Solicitarán ONG al Congreso destitución del edil de Apizaco

José Carlos Avendaño

No obstante la cancelación de la consulta ciudadana que pretendía llevar a cabo el alcalde de Apizaco, Reyes Ruiz Peña, para reubicar el transporte público de pasajeros, algunos grupos de concesionarios, organizaciones sociales y comerciantes anunciaron que recurrirán al Congreso local con la finalidad de solicitar la destitución del edil ante diversas decisiones “antipopulistas” que ha tomado durante su trienio.

Caos y pérdidas millonarias dejó el bloqueo del pasado viernes realizado por transportistas en la ciudad de Apizaco / Foto: Alejandro Ancona

Por su lado, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández rechazó que la autoridad estatal y el ayuntamiento de Apizaco hayan cedido a presiones para cancelar la consulta popular programada para este domingo, pues argumentó que en todo momento buscaron canales de diálogo para evitar que se llegara a una situación como la que se originó el pasado viernes.

Ese día, la totalidad de las empresas de transporte público de pasajeros realizaron un paro de actividades en Apizaco que afectó a más de 100 mil habitantes de por lo menos 20 de los 60 municipios de la entidad, en protesta por la pretensión del alcalde petista Reyes Ruiz Peña de llevar a cabo una consulta popular.

Además, los concesionarios sitiaron la ciudad desde las 10 de la mañana al bloquear con sus unidades todos los accesos a este municipio que se ubica en el centro de la geografía tlaxcalteca, lo que obligó a la paralización de la mayoría de las actividades y a que la gente se trasladara a pie para ir a laborar, estudiar o de compras.

De acuerdo con información proporcionada por dirigentes transportistas, un total de mil 284 unidades que prestan el servicio público de pasajeros dejaron de circular de las 10 a las 16 horas en sus recorridos hacia las ciudades de México, Puebla, Tlaxcala, Huamantla, Tlaxco, Chiautempan y localidades aledañas a Apizaco. A esta movilización también se sumaron 245 taxis.

Los concesionarios del transporte público de pasajeros denunciaron falta de tacto político tanto del ayuntamiento como del gobierno estatal, en virtud de que nunca fueron tomados en cuenta para presentar propuestas respecto de la intención de reubicar los paraderos, pues aseguraron que están dispuesto a participar en un proyecto para construir una central camionera en algún lugar de esa ciudad.

A efecto de destrabar el conflicto, el secretario de Gobierno se trasladó al municipio de Apizaco para negociar con los directivos de las empresas transportistas y de taxistas el levantamiento del bloqueo a la ciudad.

Los acuerdos a los que llegaron ambas partes fueron que el ayuntamiento de Apizaco se compromete a no realizar consulta popular alguna respecto del reordenamiento del transporte público hasta la conclusión del periodo constitucional correspondiente –en 2007–, llevar a cabo mesas de diálogo para atender la problemática que enfrentan los sectores de la población.

Tras firmar el documento, el secretario de Gobierno negó que la autoridad haya cedido a las presiones de los transportistas y de varias organizaciones de comerciantes y sociales de Apizaco para ya no realizar la consulta popular y rechazó que haya faltado operación política para evitar el movimiento.