CUITLATLAN

La presencia de los ministros de la SCJN en Puebla

Fermín Alejandro García

Si usted sufre un ilícito, denuncia penalmente al responsable de haber cometido ese delito, y el caso es aceptado por un juzgado, pero luego se entera de que el juez se ha reunido con el acusado y ambos han convivido como si no pasara nada, ¿seguiría usted confiando en el juzgador?, ¿no consideraría que se está rompiendo con el principio de imparcialidad?, ¿no pediría que cambien al encargado de llevar su asunto?

Guardando las proporciones, es lo mismo que pasó ayer en un acto público –realizado en la Ciudad Judicial, ubicada en San Andrés Cholula–: estuvieron presentes el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y tres de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que determinarán si el mandatario violó o no la Constitución en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.

La suspicacia crece si se toma en que cuenta que esos ministros son Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna, quienes en la sesión pública de la SCJN del pasado 19 de septiembre manifestaron una posición favorable a Mario Marín, a diferencia de la mayoría de los integrantes del pleno, quienes en esa ocasión votaron a favor de ampliar la investigación contra el gobernador e indagar si el mandatario actuó contra Lydia Cacho porque ésta había denuncia una red de pederastia.

Y por si fuera poco, también estuvo presente en el acto de ayer, que fue la inauguración del Palacio de Justicia Federal, el magistrado Óscar Vázquez, quien fue uno de los dos encargados de la primera investigación contra el jefe del Poder Ejecutivo de Puebla que determinaron que el caso se debía cerrar, que no existían violaciones a la legalidad en el caso Cacho. Esas conclusiones fueron desechadas por la mayoría de los magistrados por considerarlas incompletas.

¿De qué se trata esto? Tal vez los asistentes al acto en cuestión argumenten que fue una visita institucional, de rutina, que ya estaba programa desde hace mucho tiempo y que nada tiene que ver con el caso Cacho.

Sin embargo, es necesario recordar la máxima de Jesús Reyes Heroles de que la forma es fondo.

Por tanto, resulta cuestionable este encuentro. La inauguración del edificio del Poder Judicial se podía realizar sin que asistieran los magistrados o el gobernador. Mientras no se cierre el caso Cacho, lo correcto es que no exista un encuentro entre el mandatario y los ministros, ya que se puede sospechar que esas reuniones sean utilizadas para algún acuerdo fuera de le ética que debe prevalecer entre los miembros de la SCJN.

Esta visita puede prestarse a especulaciones de que el mandatario busca congratularse con los magistrados para obtener un fallo favorable.

Porque, además, surge una pregunta: ¿por qué no vinieron al acto los otros ministros?

Los tres integrantes que sí estuvieron en el evento de la Ciudad Judicial son los que mostraron las siguientes posturas en la sesión del 19 de septiembre:

Guillermo Ortiz Mayagoitia fue quien dijo que, a su parecer, no existió ninguna violación a las garantías individuales de Lydia Cacho y descartaba que su detención hubiera sido producto de una acción concertada, mientras que Margarita Luna Ramos avaló la investigación cuyas conclusiones proponían exonerar al mandatario.

Y aunque la ministra acabó votando a favor de que se ampliara la investigación contra el gobernador, pidió que se desecharan las grabaciones en las que se escucha al empresario Kamel Nacif dialogando con diferentes actores políticos y empresariales presuntamente revelando la intriga política que existió para proceder contra Cacho Ribeiro.

El presidente de la SCJN, Mariano Azuela, no emitió una opinión, pero votó en contra de la ampliación de la investigación.

Entonces parecería que los ministros antes mencionados quieren prestarse a querer formar una imagen de que el gobernador no tiene ningún problema con la Corte.

Y luego, ¿cómo no quieren los encargados de impartir la justicia que la población desconfíe de las instituciones?

No con eso se está diciendo que tiene que existir un fallo contra el gobernador, sino que lo deseable es que el resolutivo final del llamado Lydiagate se resuelva conforme a Derecho y no se sospeche que hubo acuerdos en lo oscurito