Admite el gobierno que pudo haber cometido errores y hasta delitos contra Lydia Cacho

Martín Hernández Alcántara

Por vez primera en casi tres meses, el gobierno del estado admitió que pudo haber cometido errores y hasta delitos en los procedimientos para aprehender a la periodista Lydia Cacho, que habrían derivado en la violación a sus garantías individuales. El vocero oficial del Ejecutivo, Valentín Meneses Rojas, incluso dijo que después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emita su dictamen sobre el caso, el gobernador Mario Marín dará una explicación a los poblanos.

Valentín Meneses Rojas mencionó que, como pruebas a su favor, el Poder Ejecutivo poblano presentará “las constancias judiciales que obran en autos, que eso dependerá del Poder Judicial, demostrar que no hubo violación a los derechos humanos, cómo se dio la detención, el acuerdo de coordinación de las procuradurías de Puebla como de Quintana Roo, en sí todo el expediente, para que puedan tanto la Cámara de Diputados como de Senadores y la Corte tener suficiente material para resolver”. En la foto, acompañado por Javier Luna n Foto: Rafael García Otero

El portavoz también dio a conocer ayer que el polémico promocional televisivo en el que Marín Torres y su esposa Margarita García anunciaban la creación de la fiscalía especial para delitos de pederastia y abuso de menores, sólo estuvo un día al aire, y ha sido sustituido por otro en el que aparece el consejero jurídico del gobernador, Ricardo Velásquez Cruz.

Y aunque en todo momento el funcionario alegó la inocencia de Marín y del resto de sus colaboradores en la confabulación contra la autora de Los Demonios del Edén, en dos ocasiones, a pregunta expresa, dejó claro que la administración marinista no tiene la menor intención de interponer una demanda contra Cacho: “no, lo que queremos es que se solucione, que se esclarezcan los hechos para que la ciudadanía tenga la plena confianza de que no se incurrió en algún delito. Si hubo algún error que paguen los que deban de pagar por esos errores, y si hay la comisión de algún delito también serán castigados quienes hayan llevado este tipo de conducta”.

También en un par de ocasiones, Meneses Rojas manifestó su confianza en que la SCJN culminará en breve las indagatorias sobre la actuación del llamado gober precioso, y el resultado le será favorable: “está a punto de resolver de manera definitiva sobre el caso, y esto regresará mucha tranquilidad a la entidad y, sobre todo, ya nos pondremos a trabajar todos los sectores sociales”.

Mencionó que, como pruebas a su favor, el Poder Ejecutivo poblano presentará “las constancias judiciales que obran en autos, que eso dependerá del Poder Judicial, demostrar que no hubo violación a los derechos humanos, cómo se dio la detención, el acuerdo de coordinación de las procuradurías de Puebla como de Quintana Roo, en sí todo el expediente, para que puedan tanto la Cámara de Diputados como de Senadores, como la Corte, tener suficiente material para resolver”.

–Habla de que fueron cometidos errores y que los pague quien los haya cometido. Yo le preguntaría; ¿el gobernador no fue quien cometió el error con la conversación (que tuvo con Kamel Nacif Borge), al minimizar el hecho con contradicciones, luego cuando la Secretaría de Gobernación dice que sí es la voz del gobernador?, ¿no ha habido errores?, ¿esto tendrá un costo político, y como tal lo asumirá? –se le cuestionó a Valentín Meneses.

–Son cosas diferentes –contestó–, la respuesta en cuanto a declaraciones es una cosa en cuanto a los medios (sic). Nos referimos a la cuestión eminentemente jurídica. Si hubo algún exceso, error en cuanto al expediente, al procedimiento, entonces eso es lo que va determinar la corte, los tribunales. Si hubo violación a los derechos humanos, desde luego que será la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que establecerá. Y si hubo algún exceso o situación que afectara algún derecho a la señora Lydia Cacho, por supuesto que tendrá que haber responsabilidad.

Se le inquirió entonces si Mario Marín Torres está dispuesto a asumir su responsabilidad en caso de que se compruebe que es su voz la que aparece en los registros de conversaciones telefónicas con Kamel Nacif Borge, el presunto protector del pederasta Jean Súccar Kuri: “es totalmente jurídico eso –respondió–, no hay ningún supuesto, no entramos a eso. El gobernador está muy por encima de eso, como lo ha dejado en claro, (él) no se pone a revisar las ordenes de aprehensión... aquí hay organismos, instituciones, como es la Procuraduría General de Justicia, la Policía Judicial, los Ministerios Públicos, los que en un momento dado determinan y toman las decisiones, junto con los demás órganos de justicia”.

