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Tlaxcala > Estado
lunes 4 de septiembre de 2006

Prevén diputados fin de la Comisión de Transparencia en breve

Juan Luis Cruz Pérez

El Congreso local le da dos meses más de vida a la Comisión de Transparencia para el Estado de Tlaxcala (Cotet), ya que pretende que para noviembre próximo quede integrada la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, misma que se conformaría por tres integrantes, quienes recibirían una remuneración similar a la que tienen los magistrados del Poder Judicial.

De acuerdo con el más reciente proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos del Congreso local para abrogar la Ley de Información Pública para el estado de Tlaxcala, también prevé la fusión de esta disposición, con algunas reformas, con la de Protección de Datos Personales.

La iniciativa, que fue remitida a la Gran Comisión y a los coordinadores de las bancadas y representantes de partidos, prevé la desaparición de la Cotet y en su lugar la integración de la nueva representación, la cual será un organismo constitucional autónomo, que se encargará de garantizar el ejercicio, disfrute, promoción, difusión e investigación del derecho de los gobernados por acceder a la información pública y protección de sus datos personales.

Esta nueva comisión estará integrada por tres personas que durarán en el cargo seis años y que serán electos, previa convocatoria que emitan los integrantes de la LVIII Legislatura local, por el pleno del Congreso del estado.

El proyecto de nueva ley establece que al momento de la designación de los comisionados, el pleno del Congreso local designará al primer presidente de ese órgano, pero dicho encargo sólo durará dos años y será rotativa entre los tres integrantes.

A diferencia de la Cotet, contará con personal y presupuesto necesario para desempeñar sus funciones, pues se integrará por un Consejo General y contará con una secretaría técnica y de asuntos jurídicos; una dirección de capacitación y vinculación con entidades públicas y también una dirección de informática y desarrollo administrativo.

En el artículo 79 –de los 95 que la integran y nueve transitorios– de ese proyecto de ley, se establece que los comisionados no podrán ser retirados de sus cargos durante el periodo que fueron designados salvo por causa grave o sujetándose al procedimiento de juicio político, además de que ninguna persona que ocupe dicho encargo podrá ser reelecta.

Además, establece que “los comisionados recibirán una remuneración mensual equivalente a la percepción que reciben los magistrados del Honorable Tribunal Superior de Justicia del estado”.

Para dar operatividad a la nueva ley y a la conformación de la comisión y en virtud de que las diferencias políticas que aparentemente prevalecen al interior de la LVIII Legislatura local que dificultarían una reforma constitucional para otorgarle autonomía a ésta, los diputados prevén una salida política a este asunto.

En este sentido, quieren establecer en un artículo transitorio el mandato para que “en tanto se realizan las reformas a la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Tlaxcala, a efecto de otorgarle autonomía constitucional a la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, como lo establece esta ley, la Comisión fungirá como un organismo no sectorizable del Congreso del estado, con autonomía técnica y de gestión para emitir sus resoluciones o acuerdos”.

En cuanto a la conformación de la nueva comisión, el proyecto de acuerdo fija que los diputados emitirán la convocatoria respectiva “durante la primera semana de octubre de 2006 y los comisionados entrarán en funciones el 16 de noviembre de 2006”.

Con respecto de los recursos que tendrán que etiquetar para la operatividad de la citada comisión, en el proyecto los congresistas asumen la responsabilidad, en coordinación con el titular del Ejecutivo local Héctor Ortiz Ortiz, de que “cuidarán que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente establezcan las prevenciones presupuestales suficientes para permitir el eficiente funcionamiento de la Comisión”.

Aunado a ello, se establece la afirmativa ficta para los casos en los que la autoridad no conteste dentro los 15 días siguientes de recibida una solicitud de información, por lo cual “la entidad depositaria de la información quedará obligada, por el simple transcurso del tiempo, a concederla, asumiendo el costo de la reproducción, salvo que esta se clasifique como reservada o como confidencial”.

Con respecto a los datos personales, la iniciativa prevé que la nueva comisión, en un plazo no mayor de 120 días a partir de que inicie funciones, elaborará el Registro Estatal de Datos Personales.

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