Los directivos de la Ruta Bulevar-CU responden imputaciones de sus críticos

Martín Hernández Alcántara

Integrantes de la Mesa Directiva de la Ruta Bulevar-CU y permisionarios de la misma, respondieron a las imputaciones que en los días recientes les han hecho los concesionarios Humberto Valdés Martínez y Lucila León Herrera, quienes aseguran que fueron obligados a aceptar la incorporación de 10 nuevas concesiones a la línea. Encabezados por el presidente de la organización, Gonzalo Sánchez Ramírez, los dirigentes aseguraron que en ningún momento hubo presiones para la pareja.

En una entrevista, Sánchez Ramírez, Germán Sánchez Soriano, Aurelio García y Marpia de los Ángeles Flores, respectivamente presidente, tesorero, concesionario y esposa de éste, dijeron además que desde mayo de 2003 Valdés Martínez y León Herrera dejaron de cumplir con sus obligaciones ante la asociación del derrotero, suspendiendo en primera instancia sus participaciones en las asambleas y, en segundo lugar, sus cuotas.

Agregaron que los quejosos no pueden llamarse sorprendidos o presionados porque jamás se presentaron a hacer valer su voz y voto en las reuniones de la organización y además, cuando firmaron la minuta para la ampliación de las concesiones, hubo testigos que pueden dar fe de que plasmaron su firma en pleno ejercicio de su voluntad.

Sobre el cuestionamiento de que no hay un estudio técnico que justifique la aprobación de más permisos para la circulación de unidades del transporte público en la línea de marras, afirmaron que sí hay dicho análisis, que fue solicitado desde 2005 para regularizar un servicio que la mayoría de los permisionarios estaban prestando gracias a una anuencia verbal que les dio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El estudio que hace viable la ampliación, abundaron, está radicado en el oficio E-0005/2003, que consta de 13 páginas y fue firmado por el titular de la dependencia, Rómulo Arredondo Gutiérrez.

La entrevista con los integrantes de la Mesa Directiva sucedió a principios de esta semana. A Gonzalo Sánchez Ramírez se le pidió una copia simple del documento y él se comprometió a entregarlo a esta casa editorial, pero hasta el cierre de la presente edición no lo había hecho.

Empero, durante la entrevista, los dirigentes argumentaron que el aumento de concesiones está justificada porque se amplió el recorrido hasta Atotonilco, una zona paupérrima a la que dejó de prestar el servicio la Ruta S-1 y que prácticamente ninguna otra línea asumió.

En realidad, argumentaron la cobertura hacia esa población no es redituable, pues se trata de una zona muy marginada, con terracería que afecta las unidades y en la cual un vehículo se demora hasta media hora en entrar y salir en una población que tiene entre 200 y 250 habitantes, que sólo ingresan y se van una vez pagando apenas 4 pesos por un recorrido que los lleva hasta la Central Camionera.

A decir de los entrevistados, todos los concesionarios de su asociación efectúan diariamente el trayecto hacia Atotonilco, pero los únicos que se han negado desde el principio han sido Humberto Valdés Martínez y Lucila León Herrera, a quienes jamás se les ha presionado para hacerlo.

La negativa a pagar cuotas por tres años de parte de León Herrera y Valdés Martínez, ha provocado que los demás concesionarios, “la mayoría, más de 74” hayan tenido que asumir su parte para el pago de checadores, mantenimiento de oficinas y estacionamiento, entre otros gastos.

Los directivos dijeron que cuando inició la inconformidad de parte de ambos concesionarios, hubo al menos una docena que los siguió. “pero han perdido influencia, porque los demás compañeros han recapacitado y se han dado cuenta de que su movimiento no los ha llevado a nada. Ahora sólo quedan ellos dos como inconformes pero no hablan con nosotros, se dedican a hacer mala fama en los medios”, aseveraron.

De hecho, una de las principales preocupaciones de los directivos, según dijeron, es que la imagen pública de su ruta se esté deteriorando con los litigios mediáticos que emprendieron Valdés Martínez y León Herrera. “Queremos decirle a la ciudadanía que los transportistas somos gente decente y que nos gusta el trabajo, no los problemas”, dijeron.