Es posible que la Suprema Corte rechace la investigación sobre el caso Marín-Nacif

Martín Hernández Alcántara

Existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechace la solicitud de investigación sobre las violaciones que sufrió la periodista Lydia Cacho Ribeiro en su detención, traslado desde Cancún y encarcelamiento en Puebla, según revelaron a La Jornada fuentes del máximo tribunal del país.

En la página 7 de la edición de ayer, nuestra casa editorial publicó una nota firmada por los reporteros Jesús Aranda y Alfredo Méndez titulada “Consenso en la Corte para investigar la violación de garantías de Lydia Cacho”, en la cual se informa que “en caso de que las cámaras de Diputados o de Senadores formalicen su solicitud a la Corte, dicha petición sería turnada a un ministro, quien se encargaría de elaborar un proyecto de resolución sobre la aceptación o no de la petición. El dictamen sería presentado ante el pleno, el cual por mayoría simple tomaría una resolución. La Constitución prevé que la comisión investigadora que integre la Suprema Corte puede estar formada ya sea por ministros, por algún magistrado o juez federal”; sin embargo, la nota menciona que dentro del pleno de la SCJN “se conforma una opinión mayoritaria de que el máximo tribunal debe investigar la presunta violación de garantías individuales en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro por parte del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín Torres”.

“De acuerdo con información obtenida por este diario, los ministros de la Corte están a la expectativa de que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión solicite la intervención de los magistrados con base en el artículo 97 constitucional, ante la evidencia de que el mandatario poblano incurrió en violación grave de garantías de la periodista, e incluso hay quien afirma que la respuesta del pleno será favorable”.

“De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la gravedad de los hechos revelados en la conversación entre Mario Marín y el empresario textilero Kamel Nacif –sobre la detención y consignación penal de Lydia Cacho– es tal que los ministros consideran que no pueden evadir su responsabilidad como garantes del respeto a las leyes”.

“Los funcionarios reconocieron que en marzo de 1996, cuando la Suprema Corte emitió su dictamen con motivo de la matanza de Aguas Blancas (ocurrida en junio de 1995), en el que concluyeron que el gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, había incurrido en violaciones graves en la matanza de 17 campesinos, el resolutivo del máximo tribunal fue ignorado por el presidente Ernesto Zedillo –quien fue el que solicitó esa investigación–, lo que impidió que se ejercitara acción penal en contra de Figueroa”.

“En consecuencia, el pleno estableció candados a efecto de no aceptar de manera ‘automática’ la petición del Ejecutivo federal, de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión o de algún gobernador o legislatura local, de investigar presuntas violaciones graves a las garantías individuales y dejar la última palabra a la Suprema Corte”.

“También, se dijo, ‘los ministros aprendieron’ que no pueden dejar a la buena fe sus conclusiones; es decir, que en aquel caso, con el hecho de haberle notificado a Zedillo su dictamen, éste actuaría en consecuencia y consignaría el expediente a la Procuraduría General de la República (PGR) para que ejerciera acción penal. Y por ello, en caso de que la Corte sea requerida en el caso de la periodista Lydia Cacho, los ministros se asegurarían de que su investigación tuviera un efecto concreto en caso de que fuera demostrada la responsabilidad de Mario Marín”.