El Congreso aprobó crear el Sistema de Justicia para Adolescentes en Puebla

Martha Garrido Ortega

La Comisión de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen por el que se crea el Sistema de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla. Con este nuevo ordenamiento se modifica la edad penal en la entidad, es decir, de 16 a 18 años de dad. De esta manera, solamente los menores de entre 14 y 16 años que cometan alguna falta podrán ser internados para su rehabilitación, y únicamente por delitos graves.

En conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Gobernación informaron que el dictamen se aprobó por unanimidad, y que para que sea votado en el pleno por todos los diputados se pedirá a la Comisión Permanente que cite a una sesión extraordinaria.

Recordaron que el ordenamiento que se aprobó cumple con la reforma que se hizo al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el pasado 12 de diciembre.

Se modifica el esquema de justicia para adolescentes: la edad penal será de 18 años; los menores de 12 años que incumplan en una conducta que se asemeje a lo que se conoce como delito se someterán a rehabilitación por parte de instituciones como el DIF; de 12 a 14 años también recibirán algún tipo de tratamiento, pero no se les internará; esta última medida será aplicada en casos extremos y cuando el menor tenga entre 14 y 18 años.

La misma reforma establece la obligación a los gobiernos de los estados de cumplir, con fecha 12 de septiembre de 2006, con la expedición de la ley en la materia y entonces crear los tribunales, autoridades e instituciones especializadas necesarias.

Ayer los diputados aprobaron siete dictámenes para dar cumplimiento a este ordenamiento. Entre ellos están la creación del Código de Justicia para Adolescentes del Estado como parte normativa fundamental; reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del estado, reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, al Código de Defensa Social, el Código de Procedimientos en materia de Defensa Social y el dictamen que reforma la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado.