre de 35 años, nacido en el Distrito Federal y avecindado en la colonia Rincón de Jalpan, se jactaba de haber ingresado a la PFP y presumía que pronto pasaría a formar parte de las filas de la Agencia Federal de Investigación, pues su familia, aparentemente, tiene una buena relación con Ardelio Vargas Rosado, actual director de ambas corporaciones.

La víctima era hijo de Marco Antonio Hernández de la Vega, quien fungió como presidente municipal de Xicotepec de Juárez de 1972 a 1975, bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional, la misma organización que llevó al mismo puesto a Vargas Rosado durante el trienio 1987-1990.

Según los vecinos de La Ceiba consultados, Alejandro Hernández Amador era propietario de un negocio de camiones transportistas de materiales, y también rentaba maquinaria. Rutinariamente el empresario, que dejó en la orfandad a dos pequeños de nueve y 10 años de edad, supervisaba que los vehículos cargaran combustible en una gasolinería ubicada afuera de su comunidad, a la orilla de la carretera México-Tuxpan. Mientras los automotores se abastecían, él aprovechaba para desayunar en una taquería ubicada cerca del negocio.

El 8 de enero, al filo de las 8:40 horas, Hernández Amador no varió su costumbre. En su camioneta Ford Lobo de color guinda, se dirigió al puesto de tacos, propiedad de Jorge Romano. En esos momentos dos jóvenes de entre 27 y 30 años, que arribaron al lugar caminando, llamaron su atención. Alejandro volteó y los sicarios descargaron sus armas. La parte oficial reportó que encontró en el lugar del asesinato 15 cartuchos de pistolas 9 y 38 milímetros.

Las fuentes ciudadanas consultadas aseguran que fueron 16 balazos, de los cuales seis impactaron en el cuerpo de la víctima: uno en cada brazo y los cuatro restantes en el abdomen.

Los homicidas huyeron como llegaron: a pie. Se enfilaron hacia la colonia El Salto, con rumbo al cerro del Tepeyac. Nadie los detuvo, pese a los gritos de las dos mujeres que atendían el puesto de tacos. La gente dice que los disparos que acabaron con la vida de Hernández Amador no se escucharon, por lo que sospechan que los sicarios pudieron haber utilizado silenciadores en sus armas.

Aproximadamente 20 minutos más tarde llegaron al sitio de los hechos elementos de la Policía Judicial. Después hicieron su arribo elementos de la Policía Estatal, Municipal y Auxiliar. Los pobladores aseguran que los uniformados de estas tres corporaciones ni siquiera tienen vehículos propios, por lo que tienen que transportarse, con todo y armas, en automotores del servicio público.

Ese mismo día, el lunes 8 de enero, pero en la capital del estado, fue encontrado un cadáver, que aún no ha sido reconocido, en las inmediaciones de la colonia Los Héroes. El cuerpo presentaba el tiro de gracia, estaba desnudo y envuelto en una cobija.

El miércoles 10 de enero fue asesinado de 26 impactos de arma de fuego Genaro Téllez Lobato, un caballerango de la comunidad de La Ceiba, perteneciente al municipio de Xicotepec de Juárez. Sobre este crimen el agente del Ministerio Público, Ricardo Reyes Montesinos, declaró que fue un ajuste de cuentas, porque el interfecto estaba acompañado de otras dos personas que resultaron ilesas en el ataque.

Además de las cinco ejecuciones, el año pasado también hubo en Puebla asesinatos que parecen tener el sello del crimen organizado.

El viernes 27 de octubre del año pasado, en la misma zona donde ocurrió el homicidio de Alejandro Hernández Amador, fue hallado el cuerpo descuartizado y decapitado del joven Jesús Santos de los Ángeles, cuyo homicidio aún no ha sido esclarecido por la Procuraduría General de Justicia, aunque ya informó que hay órdenes de aprehensión en contra de los presuntos responsables.

Antes, el lunes 4 de septiembre del mismo año, fue ejecutado Teodoro Castillo Madariaga, de quien primero la PGJ dijo que se trataba de un próspero empresario, pero luego corrigió drásticamente tildándolo de delincuente.

Castillo Madariaga fue secuestrado por un comando que en su huida se enfrentó a balazos con la Policía Municipal de Xicotepec de Juárez y hasta hizo detonar una granada de mano.

Según las versiones de testigos de los hechos, uno de los delincuentes se identificó ante los uniformados comunales que intentaron detenerlo como integrante de la Agencia Federal de Investigación. Entre las pertenencias de éstos se halló una credencial de esa organización –no se ha aclarado hasta el momento si es verdadera o apócrifa– a nombre de Jorge Pérez Mendoza, que tenía el número de folio 255981 y la Clave de Registró “nico de Población PEMJ 8111027HDFRS02, emitida el 2 de agosto de 2006.

Trascendió que el arsenal abandonado por los matones fue el siguiente: 150 cartuchos 9 milímetros, 16 cargadores vacíos calibre 22, dos armas largas PM-5 –y un silenciador para éstas–, una pistola calibre 40, amén de un cargador con 40 cartuchos.

Tal como sucedió con Hernández Amador, en los casos de Jesús Santos de los Ángeles y Teodoro Castillo Madariaga, la PGJ aseveró en las primeras horas de las investigaciones que los homicidios no tenían ninguna relación con el narcotráfico, pese a que se sabe que la zona donde se perpetraron está identificada como de tránsito usual para el Cártel del Golfo.