“Pruebas” que no llegan

Al vocero también se le recordó que hoy se cumplió un mes de que La Jornada y la periodista Carmen Aristegui, en su noticiario Hoy por Hoy, publicaron los diálogos de la conjura contra Lydia Cacho Ribeiro, y que en ese tiempo se ha venido dando una serie de declaraciones incumplidas por parte del gobierno de Marín, como la promesa de presentar pistas de quién o quiénes interfirieron las pláticas telefónicas y las encuestas en las que supuestamente se demuestra que la popularidad del mandatario y del PRI no han descendido por la crisis.

“En su momento, con un panorama más estable, podremos, en un futuro presentar, lo que se consideran algunas encuestas sobre aceptación, daño recibido, si es que lo hubo. Pero lo básico es que en estos momentos ya se encuentra una solución jurídica que está a punto de darse”, pretextó el servidor público.

–¿Qué tiempo tardará el gobierno en presentar estas pruebas? –le insistieron a Meneses.

–Nos merece todo el respeto; la ciudadanía merece una explicación, y yo creo que eso será para el futuro, dar una explicación de cómo están los hechos, de cómo se encuentran, pero para nosotros es importante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

–¿Saldrá el gobernador a dar esta explicación?

–Desde luego que sí, una vez que se resuelva por parte de la corte, de las altas autoridades judiciales del país, el gobernador desde luego tendrá que dar una explicación a todos los poblanos, ya sea en rueda de prensa o mensaje que le permita conocer a fondo a la ciudadanía todos estos acontecimientos.

–¿Desconocen entonces aún quién es el autor?

–Se continúa investigando. Tenemos algunos supuestos; se sigue trabajando en diferentes líneas, y cuenten que cuando sepamos quiénes fueron y cómo lo hicieron, se denunciará, porque es un hecho ilícito. El espionaje es un delito sancionado por las leyes, y ahí está. De eso si mal no recuerdo, está la investigación abierta por la PGR en cuanto al espionaje, que es lo que vulnera, acaba con empresas, instituciones, personas, y entonces creo que el delito de espionaje se debe de sancionar como lo prevén y lo asientan las leyes respectivas.

–Pero, por parte del gobierno, ¿quién está investigando?

–Lo ha manifestado el secretario de Gobernación, que se ha estado llevando a cabo una investigación. Yo, creo que la Segob es la que esta llevando la investigación, y en su momento lo daremos a conocer (sic).

Sigue Velásquez

Los periodistas le cuestionaron a Meneses el procedimiento que se supone deberá seguir el Poder Ejecutivo para crear la fiscalía para investigar casos de pederastia, pues no ha quedado clara la actuación del Congreso local en la aprobación del nuevo ministerio o sólo para nombrar al titular del área.

Meneses dijo entonces que al mediodía el consultor jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velásquez Cruz, ofrecería una rueda de prensa para hacer las aclaraciones pertinentes, pero al final ésta no se llevó a cabo.

En un despacho de última hora, el periódico digital econsulta consignó: “sin proporcionar cifras, el consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo Velásquez, sostuvo que en los últimos meses se incrementó el número de delitos contra mujeres y menores de edad en el estado, lo que dio sustento a la creación de la fiscalía contra la pederastia y abuso infantil.

“Pese a las críticas en contra de la nueva instancia, sostuvo que la operación de esta agencia ministerial se tendrá en los próximos días una vez que el Congreso del estado designe al fiscal, luego de la publicación del acuerdo el 10 de marzo pasado en el Periódico Oficial del Estado.

“El vocero del gobierno estatal, Valentín Meneses Rojas, anunció por la mañana que sería Ricardo Velásquez el responsable de dar a conocer los detalles de la creación de la mencionada fiscalía y convocó a una conferencia de prensa a las 13 horas. A los 10 minutos de la hora acordada, se informó que el consejero jurídico no acudiría y se limitaría a leer un comunicado vía telefónica, sin permitir preguntas a los más de 10 reporteros asistentes.

“Sin embargo, en el comunicado que leyó el funcionario estatal, en los primeros menciona que los delitos contra menores de edad van en aumento en Puebla, pero en el penúltimo párrafo reconoció que el estado en comparación con otras entidades, no registra altos índices de pederastia.

“Será el Congreso del estado quien designe al titular del nuevo organismo, indicó, mediante el proceso que los diputados locales elijan, y tan sólo pidió que este se realice de forma clara, abierta y transparente para captar las opiniones y propuestas de las diversas organizaciones de la entidad”.