PRD, PAN y Organizaciones Ciudadanas se manifestaron en contra de Mario Marín Torres por caso Lydia Cacho

Martha Garrido Ortega

El día de ayer, por separado, Francisco Fraile García senador del Partido Acción Nacional, Rosa María Avilés Nájera diputada federal del Partido de la Revolución Democrática y diferentes organizaciones ciudadanas se pronunciaron en contra del gobernador Mario Marín Torres, lo anterior derivado de las grabaciones telefónicas que se publicaron la semana pasada en el diario La Jornada y en donde presuntamente tiene una plática con el empresario Kamel Nacif sobre el caso de Lydia Cacho.

En primer lugar el senador de la República Francisco Fraile, lamentó que el gobernador del estado haya convocado una guerra durante un discurso que pronunció el sábado pasado en un acto de la Secretaría de Salud, dijo que esto significaría regresar a Puebla a “los tiempos de antes” en lugar de hacerlo avanzar; además mandó un mensaje a la periodista Lydia Cacho Ribeiro para que presente su caso en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas para que sea investigado por la Procuraduría General de la República.

Durante una conferencia de prensa, el también coordinador estatal de la campaña de Felipe Calderón hizo referencia al discurso que dio el sábado pasado el gobernador priista en donde se refirió a la “Puebla revolucionaria” y en donde pidió a “las fuerzas perversas” que “no se equivoquen” y que no “provoquen” a la ciudadanía. Fraile García aseguró que el estado tiene que ir a la civilidad y lamentó que el mandatario estatal “convoque a una guerra” pues al hacerlo se estaría retrocediendo en lugar de avanzar. “No estoy convocando a una guerra sino a la civilidad, a la dignidad de los poblanos, a la que tienen cara y manos limpias”, puntualizó.

Posteriormente indicó que Marín Torres subordinó de manera ilegal a todo el aparato de justicia del estado a los intereses de un particular, “en palabras llanas, Mario Marín se puso a las órdenes de Kamel Nacif”, enfatizó Fraile García. Por último, sugirió que la periodista Lydia Cacho presente su caso ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra Periodistas para que sea la PGR la que investigue el caso hasta sus últimas consecuencias.

Por su parte, la diputada federal del PRD Rosa María Avilés Nájera informó que será este lunes cuando la fracción parlamentaria de su partido presente una denuncia penal ante la PGR contra Marín Torres para que se de seguimiento y atención a las agresiones en contra de periodistas. También dijo que seguirán con las gestiones necesarias para lograr que se inicie el juicio político en contra del gobernador por el caso de la periodista Lydia Cacho y la publicación de las supuestas grabaciones telefónicas en donde se confabula con el empresario Kamel Nacif Borge.

La perredista hizo un llamado al gobernador para que no confunda a la ciudadanía. “No es posible mantener a los ciudadanos como en la época de la inquisición, quiere juzgar a los medios de comunicación, utiliza la estructura de gobierno para organizar marchas. ¿La próxima manifestación en contra de quien la va a hacer?. ¿En contra de lo ciudadanos que levantamos hoy la voz?, refirió la legisladora federal al mencionar la manifestación del sábado pasado en apoyo al gobernador a la que asistieron simpatizantes del PRI y la mayoría de los trabajadores del estado.

Por lo anterior, Rosa María Avilés Nájera aseguró que el poder político está supeditado al poder económico y que la justicia no está para defender a la ciudadanía en general, sino para defender a aquellos “que comentan el peor de los asesinatos”.

Por último, integrantes del Frente Cívico Poblano por la Defensa del Estado de Derecho dieron una rueda de prensa en el zócalo de la ciudad y convocaron a una marcha en contra del mandatario estatal el domingo 26 de febrero y que partirá del Paseo Bravo hacia el Centro Histórico.

Los oradores aseguraron que en Puebla se ha violentado el estado de derecho y que Mario Marín viola y aplica discrecionalmente la ley. Por lo anterior, pidieron la renuncia del gobernador ya que aseguraron, dispone del poder para defender a “traficantes de pornografía y prostitución infantil y nunca para el bien común”.