EDITORIAL

LA DEFICIENTE LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

El presidente de la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), Roberto Díaz Sáenz, rindió su segundo y último informe de actividades. El acto destacó por dos razones: la inasistencia de representantes de primer nivel de los tres poderes públicos del estado; y la denuncia de que muchas dependencias oficiales no han cumplido con colocar módulos para atender a los ciudadanos que desean obtener información pública.

Lo que pasó en este acto parece un reflejo de la deficiente legislación que regula en Puebla el derecho a la información. Esta ley no impone sanciones severas contra los funcionarios o instituciones que se nieguen a proporcionar datos solicitados por un ciudadano; además, poco se ha hecho para que el grueso de la población de la entidad conozca qué es la CAIP, cuáles son sus funciones y para qué sirve este organismo.

Con tales antecedentes se puede afirmar que es como si no se tuviera una legislación en esta materia, pues al final de cuentas no se cumple de manera íntegra con garantizar el derecho a la información y que las dependencias públicas se manejen con transparencia.

La creación de una Ley de Transparencia y Acceso a la Información y un organismo encargado de vigilar que se aplique dicha legislación parece que fue resultado más de una moda política que de una preocupación real por combatir la corrupción y el ocultamiento de datos.

Por esa razón, sigue siendo vigente exigir que en Puebla el Congreso local legisle en este tema.