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miércoles 22 de febrero de 2006

Denuncian presunto tráfico de influencias de familiares de MMT

Ignacio Juárez Galindo

Familiares de Mario Marín Torres, entre ellos su tía Fortuna Huerta Marín, se habrían valido de su cercanía con el gobernador de Puebla para procesar a tres sujetos con quienes protagonizaron una trifulca en octubre de 2005. El proceso penal está plagado de anomalías que van desde la negativa de proporcionar copias de todas las actuaciones judiciales para bloquear la defensa de los inculpados, así como la extralimitación del Ministerio Público al exigir a un comandante de Tránsito Municipal para que denuncie un hecho que no presenció.

Así lo dio a conocer Magdalena Balderas Hernández, representante legal de Daniel y Rafael Huerta Inés y Édgar Tapia Casanova, acusados por los delitos de amenazas y ataques a las vías de comunicación. A decir de la abogada, los familiares del mandatario estatal habrían incurrido en un tráfico de influencias para tener la celeridad del Ministerio Público en la integración de la averiguación previa y su consignación al juzgado VIII de Defensa Social.

De acuerdo con la versión de la abogada, el conflicto entre los familiares de Marín Torres ocurrió la tarde del 1 de octubre de 2005, cuando Daniel Huerta y su novia Lucía Trujillo circulaban por la calle 10 Sur y 67 Oriente, en la colonia Loma Linda. La pareja del inculpado conducía una camioneta Ford, color verde, modelo 1994, a muy baja velocidad, y atrás de ellos circulaba Marvín Efraín Morales Andrea, junto con su abuela Fortunata Huerta Marín y sus padres Efraín Morales Huerta y Delfina Andrea.

Ante la reducida velocidad, abundó, Marvín Efraín, de 21 años de edad, comenzó a tocarles insistentemente el claxon, pero eso no provocó que Lucía Trujillo acelerara. Desesperado, el joven rebasó a la pareja, y a los pocos metros se les cerró. Entonces, dijo, Fortunata Huerta bajó del automóvil junto con su nieto y tomaron del pelo a la conductora y la obligaron a bajar de la camioneta. Al percatarse de la agresión, Daniel Huerta, quien estaba alcoholizado en primer grado, bajó del vehículo y repelió la agresión. En ese instante, Delfina Andrea y Efraín Morales también intervinieron y se armó la trifulca.

Efraín Morales, aseguró la representante legal, bajó del vehículo con un banquito de madera, el cual estampó en la cara de Daniel, quien cayó al suelo seminconsciente. Los cuatro siguieron golpeándolo. Al darse cuenta de la inferioridad, Lucía Trujillo pidió auxilio a un taxista que circulaba por el lugar, quien bajó de su automóvil y tundió a golpes a Efraín, mientras que a Fortunata y Delfina les propinó un empujón que las hizo rodar por el suelo. El chofer, entonces, salió huyendo del lugar.

Marvín Efraín aprovechó la oportunidad para pedir el auxilio de la Policía Municipal y a otros de sus familiares. Cuando los uniformados llegaron al lugar, a bordo de cinco patrullas, en el sitio estaban los cuatro familiares del gobernador de Puebla que protagonizaron la pelea y otros cinco miembros de esa familia. También estaba Daniel Huerta, su novia, su hermano Rafael Huerta y su cuñado Édgar Tapia Casanova. Estos dos últimos aseguraron que arribaron al sitio porque varios vecinos les advirtieron de la agresión.

Dos policías municipales procedieron a detener a Daniel Huerta Inés como único responsable por las lesiones contra Efraín Morales, Fortunata Huerta, Marvín Efraín y Delfina Andrea. Todos se trasladaron a la agencia del Ministerio Público de Valsequillo. En su declaración ministerial, asentada en la averiguación 3745/2005/sur, los cuatro familiares de Marín Torres asentaron que la agresión la inició el inculpado, quien después se fue auxiliado por un taxista desconocido y “otros sujetos”.

Cuando estaban en la delegación, Fortunata Huerta y Efraín Morales decidieron ampliar su declaración en la que aseguraron que Rafael Huerta y Édgar Tapia, quienes estaban afuera de las oficinas en espera de conocer la situación jurídica de su familiar, eran los otros agresores. La agente del MP María Luisa Rosas Pérez, entonces, procedió a la detención de los sujetos.

En entrevista, los inculpados aseguraron que antes de la detención los familiares de Mario Marín les advirtieron que los iban a “refundir en la cárcel”, además de que se ostentaron como “asesores y familiares” del mandatario estatal.

Magdalena Balderas Hernández aseveró que las irregularidades del MP comenzaron cuando pidió formalmente una copia de todas las actuaciones realizadas en contra de Daniel y Rafael Huerta y Édgar Tapia, pero sólo le daban largas. Después, se enteró de que el 4 de octubre la averiguación fue consignada, y dos días después la turnaron al juzgado VIII de Defensa Social, en donde fue iniciado el proceso 418/2005. Eso impidió que la abogada presentara a sus testigos, como es Lucía Trujillo, y desde un principio la averiguación no fuera consignada por falta de pruebas.

Relató que al tener acceso al expediente en el proceso descubrió que la agente del MP María Luisa Rosas Pérez incurrió en una grave irregularidad al pedir al comandante de Tránsito Municipal, adscrito al sector “çfrica”, Joaquín Brito Ansurez, a que levantara una infracción contra Daniel Huerta por conducir en estado de ebriedad y presentara una denuncia penal por el delito de ataques a las vías de comunicación. Según consta en el expediente judicial, dijo, el agente vial procedió a cumplir las instrucciones de la funcionaria y reconoce que se comprobó que el inculpado iba en estado de ebriedad por el dictamen del médico legista.

El problema, señaló, es que nunca hubo un agente vial al momento de los hechos, el vehículo nunca fue enviado al corralón o retenido y la multa fue fechada el 2 de octubre de 2005, a la 1:30 horas, cuando todo ocurrió la tarde del día anterior.

Balderas Hernández refirió que en los exámenes médicos se comprobó que solamente Fortunata Huerta y Efraín Morales tenían lesiones leves, pero como denunciaron que fueron amenazados por Daniel, Rafael y Édgar, entonces, el proceso judicial se integró por ese delito. A parte, a Daniel Huerta se le imputó el ilícito de ataques a las vías de comunicación. Al tratarse de delitos no graves salieron libres bajo fianza.

 

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