n "No habrá más negociaciones con expropiados", dice el mandatario

  Se analiza la desaparición del fideicomiso del Río San Francisco: Morales Flores

Martín Hernández Alcántaran

El gobernador de Puebla, Melquiades Morales Flores, admitió que se analiza la posibilidad de desaparecer el fideicomiso del Paseo Río San Francisco, para que sus funciones sean absorbidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Puebla (Seduep). Asimismo, el mandatario aseveró que no habrá más negociaciones con los propietarios de ocho inmuebles expropiados en esa zona, quienes reclamaban una mayor indemnización.
"No podemos darles ni un peso más, porque si les pagamos una cantidad mayor a la de las personas que vendieron sus propiedades de buena fe, éstas nos van a reclamar. Esta ya es historia cerrada, no hay disponibilidad de hacerles un pago mayor, pero pueden pasar en cualquier momento por los cheques que ya se les habían autorizado".
Con esta declaración, el jefe del Ejecutivo dio fin a la promesa que hizo a principios de su sexenio a los afectados por la expropiación, en el sentido de que se efectuarían dos avalúos de los edificios y, posteriormente, se analizaría la posibilidad de incrementar sus liquidaciones. La noticia tomó por sorpresa a los afectados, quienes ayer mismo tenían una cita con el subsecretario A de Gobernación, René Lechuga, que prometió darles una "respuesta definitiva", tras cinco meses en espera de una propuesta seria por parte de las autoridades.
"La gente del gobierno del licenciado Morales Flores siempre nos estuvo diciendo (a los expropiados) que lo que nos habían hecho (en el sexenio anterior) no era justo, que era un atropello, una arbitrariedad. Prometieron darnos una solución justa para remediar la situación", externó María Elena Fuentes de Marín, ex propietaria de la casa conocida como "El Estanque de los Pescaditos".
Sin embargo, la perjudicada dijo que durante lo que va de la actual administración estatal "nunca hubo una luz o una señal" que les indicara que la promesa del Ejecutivo sería cumplida. René Lechuga les aseguró que tendrían una resolución, pero a la fecha ésta no se ha presentado.
Los inconformes, que tras ser despojados de sus propiedades arrendan departamentos y no han hecho efectiva la indemnización fijada por los funcionarios de la administración de Manuel Bartlett Díaz, puntualizaron que el gobierno quiere pagarles menos del diez por ciento del valor de sus inmuebles.
Como ejemplo, Fuentes de Marín dijo que su propiedad -con una superficie de 3 mil 300 metros cuadrados-, según las autoridades, tiene un precio de 114 pesos por metro cuadrado, cuando en la última subasta convocada por el gobierno, la misma extensión fue valorada en mil 600 pesos.
La Jornada de Oriente, Martes 27 de Julio de 1999

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