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Puebla > Política
lunes 20 de febrero de 2006

ENTRELÍNEAS

• Difícil, la destitución de MMT por la vía legal
• Marín busca ganar tiempo a sus detractores
• Adiós al sueño ¿guajiro? de verlo en Los Pinos

Rodolfo Ruiz

La estrategia política y jurídica del gobernador Mario Marín Torres de ponerse en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea la instancia que determine su inocencia o culpabilidad en la detención y encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho Ribeiro fue diseñada para ganar tiempo, en espera de que el escándalo amaine o surja otro que haga olvidar el actual y acalle las voces que hoy exigen su destitución.

Por la vía legal, las posibilidades de que el gobernador Marín sea destituido de su cargo parecen remotas, dado el procedimiento jurídico que debe seguirse, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

De ahí que las presiones de sus críticos y opositores se situarán más en el ámbito político que en el terreno legal.

Por la vía del Congreso del estado, donde el PRI es mayoría, visto está que no pasará ninguna iniciativa tendiente a que Marín se separe del cargo de gobernador, en tanto las autoridades ministeriales llevan a cabo las investigaciones correspondientes.

Por el lado del Congreso de la Unión, el camino tampoco resulta fácil, pues para empezar la Cámara de Diputados tendría que aprobar por mayoría que el gobernador de Puebla fuera sometido a juicio político “por violaciones graves a la Constitución”, sustanciar el procedimiento, citar al inculpado y turnar el expediente al Senado de la República.

Una vez cubiertas esas formalidades, la Cámara de Senadores tendría que erigirse en jurado de sentencia, aplicar la sanción correspondiente –mediante resolución de las dos terceras parte de los miembros presentes en sesión y una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado– y comunicar al Congreso del estado su decisión para que éste, a su vez, designe un gobernador interino y convoque a nuevas elecciones.

Este sendero, que seguramente no ignoran quienes exigen la salida del gobernador, no es por el cual optarán sus críticos y detractores. Éstos, insisto, tienen claro que la única forma de obligar a Marín a pedir licencia o a renunciar es por el lado de la presión política y social. De ahí que ya comiencen a organizarse, a preparar denuncias penales, pero sobre todo a movilizarse.

Las circunstancias juegan hoy a favor de sus opositores.

Existe un caldo de cultivo –en términos de opinión pública y mediática– totalmente adverso al gobernador, encaminado a echarlo de Casa Aguayo, debido a la secuencia de errores en que el mandatario estatal y sus operadores han incurrido para enfrentar el caso de Lydia Cacho.

La cadena es larga. Para empezar, el calificativo de chisme que el gobernador le dio a su llamada telefónica con el empresario Kamel Nacif; luego, la postura de su vocero Valentín Meneses de minimizar la grabación a pesar del escándalo y la indignación que su difusión habían levantado en amplios sectores de la sociedad y, finalmente, las contradicciones del propio Marín que primero habló de un montaje y más tarde reconoció que sí podría ser su voz la captada en esa intervención telefónica.

Luego su actitud para encarar el conflicto. El martes guardó un cómplice silencio; el miércoles, salió arrogante a decir que no renunciaría, que esa petición era un sueño guajiro y que las críticas le hacían lo que el viento a Juárez; y el viernes, después de sus desafortunadas intervenciones en los noticieros de Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola y Sergio Vicke, se asumió como víctima de “una brutal embestida” de los medios, que le hicieron decir no lo que quería, y de un complot contra el PRI y su candidato presidencial, Roberto Madrazo Pintado.

A esta cadena de yerros hay que sumar la marcha del viernes con la participación de burócratas, constructores y empresarios beneficiados por la administración estatal y miles de acarreados de colonias populares y municipios del interior del estado, y las declaraciones hechas por el gobernador Mario Marín Torres el sábado en la junta auxiliar de La Libertad azuzando “a los campesinos que tanto quiero”, “a los jóvenes y a las mujeres que creen en mí”, y “a los abuelitos y personas con discapacidad que tanto necesitan de mí” a enfrentar a las “fuerzas perversas” que buscan echarlo de la gubernatura.

Las consecuencias de estos errores están a la vista y son –en mi opinión– las que realmente le podrían costar la chamba a “mi gober precioso”:

1. El deslinde de Roberto Madrazo y otros actores priistas, como los senadores Carlos Rojas, Genaro Borrego y Dulce María Sauri, quienes han coincidido en que se investigue a fondo la participación del gobernador Marín en un plan para maltratar a la periodista Lydia Cacho.

2. La condena del presidente del Episcopado Mexicano, José Guadalupe Martín Rábago, del cardenal Norberto Rivera Carrera, y de dirigentes empresariales, como Alberto Núñez Esteva, de la Coparmex, y Raúl Alejandro Padilla Orozco, de la Concanaco, que han exigido que el caso de Lydia Cacho y el gobernador Marín no quede sólo en un escándalo mediático, político o anecdótico.

3. Las encuestas y estudios de opinión que revelan que este nuevo escándalo no sólo afecta la credibilidad del PRI y su candidato presidencial Roberto Madrazo, sino que le restarán votos y puntos que irán a parar con el candidato de la Alianza por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador.

4. La pérdida de credibilidad y aprobación del gobernador ante la opinión pública nacional y local, sobre todo después de los análisis técnicos publicados por Reforma y Monitor –con base en estudios realizados por el Canal 6 de Julio y Z Audio– que concluyen en que la voz que le dice a Kamel Nacif “mi hérúe” y que advierte que “no nos tiembla, ni nos temblará” la mano para “darle un pinche coscorrón a la vieja cabrona” de Lydia Cacho, sí corresponde a la del gobernador Mario Marín.

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