Empresa de Nacif tiene pendientes 5 procesos judiciales

(Ernesto Aroche Aguilar)

La empresa Global Denim, propiedad de Kamel Nafic Borge, enfrenta en estos momentos cinco procedimientos judiciales. Tres por el problema suscitado en marzo de este año por el despido ilegal de 12 trabajadores, y dos más por delitos ambientales denunciados en 2004 por habitantes de la comunidad de San Lucas Atoyatenco y organismos de derechos humanos.

Ante la falta de acuerdos entre los empleados que fueron rescindidos y amenazados de muerte y la compañía textilera, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) presentó el pasado lunes la demanda laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), informó el procurador Fernando Castro Azuara.

El único procedimiento de conciliación que fue promovido por la Profedet resultó infructuoso ante el ofrecimiento de la empresa. La propuesta, calificada por Castro Azuara como discriminatoria, planteaba dos tabuladores distintos para el pago de liquidación de los obreros. El rechazo fue unánime.

Lo que procede, informó Castro Azuara, es que la JFCA señale la fecha para la audiencia. El dato fue confirmado horas más tarde, estableciéndose que será el próximo 6 de agosto a las 11 horas cuando se realizará el proceso. El recurso legal presentado por la Profedet demanda la reinstalación, el pago de salarios caídos y el pago proporcional de las prestaciones –vacaciones, prima vacacional y aguinaldos– en términos iguales para los 12 despedidos.

Por su parte, la delegación estatal de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) inició el procedimiento administrativo bajo acusaciones de violación a las normas laborales, por lo que en breve se realizará una inspección a la empresa, y en caso de hallarse irregularidades podría hacerse acreedora a sanciones que oscilan entre 5 mil y 500 mil pesos, como informó hace unos días Carlos Ortiz Rosas, titular del organismo.

Pero además la fábrica textil del llamado “rey de la mezclilla” tiene pendientes dos demandas promovidas por habitantes de San Lucas Atoyatenco, en el municipio de San Martín, quienes denunciaron a la empresa y otras dos –Royal Habalos y Rasinni Frenos– por envenenamiento y contaminación de sus tierras de cultivo.