El empresario Jaime Guillermo Alonso Soto –cuyos abogados proporcionaron a este columnista la información que se presenta en todo este texto– es quien acusó penalmente a Luis Casas Arellano. Ayer el denunciante se presentó en la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a solicitar información acerca de la orden de aprehensión que fue emitida el miércoles de esta semana, y la respuesta que le dieron es que no habían recibido ninguna petición de detener al ex presidente del Centro Bancario de Puebla.

Entonces procedió a abandonar las instalaciones de la PGJ, y en la puerta principal del edificio se encontró al abogado Marco Antonio Márquez Díaz, quien defiende intereses de la familia del ex gobernador Mariano Piña Olaya y de Luis Ángel Casas Arellano. El litigante seguro de si le habría dicho que a su defendido no le iban a hacer nada por las influencias que tiene con algunos funcionarios estatales y del Poder Judicial.

Alonso Soto salió de la PGJ, pero sintiéndose burlado por el comentario del litigante decidió regresar a la procuraduría y quejarse ante la oficina de la secretaría particular de esa dependencia. Finalmente buscaron el documento y, ¿qué cree?, encontraron la orden de aprehensión en cuestión y al afectado le dieron el argumento de que se había “traspapelado”, según narraron los asesores jurídicos del agraviado.

¿Se puede “traspapelar” una orden de aprehensión contra un personaje importante de las fuerzas vivas de Puebla y sobre todo unas horas después de emitirse?

Para el acusador de Luis Casas Arellano es una muestra de que sí lo están protegiendo para que no pise la cárcel.

El notario que dio fe desde la tumba

El origen de la orden de aprehensión contra Luis Ángel Casas Arellano es la disputa del predio de dos hectáreas ubicado en la calle Esteban de Antuñano, número 1479, colonia Luz Obrera de la ciudad de Puebla. Lo interesante de este caso es que en dos ocasiones se han presentado pruebas a favor de este empresario que rayan en lo absurdo y que han sido admitidas por autoridades judiciales, lo que exhibe lo mal que está el sistema de impartición de justicia.

Veamos cuáles son esas dos incongruencias:

El empresario Jaime Guillermo Alonso Soto es dueño de la empresa Fábrica de Hilados y Tejidos Santo Domingo. Dentro de esta factoría se ubica el lote en disputa, del cual la familia de esta persona tiene escrituras que datan de 1925 y que acredita que es la propietaria del mismo.

Sin embargo, en el documento no se establece con precisión los linderos del terreno, motivo por el cual en la década pasada Jaime Guillermo Alonso inició un juicio de usucapión para determinar los límites correctos con otros terrenos vecinos.

Para llevar acabo ese juicio se citó a todos los propietarios de los terrenos vecinos del lote de Jaime Guillermo Alonso Soto.

Uno de los dueños de los lotes vecinos, David Aquino Bouchan, primero se inconformó porque no había sido convocado para determinar las colindancias del terreno. Pero después exhibió un documento que data de 1963 en el cual supuestamente se establece que él es el dueño de las dos hectáreas de Jaime Guillermo Alonso Soto, y ese papel había sido avalado por el notario público 16, Óscar Ramón Sesma.

¿Por qué es clave la fecha de ese documento? Por que dicho papel fue emitido el 27 de abril de 1963 y resulta que el notario público que lo validó murió el 22 de octubre de 1958. Entonces, solamente que hubiera resucitado o levantado de la tumba, este fedatario podía haber dado testimonio de que David Aquino Bouchan era el dueño del predio.

Robó en Puebla, pero estaba en España

Hace unos meses, irrumpe en este pleito el empresario Luis Ángel Casas Arellano, quien argumenta que David Aquino Bouchan le vendió el terreno en disputa y por tanto, se convierte en quien intenta demostrar que Jaime Guillermo Alonso no es el propietario de esa propiedad. Ello, pese a la incongruencia del notario que emitió un documento cinco años después de haber perdido la vida.

A principios de este año, Casas Arellano acusó a Jaime Guillermo Alonso Soto de haber ocupado el terreno que está en pelea, por tanto lo señaló de ser autor del delito de despojo y presenta los testigos que dicen que lo vieron ocupar el predio.

Por esa razón, Jaime Guillermo Alonso fue detenido y logró salir de prisión al demostrar que no es un ser omnipresente.

Pues resulta que cuando se estaba dando el supuesto despojo, Alonso Soto estaba tomando un vuelo que lo trasladaría de España a la ciudad de México. El supuesto delito fue cometido el 7 de enero de este año, y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración, Jaime Guillermo Alonso llegó al país hasta el día 8 del mismo mes.

El señor Alonso Soto una vez que demostró que él no despojó a nadie; que no estaba en México cuando ocurrió el delito por el que era acusado, decidió contrademandar a su acusador, a Luis Ángel Casas Arellano, y lo señaló de ser presunto responsable de calumnias y falsedad en declaraciones judiciales.

Para los asesores jurídicos de Alonso Soto, que haya sido aceptado por un juez el documento apócrifo de un notario público, que se detuviera a su cliente acusado de un delito que supuestamente cometió en Puebla cuando estaba en España y ahora que se haya “traspapelado” la orden de aprehensión contra Luis Ángel Casas Arellano, son muestras claras de que desde las altas esferas del poder están defendiendo al ex presidente del Centro Bancario.

¿Qué acaso esta protección se debe a que Luis Ángel Casas Arellano recaudó fondos para la campaña de Mario Marín Torres? Consté que es pregunta. Si realmente se hace justicia nadie tendrá que pensar que se estaba favoreciendo al empresario.