Desde Casa Aguayo se invitó a una rueda de prensa para atacar a Doger: Domingo Flores

Ignacio Juárez Galindo

El integrante de la Asociación Nacional para la Defensa del Ciudadano y la Legalidad Domingo Flores Núñez confirmó que las invitaciones, tanto telefónicas como por internet, a la conferencia de prensa que convocó esa agrupación para exigir la destitución y encarcelamiento de funcionarios del ayuntamiento de Puebla, porque supuestamente solapan el ecocidio del Consorcio Ara en Lomas de San Alfonso, fueron hechas desde Casa Aguayo.

Nerviosos y esquivo, Flores Núñez justificó la utilización de la infraestructura gubernamental, de la siguiente forma: “¡la sala de prensa está abierta para todos, absolutamente!”.

–¿La organización a la que usted pertenece no tiene oficinas? –le reviró un reportero.

–Hubo, eh... al darme cuenta yo que había una, eh... era insuficiente el número, a mí me llegó la rueda de prensa por casualidad, aunque fui de los convocantes, pero otra persona lo hizo y a mí me llegó, y al ver que era insuficiente, desde otro lugar, si se fija bien hice otro reenvío a otros 40 medios que han estado llegando (sic).

Domingo Flores, acompañado por Blanca Guzmán Sánchez, quien se ostentó como coordinadora general de la Asociación Nacional para la Defensa del Ciudadano y la Legalidad, encabezó la rueda de prensa en cuestión, donde anunció que el Juzgado Sexto de Distrito le concedió un amparo mediante el cual el tribunal federal “obliga a las autoridades municipales a presentar una denuncia por los delitos ambientales” que se cometieron en Lomas de San Alfonso.

Informó, además, que las autoridades municipales se han negado a darle acceso al expediente iniciado por la deforestación en Lomas de San Alfonso, además de que no han procedido penalmente contra el Consorcio Ara –quien construye el fraccionamiento Lomas del Angel– pese a que estaban obligadas, por lo cual “su responsabilidad es más grande por el ocultamiento, omisión, inacción y encubrimiento”.

Ante todas esas irregularidades, demandó la destitución y consignación de las siguientes autoridades: Ignacio Mier Velasco, secretario general de la Comuna; Jorge Rodríguez Morgado, secretario de Administración Urbana, Obra Pública y Ecología, y Socorro Santín Nieto, director de Ecología y Medio Ambiente.

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y Comisión Nacional del Agua también tiene injerencia en el conflicto, el quejoso se refirió sólo de manera general a esas dependencias. A los sumo, señaló que tampoco han querido denunciar penalmente las supuestas violaciones detectadas en el ecocidio de Lomas de San Alfonso. Nunca informó si procederán jurídicamente por esa supuesta omisión.

En el largo boletín de prensa que repartió a los medios de comunicación, hizo una petición especial: “solicitamos al secretario de Gobernación, Javier López Zavala, que vuelva a intervenir en la defensa de este bosque, como lo hizo cuando fue diputado local en 2002 al haber propuesto un punto de acuerdo para detener este ecocidio”.

Al concluir su explicación, Domingo Flores fue interrogado sobre su origen, profesión y cercanía al caso. Reconoció que ni siquiera es vecino de Lomas de San Alfonso, pero “alguien” le “renta” un espacio en dicho lugar para un negocio que tiene de reparación de computadoras. Aseguró que se involucró en el conflicto desde 2002, cuando era corresponsal del periódico El Valle de Tehuacán, escribió sobre el problema y ha “participado activamente desde ese entonces”.

Luego, el reparador de computadoras y también reportero reconoció que la invitación a la conferencia de prensa se llevó a cabo desde Casa Aguayo. También, señaló que no estaba en disposición de ofrecer una copia del amparo ganado porque todo el expediente había sido entregado a su abogado para analizar la nueva estrategia jurídica contra el ayuntamiento de Puebla.

–¿No es coincidente que cuando surge el escándalo entre el gobernador y Doger ustedes salgan? –le preguntó este reportero.

–“Qué bueno que lo dice, compañero de La Jornada, nosotros desde 2002 estamos llevando a cabo esta lucha y esta defensa. Yo en ese entonces me enteré y por eso me estoy involucrando, era corresponsal del valle de Tehuacán, he participado muy activamente desde ese entonces. Lo que pasa es que desde el día 26 de diciembre que se iba a realizar la primera audiencia constitucional ese día se pospuso, luego se pospuso para el 4 de enero, luego para el 25, luego para el 31 de enero, el 20 de febrero se llevó a cabo de manera efectiva, nosotros no hemos escogido las fechas en las que se han dado estos acontecimientos”.

Por su parte, el síndico Lauro Castillo, Ignacio Mier y Jorge Rodríguez ofrecieron una rueda de prensa para desmentir la versión de Domingo Flores. Allí, el abogado del pueblo ofreció una copia de la resolución del Juzgado Sexto de Distrito y aclaró que el amparo sólo establece que debe haber contestación a un derecho de petición realizado por el quejoso y no más.

Castillo Sánchez aseveró que es probable que esa persona estaría “manipulada” por “terceros interesados”, que pretenden aprovechar la coyuntura política en la entidad. Descartó que exista alguna irregularidad jurídica y la Comuna contestará en tiempo y forma la sentencia del juzgado.

En tanto, Ignacio Mier insistió en que la obra de Consorcio Ara está clausurado desde el 27 de julio de 2005, no ha habido ninguna ilegalidad y todas las quejas presentadas por Domingo Flores han sido integradas al expediente administrativo que sigue en el caso. “Todo demás obedece a un interés personal”.

Rechazó hablar sobre la posibilidad de que el secretario de Gobernación, Javier López, esté detrás de Domingo Flores. Pero, al preguntarle su opinión de que la invitación a la conferencia de prensa salió desde Casa Aguayo, respondió mordaz: “le vamos a dar a Domingo una tarjeta Telcel para que ya no use esos teléfonos”.